Luego de 10 años, condenan a cinco marinos por desaparición forzada en Coatzacoalcos
Por Ignacio Álvarez Corresponsal en Veracruz
AMEXI. Ciudad de México. 12 de junio de 2025.- Diez años tuvieron que pasar para que se emitiera la sentencia sobre la desaparición forzada de Jacob Vicente Jiménez González.
El Juzgado Decimocuarto de Distrito en el estado de Veracruz condenó a 40 años de prisión a cinco elementos de la Secretaría de Marina que participaron en el crimen ocurrido el 25 de septiembre de 2015 en el municipio de Coatzacoalcos.
Se trata de Feliciano “N”, Anáhuac “N”, Héctor Emanuel “N”, Miguel Ángel “N” y Pedro Iván “N”, todos sentenciados por su responsabilidad en uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada en el sur de Veracruz.
El caso de Jacob Vicente
Jacob Vicente, un taxista de 27 años, fue detenido arbitrariamente junto con tres personas más por elementos de la Marina durante un operativo de seguridad en la colonia Villas del Sur.
Su caso ocurrió en el contexto del operativo denominado Blindaje Coatzacoalcos, lanzado el 26 de mayo de 2014 por el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, situación que derivó en múltiples denuncias por violaciones graves a derechos humanos, incluyendo al menos 30 desapariciones forzadas en la región.
El fallo establece que la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición Forzada, debe continuar de forma inmediata y efectiva con la búsqueda de Jacob.
Además de reparación del daño, ordenan acto público de reconocimiento de responsabilidad
Asimismo, ordena a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brindar atención psicológica y psiquiátrica especializada a su familia, además de indemnización por daño material e inmaterial en un plazo no mayor a un año.
Por si fuera poco, el fallo exige también una respuesta institucional a la altura de los agravios cometidos: las tres corporaciones involucradas en el operativo, la Fuerza Civil, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y la Policía Naval, deberán realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad como garantía de no repetición.