Magistrados de la SCJN renuncian a camionetas blindadas ante polémica: «Yo puedo andar hasta en Metro», afirma presidente Hugo Aguilar

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 26 de enero de 2026.- En  conferencia de prensa convocada para abordar la controversia por la adquisición de nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee modelo 2025, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, anunció que los magistrados no utilizarán los vehículos recién comprados. La decisión responde a críticas públicas sobre ostentación y falta de austeridad, pese a que la compra se justificó por necesidades de seguridad vial y movilidad para visitas territoriales. Aguilar enfatizó su compromiso personal con la austeridad, declarando: «Yo en lo personal puedo andar hasta en metro, no tengo problema», en un gesto que busca equilibrar eficiencia institucional con responsabilidad fiscal.

La rueda de prensa, celebrada en la sede de la SCJN en la Ciudad de México, contó con la presencia de varios ministros, como María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Giovanni Azahel Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Aristide Rodrigo Guerrero García, además del presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano. El evento se centró en explicar el contexto de la compra, que costó 2.4 millones de pesos por unidad (incluyendo blindaje), un monto inferior al del mercado tras negociaciones.

Aguilar detalló que la SCJN heredó 39 vehículos blindados de la administración anterior (2010-2025), de los cuales cuatro fueron adquiridos por exministros como parte de su «haber de retiro», dejando al nuevo pleno con unidades deterioradas (modelos 2019-2021). Estos presentaron fallas mecánicas, como vehículos varados en carreteras durante viajes a regiones como Huejutla, Hidalgo. Evaluaciones internas y de instituciones de seguridad recomendaron renovar el parque vehicular, priorizando seguridad vial sobre lujo. Sin embargo, ante el escrutinio público, los magistrados optaron por no usar las nuevas camionetas y desincorporar 21 unidades antiguas para venta, proyectando ahorros significativos.

Vargas Solano complementó con datos sobre el presupuesto del Poder Judicial de la Federación (PJF): 70 mil millones de pesos para 2026, con recortes de 16 mil millones respecto a años previos. Destacó ahorros de 6 mil 249 millones mediante ajustes salariales (nadie gana más que la presidenta de la República), eliminación de seguros médicos y de separación para altos mandos, y optimización en contratos como limpieza (20% menos), seguridad (50% menos) y software (25% menos). Además, el PJF transita de arrendar 551 vehículos a comprarlos, ahorrando mil millones en dos años y convirtiéndolos en patrimonio público.

La frase de Aguilar –»yo en lo personal puedo andar hasta en metro, no tengo problema»– resalta un giro hacia una austeridad más simbólica y personal, contrastando con la justificación inicial de la compra. En el contexto de la conferencia, Aguilar aclaró que no decide sobre la seguridad de sus colegas, pero enfatizó que «seguridad no implica lujo». Esta declaración busca despolitizar la controversia, alineándose con el discurso de cercanía al pueblo promovido por la actual administración federal, y responde a críticas de opositores que, según el ministro Aristide Guerrero, radicalizan la austeridad para politizar al PJF.

Sin embargo, el análisis revela tensiones: Aguilar admitió que la decisión inicial estaba «justificada» por riesgos viales en viajes frecuentes a territorios (un cambio respecto a administraciones previas, más «de escritorio»). Renunciar a las camionetas implica reasignarlas a jueces en mayor riesgo (alrededor de 40 actualmente, con medidas variables como chalecos o escoltas), lo que podría generar ahorros pero cuestiona si el PJF prioriza eficiencia sobre percepción pública. Críticos ven esto como un «retroceso» ante presión mediática, ya que la compra evitó arrendamientos costosos. Aguilar insistió: «Somos una institución que escucha, dialoga y está en actitud permanente de mejorar en beneficio del pueblo», posicionando la renuncia como acto de transparencia y congruencia, no debilidad.

Preguntas y la Falta de Transparencia: Fuente de la Controversia

La sesión de preguntas y respuestas (10 en total, de medios como Liberal, Revista Abogacía, Proceso, La Jornada, Animal Político y La Silla Rota) expuso la opacidad como detonante principal de la polémica. Periodistas cuestionaron la ausencia de contratos y procesos de adquisición en los portales de la SCJN y OAJ, pese a promesas de transparencia. Diana Lastiri (Proceso) preguntó por qué no se publicaron adjudicaciones directas desde 2025, y por contradicciones en comunicados sobre «incidentes de seguridad» (aclarados como viales, no amenazas). Iván Saldaña (La Jornada) inquirió si la renuncia implica reconocer lujo innecesario y un gasto evitable, además de detalles sobre vehículos de exministros (comprados, no regalados, vía acuerdo plenario anterior).

Salvador Maceda (Político MX) insistió en contratos ocultos y nepotismo histórico en el PJF, mientras Marco Antonio Martínez (La Silla Rota) preguntó por proveedores y emplacamientos (desmentidos como falsos, con tenencia pagada en CDMX). Aguilar y Vargas respondieron prometiendo publicar todo en la Plataforma Nacional de Transparencia, atribuyendo retrasos a dificultades técnicas y homologaciones salariales. Admitieron críticas «injustas» basadas en datos falsos (como costos inflados a 3.5 millones), pero enfatizaron: «Todo va a estar en el portal».

Esta falta de datos accesibles alimentó narrativas de opacidad, contrastando con el compromiso de la nueva SCJN de «justicia real y verdadera». La controversia subraya un desafío sistémico: pese a reformas judiciales, la percepción pública exige no solo ahorro, sino visibilidad inmediata. Aguilar cerró reconociendo que, sin escándalo mediático, la decisión inicial habría persistido, pero reiteró: «Escuchamos y reaccionamos».

La conferencia también tocó la renuncia de la magistrada Lorena Pérez Romo (motivos personales no detallados, con proceso para su reemplazo en marcha) y obras de arte llevadas por exministros (bajo auditoría, sin denuncias penales confirmadas). El PJF proyecta continuar con visitas territoriales usando vehículos austeros, sedanes o incluso transporte público, priorizando funcionalidad sobre lujo.