Periodistas Unidos. Ciudad de México. 16 de septiembre de 2021.- La iniciativa de reforma energética ha abierto un intenso debate. Los enemigos del actual gobierno lanzan las acusaciones más peregrinas, el PAN simplemente anuncia que votará en contra y el PRI se halla ante la disyuntiva de ratificar lo aprobado en tiempos de Enrique Peña Nieto o recobrar algo de lo más plausible que tuvo.
Los críticos más primitivos dicen que la iniciativa presidencial busca llevarnos hacia el comunismo, pese a que pone al alcance de la iniciativa privada casi la mitad de los recursos energéticos. La propuesta de López Obrador pretende recuperar para el Estado la rectoría en la materia, pero si los gacetilleros confunden eso con el comunismo es que no saben leer.
Se dice que la reforma significa una regresión histórica. Sí, porque implica reparar en parte, y sólo en parte, los daños originados por la antinacional contrarreforma de Peña Nieto. Antinacional, como está dicho, porque entregó mediante sobornos y cochupos de toda índole lo que es de los mexicanos de hoy y de mañana.
Contra la reforma, se esgrime como gran argumento la incapacidad financiera del Estado mexicano, que no podrá invertir lo necesario. No, no podrá si tiene que seguir subsidiando a las firmas extranjeras que ahora están en el paraíso, pues los convenios de Peña Nieto obligan a la Comisión Federal de Electricidad a comprar toda la energía que le entreguen los particulares, quienes, además, tienen a su disposición, gratis, la red de trasmisión de la CFE.
Para poder comprar la energía que le venden las firmas privadas, la CFE debe reducir su producción para que no ocurra una sobrecarga y un apagón de grandes proporciones, como ya los hemos tenido recientemente. Por eso mismo, la CFE no generó el equivalente a 215 mil millones de pesos, pues forzosamente tuvo que comprar a la IP energía por 223 mil millones. ¡Negociazo!
Por supuesto, los gacetilleros de las trasnacionales, con los ojos desorbitados y el pelo en desorden predicen el apocalipsis. De aprobarse la reforma subirán las tarifas, gritan a todo pulmón, los consumidores pagarán más, mucho más de lo que ahora les cuesta la luz. Sin embargo, olvidan que en España, donde mandan las grandes empresas, el precio que pagan los consumidores se ha disparado de tres a seis veces, lo que muestra las “bondades” de la fórmula privatizadora.
Lo peor es que esos presuntos defensores de la iniciativa privada tienen mala memoria, o ignorantes de nuestro pasado, olvidan que la rectoría estatal sobre los energéticos propició el auge de la economía y grandes beneficios para las empresas privadas, que contaban con bajas tarifas, subsidios, exenciones fiscales y otros beneficios.
Para aportar su inventiva al cuento del desastre, se produjo una manifestación de gaseros, quienes obstruyeron calles con sus camiones y, según denuncia de la compañía Ultragas, hasta llevaron algunos vehículos tomados “por la fuerza para llevarlos a mítines y reuniones” con el fin de presionar a las autoridades.
Por supuesto, del PAN no es dable esperar apoyo a reformas económicas de beneficio popular. Ese partido no está para servir a la población, sino a las minorías, como se demostró durante la docena trágica de Fox y Calderón. Lo mismo ocurre con el llamado grupo plural, que, sin siquiera discutir la propuesta de López Obrador, ya anunció que votará en contra. No podía esperarse otra cosa de ese amasijo de veletas.
La atención está puesta en el PRI, porque ese partido renegó de la herencia cardenista, la que durante más de seis décadas fue orgullo y bandera. Un grupo de legisladores de ese partido ya anunció su repulsa casi zoológica hacia la iniciativa presidencial, pero otros, por convicción o por conveniencia, saben que dar la espalda al interés nacional los condena al sepulcro, del que están muy cerca.
Falta conocer la opinión del PRD, pero ¿todavía existe?