No a la militarización del país ¡Alto a la guerra contra el pueblo!: Comité 68 Pro Libertades Democráticas

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 09 de septiembre de 2022.- En 2007, cuando dio inicio la nueva estrategia de seguridad llamada “Guerra contra el Narcotráfico”, el país tenía los índices más bajos de inseguridad. Durante estos 15 años de guerra hemos visto crecer los índices de homicidios, desapariciones y desplazamiento forzado. Los grupos delincuenciales han crecido un 900% refieren datos del INEGI. También aumentaron las denuncias en contra de los militares por violaciones graves a los derechos humanos.

Al principio del actual gobierno, se dijo que estas medidas eran temporales, que el ejército y la marina regresarían a sus cuarteles en un corto tiempo, sin embargo, la realidad es distinta, se les han dado más concesiones para su actuar, así como más incidencia y participación en la estructura jurídica y política del Estado, reformando el Código de Justicia Militar, la Ley Reglamentaria del art. 29 Constitucional, creando la Guardia Nacional, con el decreto emitido por el Ejecutivo Federal para regular la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y ahora promoviendo la transferencia del control operativo de la Guardia Nacional a la Secretaria de la Defensa Nacional.

La participación del Ejercito en actividades de seguridad limita y pone en riesgo las garantías individuales, además es una puerta la impunidad. México se encamina a un estado de excepción permanente. Los grupos castrenses serán los encargados de vigilar y mantener el orden común, podrán detener a civiles, hacer las investigaciones de delitos federales y locales, dictar sentencia a los acusados, también podrán llevar a cabo labores de espionaje si algo les parece sospechoso y desplegar sus fuerzas y operativos a su consideración si suponen amenazas a la gobernabilidad y perturbaciones a la paz pública. Esto lo hemos presenciado en diferentes momentos, y mas claramente en uno de los periodos más sangrientos del país, la “Guerra Sucia”.

Además, la actuación del ejército durante los último 15 años y los resultados de su desempeño apelan a que el sistema y las instituciones de seguridad civil ha fracasado. Con esto justifican de manera urgente la presencia del Ejército en las labores de seguridad pública.

Nuestra historia demuestra que el ejército siempre se ha utilizado para reprimir, torturar y ejecutar civiles. Ejemplos sobran lamentablemente: desde el 02 de octubre en Tlatelolco, 10 de junio de 1971, pasando por la Guerra Sucia y ahora más reciente Tlatlaya, Nochixtlán y Ayotzinapa. La Fuerzas Armadas se han utilizado en contra del pueblo constantemente y de forma contundente. Las víctimas del Estado mexicano se cuentan por miles.

En todos los crímenes en que las fuerzas armadas se han visto implicadas, nunca se han dado procesos de justicia reales y apegados al debido proceso. Por tanto, con las nuevas las atribuciones contempladas en el Decreto a los cuerpos castrenses, la declaración de Guerra contra el Pueblo es de facto.

Estamos frente a una militarización con alcances de una guerra civil, así como a un ejército totalmente cerrado y con acusaciones y responsabilidades graves de delitos contra la población.

Desde hace varias décadas hemos sostenido que si no se llevan a cabo procesos de acceso pleno a la justicia, de reparación del daño y pos consiguiente a la garantía de no repetición, la impunidad seguirá prevaleciendo como hasta ahora, seguiremos viviendo episodios violentos por parte del Estado en contra de luchadores sociales, y movimientos estudiantiles, magisteriales, campesinos, obreros, sectores populares y el pueblo en general.

¡Fue el Estado, fue el ejército!

¡Exigimos la presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa!

¡Juicios y castigo a todos los militares que han cometido crímenes contra el pueblo!

¡Por la verdad y la justicia, todo contra la impunidad!

 Comité 68 Pro Libertades Democráticas