Nuevos ataques con drones en El Salitre de Estopila agravan crisis en Sierra Costa tras desaparición de maestro rural
Por Alejandro Meléndez
Periodistas Unidos. Ciudad de México, México. 12 de enero de 2026.–José Gabriel Pelayo Zalgado en marzo de 2024. La región de la Sierra Costa de Michoacán, particularmente las comunidades aledañas a Coahuayana y Chinicuila, registra una nueva ola de ataques con explosivos lanzados desde drones, en un contexto de inseguridad persistente que se remonta a la desaparición del maestro rural y defensor comunitario
Desde la mañana del sábado 10 de enero de 2026, se reportaron detonaciones en la comunidad de El Salitre de Estopila (municipio de Chinicuila, colindante con Aquila), presuntamente perpetradas por integrantes de un Cartel de Jalisco. Varios domicilios sufrieron daños materiales por el impacto de explosivos, y un joven de alrededor de 20 años resultó gravemente herido mientras realizaba labores de cosecha de maíz en un sembradío familiar. El ataque generó pánico entre los habitantes y dejó pérdidas en viviendas y cultivos.
Vecinos y testigos han solicitado de forma urgente la intervención de autoridades federales y estatales para proteger a la población civil y restablecer el orden. Se proporcionaron coordenadas específicas de la presunta ubicación de un grupo delictivo (18.529953, -103.302590) para verificación y acción inmediata por parte de las fuerzas de seguridad.
Este incidente representa un seguimiento directo a la nota publicada por Periodistas Unidos el 11 de noviembre de 2025 (actualizada al 20 de noviembre), titulada “Escalada de la violencia en Coahuayula y zonas aledañas tras la desaparición del maestro rural José Gabriel Pelayo Zalgado”. En ella se documentaba cómo la desaparición de Pelayo Zalgado el 19 de marzo de 2024 en Coalcomán desencadenó una campaña sistemática de intimidación y asedio en Coahuayula y localidades vecinas (como El Ranchual y La Laguna de Calvillo), con ataques recurrentes usando drones, armas de grueso calibre, bazucas, minas terrestres y bloqueos de caminos.
La violencia ha incluido múltiples eventos desde 2024-2025: ataques directos a viviendas (mayo y octubre 2024), enfrentamientos que dejaron policías comunales asesinados (agosto 2024), uso intensivo de explosivos aéreos y terrestres (enero, febrero, abril, julio y octubre 2025), y colocación de minas en accesos a recursos básicos como tomas de agua. Estos actos han provocado desplazamientos forzados, daños psicológicos en niños y adultos, aislamiento comunitario, y afectaciones a la producción agrícola —estrategia para generar hambre y miedo—. La guardia comunal ha contenido agresiones, pero con costos altos en heridos y sin apoyo efectivo de autoridades.
El CJNG ha sido señalado consistentemente en reportes periodísticos y análisis de seguridad como principal actor en la zona, utilizando drones armados como táctica recurrente en disputas territoriales por control de rutas, recursos naturales y actividades ilícitas en la Sierra Costa y Tierra Caliente. Michoacán lidera en incidentes de este tipo en el país, con cientos de ataques registrados desde 2020 y un aumento notable en 2025-2026.
A más de un año y medio de la desaparición de Pelayo Zalgado —maestro rural, promotor de educación popular y defensor del territorio nahua—, no hay avances significativos en la investigación, pese a exigencias de familiares, la Red Solidaria de Derechos Humanos y organizaciones como la Red TDT, que han emitido acciones urgentes demandando búsqueda eficaz, protección colectiva y cese de hostilidades.
Organizaciones civiles y habitantes urgen al gobierno federal y estatal a implementar operativos reales, desminado, corredores humanitarios y atención a víctimas, en el marco del “Plan Michoacán” anunciado en noviembre de 2025. Sin embargo, la percepción local es de inacción persistente, lo que agrava la vulnerabilidad de comunidades indígenas y rurales.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública han sido notificadas de los hechos recientes, pero hasta el momento no se reportan detenciones ni despliegues inmediatos en El Salitre de Estopila. La zona continúa bajo amenaza constante, con el riesgo de más desplazamientos y víctimas civiles.