ONU-DH urge a México a proteger los derechos de víctimas de desapariciones forzadas
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 29 de agosto de 2025.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó al gobierno mexicano a fortalecer las medidas para proteger los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado el 30 de agosto. Este llamado se produce ante la alarmante cifra de más de 127,000 personas desaparecidas en el país, según el registro nacional, y un índice de impunidad del 99% en estos casos.
La ONU-DH destacó la necesidad de implementar políticas integrales para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas, un crimen que afecta no solo a las víctimas directas, sino también a sus familias y comunidades, generando un profundo impacto social y económico. Según un informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, las desapariciones en México involucran tanto a agentes estatales como a grupos del crimen organizado, con diversos grados de complicidad o inacción por parte de las autoridades.
La organización señaló que las desapariciones forzadas son un delito continuo, violando múltiples derechos humanos, como el derecho a la vida, la libertad, la integridad personal y el reconocimiento jurídico. Además, resaltó que las familias de las víctimas tienen el derecho a conocer la verdad sobre el paradero de sus seres queridos y a recibir reparación integral, incluyendo compensación, rehabilitación y garantías de no repetición.
El CED, en su visita a México en noviembre de 2021, documentó que más de 52,000 cuerpos sin identificar yacen en fosas comunes, instalaciones forenses y centros de almacenamiento, evidenciando una crisis forense en el país. También expresó preocupación por el aumento de desapariciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres, así como de defensores de derechos humanos y periodistas, con más de 30 casos de comunicadores desaparecidos entre 2003 y 2021.
La ONU-DH reconoció avances, como la aprobación en 2017 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, impulsada por colectivos de familias y organizaciones civiles. Sin embargo, criticó la falta de implementación efectiva del Plan Nacional de Búsqueda y la persistencia de una política de seguridad militarizada que no ha logrado reducir este flagelo.
En este contexto, la ONU-DH exhortó a México a cumplir con las recomendaciones del CED, incluyendo la creación de una política nacional de prevención y erradicación de desapariciones, la eliminación de la impunidad estructural, y el fortalecimiento de mecanismos de búsqueda e investigación. También llamó a garantizar la participación de víctimas y organizaciones de la sociedad civil en el diseño e implementación de estas políticas.
El organismo subrayó la importancia de abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública y de promover una coordinación efectiva entre autoridades federales, estatales y municipales para garantizar justicia y verdad a las víctimas. “La lucha de las familias por encontrar a sus seres queridos es un testimonio de resiliencia, pero no debería recaer únicamente en ellas. El Estado debe asumir su responsabilidad”, afirmó un representante de la ONU-DH.