Periodistas Unidos. Ciudad de México. 26 de noviembre de 2025.– A un día de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discuta la contradicción de criterios 217/2021, más de 20 organizaciones ambientales, climáticas y de derechos humanos hicieron pública su alarma ante el proyecto de resolución elaborado por la ministra Yasmín Esquivel, que propone restringir severamente la figura del interés legítimo con la que asociaciones civiles pueden promover juicios de amparo para defender el derecho a un medio ambiente sano y otros derechos colectivos.
El proyecto, que será votado este 27 de noviembre, sostiene que el objeto social declarado en el acta constitutiva de una organización ya no es suficiente para acreditar interés legítimo, contradiciendo jurisprudencia previa de la propia Corte que reconocía la legitimación amplia en temas de derechos humanos, educación, migración, cultura y medio ambiente.
Las organizaciones adviertan que, de aprobarse, el criterio:
Cerraría la puerta a la defensa judicial de derechos difusos como el medio ambiente sano (artículo 4° constitucional).
Vulneraría el principio de no regresión ambiental y el Acuerdo de Escazú, del cual México es parte.
Contradiría opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-23/17 y OC-32/2025) que obligan al Estado a garantizar acceso efectivo a la justicia en asuntos ambientales.
Debilitaría la capacidad de la sociedad civil para frenar megaproyectos, políticas extractivas y omisiones gubernamentales que dañan territorios y comunidades.
Podría extenderse a otros derechos colectivos (libertad de expresión, derechos reproductivos, acceso a la justicia), abriendo la puerta a mayores restricciones.
En un contexto de reciente reforma a la Ley de Amparo y ante la crisis climática y de violencia institucional que vive el país, las organizaciones califican el proyecto como “profundamente regresivo” y advierten que limitar el juicio de amparo equivale a despojar a la ciudadanía de una de sus últimas garantías judiciales.
Por ello, reiteran la solicitud formal de audiencia pública ante la SCJN para ser escuchadas y hacen un llamado urgente a las ministras y ministros a rechazar el proyecto y reafirmar una interpretación amplia y garantista del interés legítimo.
“El juicio de amparo debe seguir siendo una herramienta accesible para la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. Proteger la naturaleza y los derechos colectivos no es un privilegio, es una obligación constitucional y un compromiso internacional del Estado mexicano”, concluyen.
Firmantes:
Alianza Mexicana contra el Fracking • Artículo 19 • CartoCrítica • CEMDA • Greenpeace México • Fundar • Fundación para la Justicia • ProDESC • Territorios Diversos para la Vida • Planeteando • Mexiro • IMDEC • Nuestro Futuro • Espacio DESCA • CCESC-Defensoría del Derecho a la Salud • CEJUDESC • Wildlands Network México • MUCD • Laboratorios de Transpolítica del Hábitat • entre otras.