Padres Ayotzinapa se quejan de fiscalía y ejército
Foto: Rebecca Blackwell / AP
Por María Verza
AP. Ciudad de México. 11 de septiembre de 2019.- A dos semanas de cumplirse los cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el sur de México, las familias de los jóvenes se quejaron el miércoles de la falta de colaboración y de la lentitud de algunas instituciones del Estado, como la fiscalía federal o la Secretaría de la Defensa, la primera crítica al gobierno en los diez meses que lleva esta administración.
“Las cosas han sido muy lentas”, dijo Emiliano Navarrete, uno de los padres, tras una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la que, según dijeron, se comprometió a atender sus peticiones y a presionar a ambas instituciones para que agilicen el trabajo porque “la herida sigue abierta, sigue doliendo”, agregó Navarrete.
Los 43 alumnos de magisterio desaparecieron en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014 cuando fueron secuestrados por policías municipales que los entregaron a un grupo del crimen organizado. Su paradero sigue siendo un misterio porque aunque la versión oficial, sostenida por el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto, asegura que fueron quemados en un basurero y sus restos echados a un río cercano, expertos internacionales aseguraron que no había pruebas que sostuvieran esta tesis y sí muchas evidencias de que autoridades de todos los niveles de gobierno obstruyeron a la justicia.
Precisamente por todos los errores en esa investigación, que fueron constatados por los tribunales mexicanos y diversos organismos internacionales, ya han sido liberados 53 de los 142 detenidos relacionados con el caso, entre ellos, algunos personajes clave que podían tener información sobre el paradero de los jóvenes, algo que los padres quieren evitar que se repita con los que todavía están en prisión.
Por eso, aunque el actual ejecutivo puso en marcha en enero la Comisión de la Verdad para intentar esclarecer los hechos, los padres se quejaron de que “no todas las instituciones caminan a la par”, dijo Hilda Legideño, mamá de otro desparecido.
En ese sentido pidieron a López Obrador que exija al ejército que responda a las más de 100 preguntas que los abogados han formulados, pues varios de sus miembros podrían estar vinculados por acción u omisión; que presione a la fiscalía para que inicie un proceso penal contra los funcionarios contra los que hay pruebas de que obstruyeron a la justicia, como el exjefe de la investigación Tomás Zerón; y que eviten más liberaciones de sospechosos ejerciendo acciones penales por otros delitos que puedan tener.
“Es preocupante que pase el tiempo y que aún no tengamos respuesta”, añadió Legideño.
Los padres y madres convocaron para el próximo 26 de septiembre a una marcha para conmemorar el aniversario.