Periodistas Unidos. Ciudad de México. 25 de septiembre de 2026.- Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, acompañados por jóvenes normalistas, se manifestaron este viernes frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El acto de protesta se desarrolló en la víspera de que se cumplan doce años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, con la exigencia central de acelerar los procesos judiciales y garantizar el acceso completo a los archivos de las Fuerzas Armadas.
La concentración forma parte de la jornada nacional de lucha denominada “Ayotzinapa, 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”, la cual dio inicio a principios de semana en el estado de Guerrero y contempla su movilización principal el sábado 26 de septiembre de 2026.
Durante la jornada en el máximo tribunal, las familias no se limitaron al plantón. Ingresaron a la sede y sostuvieron una reunión con el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz. Al término del encuentro, el abogado de las familias, Isidoro Vicario Aguilar, explicó que le pidieron apoyo para desatorar los asuntos del caso que dependen del Poder Judicial.
Entre las peticiones concretas, los familiares solicitaron que se respete y no se reabra la resolución del amparo de 2018, sentencia que ya quedó firme y que dejó sin efectos la denominada “verdad histórica” vertida por el gobierno de Enrique Peña Nieto y el entonces procurador Jesús Murillo Karam. Esa versión sostuvo que los normalistas fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula a partir de testimonios de presuntos integrantes de la delincuencia organizada, declaraciones que el propio amparo vinculó con actos de tortura. “No tiene credibilidad y no podremos tener por cierta esa versión”, señaló Vicario.
También exigieron que se abran los archivos del Ejército, como lo plantearon en el amparo promovido en 2023. Esa vía derivó en una sentencia —emitida en 2026 por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México— que ordenó entregar cientos de folios de inteligencia militar (alrededor de 833 a 853 documentos) a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). La Secretaría de la Defensa Nacional ha impugnado el cumplimiento y los documentos no han sido entregados.
Las familias pidieron, además, que el expediente que llegó a la Corte sea analizado de manera objetiva por la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, a quien corresponderá el asunto, y que se concrete una reunión directa con ella. Aguilar Ortiz se comprometió a ayudarlos; Vicario advirtió que esperan que “no sean solamente compromisos o promesas”.
Durante la protesta ante el máximo tribunal, las familias señalaron que el Poder Judicial debe actuar con celeridad para evitar dilaciones en los procesos iniciados contra mandos civiles y militares presuntamente involucrados en el caso. Representantes cuestionaron también el cerco de vallas de gran altura con el que fueron recibidos, al considerar que contrasta con doce años de una lucha que, dijeron, solo busca conocer la verdad.
Un día antes del plantón en la SCJN, los familiares se movilizaron frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde rechazaron la actuación de la titular del organismo, Rosario Piedra. Voceros de la causa, entre ellos Emiliano Navarrete, padre del normalista desaparecido José Ángel Navarrete, criticaron la emisión de recomendaciones que, según su postura, atenúan la responsabilidad de los estamentos militares durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Entre los puntos de acuerdo expuestos por la representación de las familias destaca la exigencia de profundizar en la hipótesis vertida por autoridades federales sobre la presencia de al menos 17 estudiantes en las celdas de la Policía Municipal de Iguala tras los ataques. Melitón Ortega, tío del estudiante desaparecido Mauricio Ortega, reiteró que esta línea de investigación requiere indagatorias rigurosas que conduzcan al paradero definitivo de los jóvenes y a la sanción de los mandos responsables.
Las movilizaciones coinciden con el anuncio formulado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, respecto a la entrega de un informe público consolidado sobre el estado que guardan las investigaciones, los arrestos ejecutados y los peritajes vigentes. La mandataria federal precisó que la difusión de dicho expediente no significará el cierre de las indagatorias ni la conclusión de los trabajos de búsqueda en el estado de Guerrero.
En la noche, algunos familiares de los 43 y su abogado acudieron al Café-Galería La Resistencia, ubicado en República de Cuba 34, Centro Histórico de la Ciudad de México, a la inauguración de la muestra de grabados y textos Para emboscar al olvido. 43 + 3 Ayotzinapa. El proyecto reúne 46 grabados de los rostros de los normalistas desaparecidos y asesinados, elaborados por Alfredo López Casanova, junto con textos de autoras y autores como Elena Poniatowska, Abel Barrera, María Baranda y Blanche Petrich, entre otros. La exposición se presentó a las 18:00 horas como un ejercicio de memoria colectiva contra la impunidad.
La jornada conmemorativa por los doce años de la desaparición forzada de los 43 normalistas culminará este sábado con una marcha que partirá del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo de la Ciudad de México a las 16:00 horas.