EFE. Cuidad de México. 22 de noviembre de 2022.- Desde hace casi una década, pobladores de la bahía de Ohuira, en el puerto de Topolobampo, en el estado de Sinaloa, noroeste de México, lucha contra la instalación de una planta de amoniaco.
La bahía, considerado un lugar sagrado, fue el lugar elegido por la empresa de financiación suizo-alemana Gas y Petroquímica de Occidente para instalar una planta de fertilizantes.
Ante ello, los pobladores de la comunidad indígena yoreme, también conocida como mayos, la principal afectada, han logrado detener desde 2013 la instalación de la fábrica que cuenta con el apoyo del actual Gobierno de México y que está pendiente de una resolución de la justicia mexicana.
Pero esta zona es considerada sagrada por sus habitantes originarios.
La planta de amoniaco, elemento necesario para producir fertilizantes, succionará de la bahía 2.000 metros cúbicos de agua por hora.
El agua se desalinizará y luego será devuelta a su lugar de origen, lo que generará un aumento de la sal y de la temperatura poniendo riesgo el ecosistema, denunció Sinaloa Despierta ¡Aquí no!, un colectivo que se opone a la ubicación de la planta en la bahía.
Esta bahía desde hace más de 400 años es un área de sustento y pesca. Hoy da trabajo a más de 3.500 pescadores «mientras que la planta dará empleo permanente apenas 150 trabajadores» declaró a EFE Felipe Montaño Valenzuela, gobernador tradicional indígena de Ohuira.
En el propio informe de impacto ambiental de la empresa se señala que la temperatura media del agua en la zona aumentará 3 grados centígrados debido al efecto de la actividad industrial según documentación presentada por el colectivo.
En este mismo informe se admite que en caso de accidente una nube tóxica de gas actuará en cinco minutos contra la población de Topolobampo, además, esta parte del estado de Sinaloa está en un área sísmica de alta actividad conocida como la Falla de San Andrés.
BUSCAN ENTREVISTA CON LÓPEZ OBRADOR
El pasado 30 de octubre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó Sinaloa y defendió la instalación de la planta, defensa que ya hizo pública en sus conferencias de todos los días.
Ante ello, los integrantes del citado colectivo intentaron, infructuosamente, entregar un documento y trasmitir al mandatario los porqués de su oposición.
Este martes llegaron a la Ciudad de México representantes de los habitantes de las comunidades afectadas con la intención de ser recibidos en Palacio Nacional, residencia de López Obrador, el jueves 24 de noviembre.
Previamente, entregaron un documento en la embajada de Alemania, recibido por el ministro consejero Mirko Schilbach y entregado por Felipe Montaño Valenzuela.
Montaño explicó a EFE que hace mas de tres meses le hicieron llegar una carta al presidente para establecer un dialogo con los pueblos de Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas, los afectados y quienes han promovido los amparos, con el fin de que el proyecto «no se vaya del estado de Sinaloa pero se reubique».
El funcionario de la embajada alemana esgrimió que se había realizado una consulta con resultado favorable a la planta. Esta consulta está siendo revisada por la Suprema Corte de Justicia (SCJN) de México pues incluyó en la votación a comunidades que no serán directamente afectadas, mientras Paredones, Ohuira y Lázaro Cárdenas las comunidades más cercanas a la futura planta, votaron en contra.
Las consultas por ley no pueden contar con poblaciones situadas más allá de 45 kilómetros de la zona afectada, distancia no respetada según el líder indígena ya que se consultaron a poblaciones alejadas que «no dependen del mar», afirmó Montaño a EFE hace unos días antes de partir rumbo a Ciudad de México.
En el plan de la empresa no solo está la construcción de una planta de amoniaco, «sino un complejo petroquímico que incluye metanol», contó a EFE Claudia Susana Quintero Sandoval, pobladora indígena de la bahía y activista.
Su esperanza está puesta en el juez sexto de Lázaro Cárdenas de quien se espera «ejecute las leyes» pues en los proyectos de alto impacto que maneje sustancia peligrosas se necesita el «consentimiento de las comunidades» directamente afectadas, las cuales en esta caso mostraron su total rechazo.