Poder Judicial mexicano evalúa recorte de 15 mil millones de pesos en su presupuesto 2026 tras solicitud de Sheinbaum para priorizar educación y cultura
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 12 de septiembre de 2025.- El nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) inició este viernes una revisión detallada de su presupuesto 2026, con el objetivo de reducirlo en alrededor de 15.000 millones de pesos (unos 750 millones de dólares), en respuesta a la petición directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien argumenta que el incremento solicitado por la anterior administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es «exagerado» y contradice la política de austeridad republicana. Los recursos liberados se reasignarían a sectores prioritarios como cultura, deporte, educación e inversión pública, en un movimiento que resalta las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en el marco de la reciente reforma judicial.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que el Paquete Económico 2026, presentado este lunes por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, incorpora la propuesta original del Poder Judicial por 85.960 millones de pesos –un aumento de 14.977 millones respecto a 2025–, elaborada bajo la presidencia de Norma Piña y enviada sin modificaciones por los nuevos ministros electos por voto popular en junio. «Los nuevos ministros no corrigieron ese presupuesto» por falta de tiempo, justificó la mandataria, al tiempo que elogió su decisión de reducir salarios en la SCJN y otras dependencias judiciales. «De lo que pidió la anterior presidenta de la Corte a lo que realmente necesitan, se puede disminuir como en 15.000 millones de pesos», enfatizó, solicitando al Congreso –de mayoría oficialista con Morena– que retire el incremento durante la discusión legislativa.
El OAJ, instancia creada por la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024 que redujo de 11 a nueve el número de ministros y democratizó la elección de jueces y magistrados, asumió formalmente sus funciones la semana pasada y ya anunció que acatará la revisión para alinear el gasto con la austeridad. La propuesta desglosada incluye 74.224 millones para el propio OAJ, 5.869 millones para la SCJN, 4.009 millones para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 1.856 millones para el Tribunal de Disciplina Judicial. Sheinbaum insistió en que el recorte no afectará el funcionamiento esencial del Poder Judicial, sino que optimizará recursos en un contexto donde el déficit fiscal se estima en 3,9% del PIB para 2026.
Esta iniciativa se enmarca en el énfasis de la Cuarta Transformación en la eficiencia presupuestal, similar a los recortes salariales de hasta 25% aplicados a altos funcionarios judiciales tras la reforma. La presidenta detalló que los fondos reasignados impulsarían programas como el del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), iniciativas deportivas juveniles y proyectos de infraestructura pública, priorizando el bienestar social sobre gastos administrativos «innecesarios». «Lo que le pedimos a la Comisión de Presupuesto es que esos recursos se reasignen», reiteró, evocando el legado de austeridad de su antecesor Andrés Manuel López Obrador.
La medida ha generado reacciones mixtas: mientras aliados de Morena aplauden la «equidad en la distribución», opositores como el PAN y PRI advierten de posibles interferencias en la autonomía judicial, recordando controversias pasadas como el bloqueo a la reforma en 2024. Analistas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estiman que el recorte podría liberar hasta 15.000 millones sin comprometer operaciones, pero urgen transparencia en la revisión para evitar litigios. Por su parte, la SCJN, ahora con ministros como Yasmín Esquivel y Lenia Batres, ha guardado silencio oficial, aunque fuentes internas indican disposición al diálogo.
En un México que transita hacia un Poder Judicial más accesible y menos elitista, la propuesta de Sheinbaum no solo es un ajuste fiscal, sino un pulso por el control de prioridades nacionales. Con el Congreso debatiendo el Paquete Económico 2026 hasta noviembre, el desenlace definirá si la austeridad republicana prevalece o si el Poder Judicial defiende su presupuesto como pilar de independencia. Por ahora, la revisión del OAJ marca el inicio de una era de rendición de cuentas que podría transformar el equilibrio de poderes en la nación.