- Algunos académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) estamos preocupados por la actual situación entre el Gobierno del Estado de Jalisco y las autoridades de esta institución educativa manifestándose en un conflicto de intereses económicos y políticos muy ajenos a cuestiones estrictamente académicas o relativas a la autonomía universitaria, y también ajenas a una política gubernamental democratizadora de la entidad jalisciense.
- El gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el rector general Ricardo Villanueva Lomelí se han enfrascado en un escándalo de una confrontación que poco o nada tiene que ver por la superación universitaria pues la disputa presupuestal por 140 millones de pesos representa más bien un forcejeo de fuerzas políticas cuyo trasfondo es difícil de dilucidar toda vez que una u otra fuerza ponen como pretexto una cantidad relativamente poco significativa del total del presupuesto universitario y también poco significativa del gasto social en salud pública.
- La cantidad monetaria que no se otorga al Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario para destinarlo al Hospital Civil de Oriente de Tonalá, es la justificación del gobernador Alfaro Ramírez para establecer la prioridad de un gasto social absolutamente necesario en estos tiempos pandémicos, como también es necesaria la construcción del museo universitario. Desde luego, es prioritario el Hospital Civil de Tonalá, cuya edificación inició en mayo de 2019. Pero el conflicto es más de fondo y todo hace suponer que existen intereses aviesos de uno y otro lado.
- El Museo de Ciencias Ambientales se sitúa en un Centro Cultural Universitario que poco tiene de cultural y mucho de negocio inmobiliario, pues es inadmisible que dentro de este macroproyecto se incluyan edificios residenciales de lujo, locales comerciales y otros espacios nada culturales pero si muy rentables a los intereses económicos del actual grupo que detenta el poder de la UdeG desde hace más de 30 años. Es un grupo de poder sustentado en estructuras corporativas–clientelares autoritarias haciendo prevalecer los intereses económicos y políticos por encima de los intereses estrictamente académicos universitarios.
- Las autoridades universitarias arguyen que la disposición gubernamental de no otorgarles tal cantidad de dinero para el museo atenta contra la autonomía universitaria, lo cual consideramos falso, pues dicha disposición no tiene nada que ver con lo que presupone la autonomía en cuanto la libertad de cátedra o de establecer las políticas educativas de manera independiente. Es muy cierto que el presupuesto universitario se ha mermado en los últimos cinco años y que, por tanto, es necesario incrementarlo tanto por el gobierno estatal como el federal. Pero dicho incremento debe destinarse a las tareas sustantivas universitarias tales como la docencia, la investigación y la difusión de la cultura; lo cual implica, entre otras necesidades, elevar sustancialmente el gasto destinado a los salarios del personal académico, quienes en su mayoría adolecen de sueldos muy precarios en comparación a las elevadas percepciones de la alta burocracia universitaria y sus privilegios.
- El 19 de agosto en Huentitán hubo un desalojo violento de jóvenes de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) por parte de la Fiscalía del Estado en el llamado “Parque Resistencia”, terrenos de presunta propiedad del desarrollo de ICONIA, un megaproyecto inmobiliario en condiciones de ilegalidad, dentro del cual hay muchos intereses económicos de altos funcionarios del actual gobierno de Jalisco y del municipio de Guadalajara. La FEU es un brazo político corporativo del grupo de poder universitario y responde totalmente a sus intereses, por lo que el actual gobernador percibe como una intromisión de este grupo que puede afectar los negocios inmobiliarios de las empresas Hoteles Riviera Deluxe y Operadora Hotelera Salamanca. Entonces, esto podría ser la causa que desata el conflicto en tanto no se reparten dividendos entre las fuerzas políticas.
- La UdeG no ha respondido cabalmente a los intereses educacionales de la mayoría ciudadana jalisciense; sigue habiendo decenas de miles de jóvenes estudiantes aspirantes a ingresar a esta institución derivado de una política neoliberal de una perversa exclusión social que atenta directamente contra los preceptos constitucionales de la educación pública. Consideramos que el manejo discrecional del presupuesto universitario y de una orientación indebida e ilegítima de la institución con fines políticos para tener mayor presencia en las esferas del poder local y nacional, hace necesario y urgente, por un lado, una verdadera auditoría por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la administración central de la UdeG; reorientar a la institución para que cumpla adecuadamente con las tareas sustantivas, por lo cual, para cumplir con tal propósito es imprescindible que la comunidad universitaria pugne por la transformación de fondo de esta Casa de Estudios con base a la realización de un Congreso General Universitario Democrático una de cuyas tareas sería elaborar una nueva Ley Orgánica Universitaria y llevar a cabo una profunda Reforma Universitaria Democrática para la superación académica para beneficio de toda la comunidad universitaria y del pueblo jalisciense.
Grupo Tendencia Democrática Universitaria
Guadalajara, Jalisco, 21 de septiembre de 2021-09-10
Responsable: Román Munguía Huato