Periodistas Unidos. Ciudad de México. 29 de junio de 2026.- El reconocimiento jurídico de las comunidades originarias como sujetos de derecho público, la salvaguarda de la propiedad intelectual colectiva y la instauración de sistemas de consulta vinculantes presiden las reformas constitucionales del Estado mexicano. El recinto histórico de Palacio Nacional albergó la presentación oficial de la iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos durante la Conferencia del Pueblo. El proyecto, anunciado este lunes 29 de junio de 2026, será sometido a un proceso de consulta nacional estructurado en cinco fases antes de su remisión formal al Congreso de la Unión en este junio de 2026.
La consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, detalló que los ejes rectores de la propuesta contemplan la regulación del autogobierno a través de planes de justicia y sistemas normativos internos, la inclusión plena del pueblo afromexicano con políticas de combate al racismo, así como el blindaje legal de los territorios y recursos naturales de más de 16 mil comunidades del país en este 2026.
Fases de Consulta y Estructura por Libros del Proyecto de Ley
El titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, especificó que con la publicación de la convocatoria oficial este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) inicia un despliegue operativo que incluye las etapas informativa y deliberativa mediante la realización de 82 asambleas regionales. Tras el periodo de estudio y adecuación parlamentaria bajo la consigna «lo que digan los pueblos», el Poder Ejecutivo prevé entregar el dictamen definitivo al Poder Legislativo el próximo 12 de octubre de 2026, fecha conmemorada como el Día de la Resistencia de los Pueblos.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contextualizó el envío de esta ley tras la reciente visita de Estado del Rey Felipe VI de España a México. La mandataria federal ratificó que la solicitud del perdón histórico por los agravios de la conquista sigue siendo un tema prioritario y relevante para la dignidad nacional, independientemente de las discrepancias diplomáticas surgidas en este verano de 2026.
La arquitectura legislativa del proyecto se divide formalmente en ocho libros temáticos:
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Libro 1: Los pueblos como sujetos de derecho y patrimonio propio.
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Libro 2: Libre determinación, autonomía y planes de justicia.
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Libro 3: Reconocimiento de pueblos y comunidades afromexicanas.
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Libro 4: Derechos de las mujeres indígenas, niñez y juventud.
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Libro 5: Personas migrantes, adultos mayores y personas con discapacidad.
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Libro 6: Marcos regulatorios del Derecho a la Consulta.
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Libro 7: Distribución de competencias en los distintos niveles de gobierno.
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Libro 8: Responsabilidades administrativas, delitos y juicio de amparo.