Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de septiembre de 2026.- La investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa sumó nuevas líneas de análisis técnico esta semana en la Ciudad de México, a doce años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. A través de un informe de la Fiscalía General de la República (FGR), las autoridades expusieron el hallazgo de 17 personas de interés identificadas mediante el rastreo de registros telefónicos de 2014 y 2015, revelando comunicaciones entre integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, policías municipales, funcionarios y personal de servicios funerarios.
Pese a los constantes giros en las indagatorias a lo largo de tres administraciones federales, el expediente judicial se mantiene sin una sola sentencia condenatoria firme. De acuerdo con balances de la representación legal de las familias encabezada por el abogado Isidoro Vicario y registros de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), la FGR reporta actualmente 168 personas procesadas y 130 en prisión preventiva, mientras que decenas de imputados originales han sido absueltos por vicios en el debido proceso.
Entre las figuras políticas vinculadas al caso, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, permanece encarcelado por otros delitos tras haber obtenido la absolución por el secuestro de los normalistas en 2025. En contraste, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue detenido en agosto de 2026 y enfrenta un proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva, acusado por los delitos de desaparición forzada y ocultamiento de elementos probatorios.
Las nuevas líneas de la FGR retoman la hipótesis de que al menos 17 estudiantes fueron ingresados a la comandancia de la policía municipal de Iguala antes de perderse su paradero. Asimismo, el análisis del tráfico de datos mostró que el teléfono de la víctima Julio César Mondragón registró actividad posterior a su deceso, vinculado al propietario de una funeraria local donde se procesaron hallazgos óseos en un crematorio clandestino, aunque los análisis genéticos han descartado coincidencias con los jóvenes.
Los padres y madres de los 43 normalistas desestimaron la verosimilitud de la hipótesis de la funeraria y señalaron que el informe presentado no aporta avances sustantivos respecto a la cadena de mando. Las familias insistieron en que el punto central de la exigencia continúa siendo la apertura de 800 folios militares en posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pertenecientes al 27 Batallón de Infantería que monitoreó en tiempo real los sucesos de la noche del 26 de septiembre de 2014.
El caso de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» se mantiene como el referente más emblemático de la crisis de desapariciones en el país. Los colectivos de familiares y organizaciones acompañantes ratificaron que continuarán con las jornadas de protesta en la capital del país hasta que el Estado mexicano garantice el acceso pleno a los archivos de inteligencia castrense y la localización de los estudiantes.