Presidente mexicano rechaza quejas de legisladores de EEUU

Foto: Marco Ugarte / AP

Por Mark Stevenson

AP. Ciudad de México. 25 de octubre de 2020.- De pie frente a una planta termoeléctrica reactivada, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rechazó categóricamente el sábado las quejas de un grupo de 43 legisladores estadounidenses sobre la política del gobierno mexicano que favorece a las empresas estatales en el mercado energético.

Seis senadores y 37 representantes estadounidenses escribieron esta semana al presidente Donald Trump para quejarse sobre “acciones del gobierno de México que amenazan la inversión y el acceso al mercado de las empresas energéticas estadounidenses y que socavan el espíritu del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá”, cuyo acrónimo en español es T-MEC y entró en vigencia el 1 de julio de 2020.

López Obrador rechazó las quejas al argumentar que su gobierno continuaría dando preferencia a las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) dado que el T-MEC no cubría el sector energético de México. López Obrador ha hecho de los combustibles fósiles y de las empresas estatales los ejes centrales de su política económica.

“No vamos nosotros a violar ningún acuerdo, ningún contrato. Vamos, de acuerdo a los márgenes legales que se tengan, a darle preferencia tanto a la Comisión Federal de Electricidad como a Pemex, así de claro, que son empresas públicas”, afirmó López Obrador el sábado durante un evento que marcó la reapertura de la vieja central termoeléctrica alimentada con carbón en el estado de Coahuila, en el norte de México.

López Obrador ha rechazado los argumentos ambientales contra las envejecidas y contaminantes plantas estatales que generan electricidad con carbón y combustóleo, alegando que en vista de que son propiedad del gobierno, éste debe defenderlas. Eso lo ha llevado a reescribir las reglas para dificultar la competencia de centrales eléctricas de construcción privada, que son más nuevas y limpias.

Incluso mientras la mayor parte del mundo se está alejando del carbón para adoptar energías renovables o plantas más limpias alimentadas por gas, López Obrador parecía deleitarse con lo que para la mayoría de los líderes sería un enfoque erróneo.

“Por eso, me da mucho gusto estar aquí, y desde este complejo termoeléctrico de Nava, decirle a quienes están defendiendo la política neoliberal, que no vamos a dar ni un paso atrás, que vamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad”, afirmó el presidente, quien agregó que leyó con orgullo los señalamientos de los legisladores estadounidenses sobre la protección de las industrias estatales.

“Leía yo que en su desplegado decían algo que debería de ser motivo de satisfacción y que para mí es motivo de orgullo. Decían: ‘el gobierno de México está empeñado en proteger a la Comisión Federal de Electricidad’”, añadió. ”¿Cuál es la función, entonces, del gobierno? ¿Proteger los intereses privados? ¡No! Los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos”.

López Obrador desestimó las objeciones de ambientalistas hacia el carbón al catalogarlos como sofistería o argumentos engañosos.

“A mí no me paga Repsol. A mí me pagan los mexicanos para servirles y por eso tengo que defender el interés público, no el interés de particulares”, agregó. Repsol es una empresa energética y petroquímica española, con sede en Madrid.

El anterior gobierno había autorizado en 2014 aperturas en el sector energético que permitían a firmas privadas la construcción de plantas de energía renovable o gas, que son más limpias, y vender su generación a la red eléctrica. Sin embargo, López Obrador dijo que las firmas privadas recibieron contratos favorables que quitaban la participación del mercado a las compañías estatales y ha intentado cancelarlos.

En mayo, el gobierno mexicano citó la pandemia de coronavirus como una justificación para las nuevas reglas que redujeron el papel de las energías renovables, como la solar y la eólica, y que concedieron una dispensa a las propias plantas termoeléctricas estatales.

El decreto provocó la ira entre los inversionistas mexicanos y extranjeros a los que se había autorizado vender su energía a la red administrada por el gobierno.

Según las asociaciones industriales, los cambios en mayo podrían afectar 28 proyectos solares y eólicos que estaban listos para funcionar, y 16 más en construcción, con una inversión total de 6.400 millones de dólares —una gran parte correspondiente a firmas extranjeras.

En su carta, los legisladores estadounidenses escribieron que hay pruebas sobre la posibilidad de que el partido Morena de López Obrador intente revocar las reformas de 2014 “y busque renunciar a todos los contratos vigentes”.

“Las compañías estadounidenses invirtieron miles de millones de dólares para desarrollar infraestructura energética en México y en Estados Unidos para importar combustible de nuestras refinerías para satisfacer la demanda mexicana”, según la carta.

“Estos esfuerzos violan y contradicen el espíritu, si no es que el contenido, del T-MEC”, según la carta. “Nos preocupa profundamente que estas acciones muestren un patrón de obstrucción y lo exhortamos a que encuentre una solución con el gobierno de México para mantener las actuales condiciones del mercado provistas por el marco regulatorio de la Reforma Energética, junto con la certeza y equidad para las compañías estadounidenses que operan y compiten en México”.