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Las organizaciones de comunicadores y periodistas emitieron un pronunciamiento dirigido a los tres niveles de gobierno, los tres poderes del Estado, organismos de derechos humanos y la ciudadanía, denunciando la creciente violencia en la región y la inseguridad que afecta tanto a la población en general como al gremio periodístico en particular.
En su pronunciamiento, los periodistas señalaron que Chiapas enfrenta una grave situación de violencia, evidenciada en los desplazamientos forzados, enfrentamientos entre grupos criminales y la creciente percepción de inseguridad entre los ciudadanos. Subrayaron que, a pesar de este contexto adverso, continúan desempeñando su labor conscientes de que su oficio es esencial para el derecho a la información de la ciudadanía.
Periodistas de Chiapas protestan por el crimen del comunicador Víctor Alfonso Culebro Morales de 39 años.
A los tres niveles de gobierno
A los tres poderes de Estado
A los organismos de derechos humanos A la ciudadanía
PRONUNCIAMIENTO
En Chiapas la situación de violencia ha…— Isaín Mandujano (@isain) July 3, 2024
Las organizaciones firmantes del pronunciamiento exigieron una investigación exhaustiva del asesinato de Culebro Morales, con énfasis en su trabajo periodístico como posible móvil del crimen. Asimismo, demandaron medidas de protección para los periodistas de Cintalapa y de otras regiones de Chiapas, quienes también enfrentan riesgos similares.
El pronunciamiento recordó que este no es el primer caso de violencia contra periodistas en Chiapas. Desde 2018, tres periodistas han sido asesinados en el estado: Mario Gómez en Yajalón, Freddy López Arévalo en San Cristóbal de Las Casas, y ahora Víctor Alfonso Culebro Morales. Estos casos permanecen en la impunidad, lo que incrementa la vulnerabilidad del gremio y la desconfianza en las autoridades.
Las asociaciones firmantes pidieron a los diferentes niveles de gobierno y poderes del Estado garantizar la seguridad y el derecho a la libertad de expresión de los periodistas. Destacaron que la violencia y la impunidad vulneran sus derechos fundamentales y exigieron que el Estado cumpla con su obligación de proteger a quienes ejercen esta profesión vital para la sociedad.
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