Periodistas Unidos. Ciudad de México. 03 de noviembre de 2026.- En el Instituto Nacional Electoral (INE) se han formalizado 30 renuncias de funcionarios vinculados a la gestión de la expresidenta consejera del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, quien dejó el cargo en medio de señalamientos por presuntos actos de corrupción y conflictos de interés. De las bajas registradas, 17 corresponden directamente al personal adscrito a la oficina de la expresidencia, incluyendo al exjefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas, así como a mandos de diversas unidades técnicas y direcciones ejecutivas de la institución.
Entre los funcionarios con cargos directivos que presentaron su renuncia destacan José Alberto Pérez de Acha, extitular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, exdirectora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación; y Sergio Uzeta Murcio, excoordinador nacional de Comunicación Social. Asimismo, dejaron sus cargos Alfonso Burciaga Esparza, exdirector de Recursos Materiales; Juan Manuel Vázquez Barajas, exjefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva; y Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien se desempeñaba en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.
La reestructuración abarca áreas operativas clave como la Dirección Ejecutiva de Administración, donde se confirmaron las renuncias del subdirector de Transporte y Administración de Riesgos y del líder de proyecto del Parque Vehicular. Por su parte, en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores se reportaron las salidas de la coordinadora de Procesos Registrales y del encargado de despacho de la Subdirección de Administración y Recursos Humanos, sumadas a la baja del subdirector de Apoyo a Órganos Colegiados.
Esta ola de dimisiones ocurre de forma paralela a las indagatorias desarrolladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), organismo que abrió una investigación de oficio tras detectar presuntas irregularidades presupuestales por un monto de 8 mil 870 millones de pesos mediante esquemas de facturación y empresas fachada contratadas entre 2014 y 2026. Hasta el momento, las autoridades no han determinado si el personal saliente cuenta con responsabilidad administrativa o penal directa en los hallazgos del órgano fiscalizador.
Frente a la crisis institucional, las diez consejerías electorales informaron que mantienen un proceso de revisión colegiada sobre la estructura de la Junta General Ejecutiva y los puestos de primer nivel. El análisis abarca la evaluación de las relaciones funcionales y los procedimientos de contratación pública recientes con el objetivo de transparentar el ejercicio del gasto y deslindar las responsabilidades correspondientes ante las instancias legales.
El INE prevé designar en los próximos días a los encargados de despacho que asumirán la titularidad de las áreas vacantes para garantizar la operatividad de los programas institucionales. Los avances del proceso de fiscalización y las denuncias que resulten del peritaje financiero quedarán en manos de las autoridades competentes conforme concluyan las auditorías en curso.