Periodistas Unidos. Ciudad de México. 10 de abril de 2026.- Por primera vez en la historia de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN) formalizaron un convenio de colaboración titulado “Alianza para la defensa de la propiedad social de la tierra y el territorio”. Este acuerdo, encabezado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, busca fortalecer la vinculación interinstitucional para garantizar el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos, la protección del medio ambiente y el acceso efectivo a una justicia agraria pronta, gratuita e imparcial. El convenio establece mecanismos de capacitación y acompañamiento con enfoques prioritarios en derechos humanos, pluralismo jurídico, interculturalidad y perspectiva de género.
Durante la firma, el ministro presidente Aguilar Ortiz subrayó que el ámbito agrario es donde más justicia se requiere, pues muchos conflictos territoriales persisten durante décadas incluso después de obtener una sentencia judicial. «La justicia agraria rebasa el expediente; se requiere justicia humana, ambiental y territorial», afirmó, tras proponer que este esfuerzo sea la base de un Plan Nacional de Justicia que involucre a diversos sectores de la sociedad. En México, existen 32 mil 500 ejidos y comunidades que ocupan casi la mitad del territorio nacional, donde 5.5 millones de personas son titulares de derechos, lo que convierte esta alianza en un imperativo para preservar la soberanía alimentaria y el patrimonio biocultural de la nación.
La ministra Lenia Batres Guadarrama y la ministra Sara Irene Herrerías resaltaron que este instrumento es una continuidad del constitucionalismo social mexicano, necesario para proteger a los núcleos agrarios de las presiones externas contra la propiedad social. Por su parte, los titulares de la Procuraduría Agraria y el RAN coincidieron en que la articulación entre la función jurisdiccional y la administrativa permitirá que los estándares internacionales de derechos humanos incidan directamente en los procesos de certificación de la tierra. Representantes de núcleos ejidales de Hidalgo y comunidades de Santa María Chimalapa, Oaxaca, expresaron su confianza en que este pacto resuelva controversias históricas y garantice la seguridad jurídica que los herederos de la tierra han reclamado por generaciones.