Secretaría de Hacienda investiga empresa a la que Odebrecht depositó sobornos
EFE. Ciudad de México. 09 de abril de 2019.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México investiga a Blunderbuss, una empresa fantasma que supuestamente fue utilizada por Odebrecht para depositar sobornos, informó este martes la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con MCCI, el departamento de sobornos de la brasileña Odebrecht utilizó esta empresa domiciliada en el oriental estado mexicano de Veracruz para «triangular» 6,1 millones de dólares entre bancos de Panamá, Antigua, Estados Unidos y México.
«Ese dinero se transfirió a México entre 2009 y 2011 y es distinto a los sobornos de 10 millones de dólares que exdirectivos de Odebrecht aseguran haber pagado durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012», informó la organización.
El rastreo de dinero de Blunderbuss lo realizan el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ambos departamentos de Hacienda.
La organización explicó que personal del SAT acudió al supuesto domicilio fiscal de Blunderbuss, en Poza Rica (Veracruz), y constató que esta empresa «era inexistente».
MCCI aseveró que el SAT «investiga también a una red de 11 empresas «fantasma» ligadas con Blunderbuss, con la que compartían socios, representantes y apoderados legales».
Estas empresas tampoco fueron localizadas en sus domicilios fiscales.
Cuatro de estas corporaciones habrían participado entre 2013 y 2018 como «proveedores de la administración pública federal», presidida entonces por Peña Nieto, y «de los Gobiernos de los estados de México y Coahuila», ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De acuerdo con los documentos a los que accedió MCCI, estos contratos estarían valorados en al menos 192 millones de pesos (unos 10,2 millones de dólares).
La constructora Odebrecht está envuelta en un escándalo tras admitir el pago de sobornos en 12 países por unos 788 millones de dólares.
En México, el caso apuntó hasta al director general de la empresa estatal Pemex entre 2012 y 2016, Emilio Lozoya, acusado de recibir 10 millones de dólares.
En diciembre de 2017, México impuso una sanción a Odebrecht y la inhabilitó durante cuatro años para obtener contratos públicos en el país, después de que se demostrara el cobro indebido de 119 millones de pesos (6,2 millones de dólares) en el proyecto de una refinería.
Esta inhabilitación fue anulada en noviembre 2018 por un tribunal.
Un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó además que Pemex realizó pagos irregulares por unos 46 millones de dólares a Odebrecht al generar sobrecostos sin justificar correctamente las obras de una refinería.