«Silencio oficial» sobre responsables de las muertes por los disparos en Bolivia
Foto: Rodrigo Sura / EFE
Por Laura Núñez Marín
EFE. La Paz, Bolivia. 06 de diciembre de 2019.- «El silencio» oficial sobre los responsables de las más de 30 víctimas mortales que deja la violencia vivida en Bolivia, muchas por disparos, preocupa a la sociedad y a organizaciones de derechos humanos ante la falta de informes sobre el avance de las investigaciones.
Bolivia recupera poco a poco su normalidad en el ámbito político, pero ahora el reclamo desde dentro y fuera del país se concentra en las víctimas de la violencia desde las fallidas elecciones del 20 de octubre.
UNA SOLA FUENTE
La Defensoría del Pueblo ha sido la única institución que ha difundido públicamente un listado de víctimas, con al menos 35 muertos y 832 heridos.
La Fiscalía General del Estado hasta ahora solo ha difundido un informe preliminar sobre calibres de los proyectiles, que en su mayoría no son armamento reglamentario de policías ni de militares, o no está probado que los disparan ellos.
El pasado 22 de noviembre el Instituto de Investigaciones Forenses (Idif) informó de que se encontraron proyectiles de varios calibres en cuerpos de fallecidos y heridos en los operativos militares y policiales.
El calibre hallado es de 5, 56, 9, 22 y 38 milímetros, mientras que el reglamentario del ejército es de 7,62 milímetros.
El Gobierno interino mantiene que no hubo muertes de civiles por disparos de fuerzas de seguridad y las atribuye a grupos subversivos, que en su opinión intentan dar una imagen de abusos por parte del Ejecutivo interino de Jeanine Áñez.
Efe trató en varias ocasiones consultar a las distintas fuentes del Gobierno y de la Fiscalía sobre el avance de los peritajes y de las investigaciones, sin lograr alguna información.
Por parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), su abogada Lizzeth Limache declaró a Efe que «es urgente» que el Gobierno interino comience a dar informes y así «cotejar» con los datos que ha recogido esta entidad.
Por ejemplo, cuenta que tras entrevistar a testigos y víctimas directas de hechos violentos en la ciudad de El Alto, «muchas personas fueron obligadas, otras estaban por convicción y otras porque preciso estaban en ese lugar» y su presencia no tenía que ver con las manifestaciones.
Limache destaca que sí se ha podido corroborar que con «el Gobierno interino se ha respetado el derecho de los detenidos a comunicarse con sus familiares» y a contar con un «debido proceso», derechos que a su juicio no se cumplían con el Ejecutivo de Evo Morales.
LA VIOLENCIA
Desde el día después de las elecciones del 20 de octubre, Bolivia quedó sumida en uno de sus conflictos más graves de su reciente historia.
Opositores, movimientos civiles y ciudadanos se movilizaron para denunciar un fraude a favor de Morales por parte del órgano electoral en el recuento de los votos.
Luego el 10 de noviembre Evo Morales anunció su renuncia, denunciando un golpe de Estado para derrocarlo, y al día siguiente viajó a México en calidad de asilado, lo que dejó a Bolivia con un vacío de poder por 48 horas y el país en completo caos.
Áñez, que era senadora de la oposición, activó el 12 de noviembre el proceso sucesorio para asumir como presidenta transitoria hasta unas nuevas elecciones.
Los dos primeros decesos de esta crisis se produjeron el 30 de octubre en la ciudad oriental de Montero, en enfrentamientos entre partidarios y detractores de Morales.
En la ciudad de Sacaba, el 15 de noviembre hubo diez fallecidos en un operativo militar y policial para evitar el paso de una marcha de cocaleros afines a Morales.
El 19 de noviembre en El Alto en un operativo de fuerzas del orden ante una refinería hubo otros diez civiles muertos por disparos.
LAS MISIONES
Ante el pedido de varias de las víctimas, de sectores de la sociedad como sindicalistas e indígenas, y con el aval del Gobierno interino, llegó hace un par de semanas a Bolivia una misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La misión reveló este pasado jueves en un informe preliminar que desde el estallido de las protestas se registraron hechos de violencia que «podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos», como los de Sacaba y El Alto.
El organismo de la ONU reiteró el llamado a las autoridades transitorias a que se investigue la violencia de manera rápida, transparente e imparcial.
En días recientes, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, expresó su preocupación por «las medidas adoptadas por las autoridades bolivianas, que parecen priorizar la represión brutal de opositores y críticos y otorgan a las fuerzas armadas un cheque en blanco para cometer abusos».
Vivanco hacía referencia al decreto, derogado el 28 de noviembre, que otorgaba inmunidad penal a militares y policías en su actuar, siempre que fuera en defensa propia y con proporcionalidad.
Hace 25 días Morales dejó la Presidencia y hace 23 ejerce funciones el Gobierno interino, mientras los bolivianos piden paz, unidad y saber la verdad de los hechos.