Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de junio de 2025.- En una decisión histórica, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, quien permaneció 19 años y cinco meses en prisión acusada del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, hijo de la fallecida activista Isabel Miranda de Wallace. Con una votación de cuatro a favor y uno en contra, el máximo tribunal determinó que las pruebas clave en su contra, incluyendo confesiones obtenidas bajo tortura, violaban el debido proceso, declarando nulas dichas evidencias.
Juana Hilda González fue detenida en febrero de 2006, señalada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) como partícipe en el secuestro de Hugo Alberto Wallace, ocurrido el 11 de julio de 2005. En 2011, fue sentenciada a 78 años y nueve meses de prisión por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, el proyecto presentado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena reveló que las confesiones de González, obtenidas bajo la figura del arraigo, fueron producto de coacción, intimidación y tortura, incluyendo amenazas de violación y daño a su familia.
La resolución de la SCJN no solo garantiza la libertad inmediata de González, quien estaba recluida en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16 en Morelos, sino que también abre la puerta para revisar los procesos de otros acusados en el caso Wallace, como Brenda Quevedo, César Freyre, y los hermanos Antonio y Alberto Castillo, cuyas acusaciones se basan en pruebas similares, ahora invalidadas. El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) destacó la relevancia de este fallo, señalando que expone violaciones persistentes en el sistema penal mexicano, como el uso de tortura, la falta de defensa adecuada y prejuicios de género en la valoración judicial.
El caso Wallace, impulsado por Isabel Miranda de Wallace, quien falleció el 8 de marzo de 2025, ha sido objeto de controversia durante años. Miranda, fundadora de la organización Alto al Secuestro, fue acusada por medios independientes y activistas de fabricar pruebas y ejercer presión mediática y política para incriminar a los acusados. Según reportes, las pruebas en contra de González incluían una licencia de conducir de Hugo Alberto Wallace y una gota de sangre encontrada en un departamento, elementos que la Corte consideró insuficientes y obtenidos de manera ilícita tras cateos previos sin resultados relevantes.
En redes sociales, la decisión de la SCJN generó reacciones inmediatas. El periodista Arturo Ángel (@arturoangel20) calificó el fallo como «histórico«, destacando que se dio pese a la resistencia de la Fiscalía General de la República (FGR), que intentó aplazar la votación. Por su parte, Mónica Garza (@monicagarzag) subrayó que no había pruebas suficientes para sostener la culpabilidad de González. Usuarios como @catrina_nortena celebraron la resolución como un golpe a la «farsa» de Isabel Miranda, señalando las irregularidades del caso. Sin embargo, el caso sigue generando debate, con algunos cuestionando la narrativa oficial y otros recordando la lucha de Miranda por justicia para su hijo.
La sentencia, respaldada por los ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz, y con el voto en contra de Jorge Mario Pardo, marca un precedente en la lucha contra la tortura y las violaciones al debido proceso en México. La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) saludó el fallo, destacando su importancia para reivindicar el debido proceso y la prohibición de la tortura como medio para obtener pruebas.
Juana Hilda González, madre de dos hijas y estigmatizada durante su juicio por su pasado como bailarina exótica y su relación con el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal («La Barbie»), recupera su libertad tras casi dos décadas de encarcelamiento. Este fallo pone en entredicho el caso Wallace y subraya la necesidad de reformar las prácticas judiciales en el país.