Telefonistas son despojadas de su derechos sindicales por disentir con la dirigencia del STRM + Video
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- Reunieron 800 firmas en contra de cambiar una parte de la jubilación por acciones de TELMEX.
- 5 años sin derechos sindicales y la destitución de sus cargos fueron el resultado por discrepar.
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 18 de noviembre de 2020.- Rosa Elva Trujillo Cantú y Rosa Verónica Varela Ruiz, pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana (STRM), fueron sancionadas por el Comité Ejecutivo Nacional del propio organismo, por recabar firmas en contra de que el STRM, encabezado por Francisco Hernández Juárez, convenza a los telefonistas de cambiar una parte de su jubilación por acciones de TELMEX.
Durante los últimos días las trabajadoras recopilaron más de 800 firmas de trabajadores, en activo y jubilados, que manifiestan el descontento de un gran número de telefonistas por las intenciones de la dirigencia sindical por poner en peligro el fondo de jubilación, y por lo tanto, el futuro de los trabajadores.
Las telefonistas denunciaron que han sido víctimas de provocaciones y falsas acusaciones y agregaron que las sanciones a las que fueron objeto han violado los estatutos del propio sindicato, además de ser un abuso de poder en su contra por el hecho de ser mujeres y jubiladas las que se manifiestan en contra de las autoridades del STRM.
Después de emitirse las sanciones en contra de las trabajadoras telefonistas, un nutrido grupo de trabajadores sindicalizados realizaron en la Ciudad de México una manifestación en apoyo a sus compañeras reprimidas, acción que fue replicada en las ciudades de Jalapa, Hermosillo, Monterrey y Puebla. Posteriormente se redactó un documento en el que se explica la grave situación de autoritarismo en el que se encuentra el STRM, escrito que se hizo llegar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Por último, dicho documento sirvió como base para que, ante la gravedad de los hechos, se levantara una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidida por Maria Rosario Piedra Ibarra.
Compañeros de las telefonistas sancionadas señalaron que en una democracia es necesario respetar todos los puntos de vista y en este caso la dirigencia nacional no los ha tomado en cuenta y, por el contrario, pone en peligro las jubilaciones de los trabajadores.