Periodistas Unidos. Guadalajara, México. 13 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Jalisco informó este martes que siete hombres detenidos durante la megamarcha del pasado domingo 11 de octubre por la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara fueron trasladados al complejo penitenciario de Puente Grande. De las 39 personas arrestadas en los enfrentamientos frente a Casa Jalisco, 32 fueron liberadas dentro del plazo constitucional de 48 horas, aunque varias continúan bajo investigación.
Los siete imputados, identificados oficialmente como David Isaac “N”, Teodoro Isaac “N”, Juan Darío “N”, Alexis Daniel “N”, Samuel “N”, Israel “N” e Iván Octavio “N”, enfrentan cargos. A seis se les imputa el delito de lesiones dolosas con agravante por haberlas cometido presuntamente contra personal de seguridad pública (artículos 206 y 207, fracción VII, del Código Penal de Jalisco). Al séptimo se le señala por desobediencia o resistencia de particulares (artículo 129). La Fiscalía señaló que existen elementos suficientes para presentarlos ante un juzgado de control y oralidad. Algunas versiones periodísticas precisan que el traslado es para las audiencias correspondientes y no necesariamente implica ingreso inmediato a prisión.
El caso de Samuel Morales Navarro
Entre los siete destaca Samuel Morales Navarro, de 24 años, repartidor de plataformas (Rappi) que sostiene económicamente el tratamiento oncológico de su madre, Claudia Morales, enferma de cáncer de mama. Videos y el testimonio del periodista Jonathan Lomelí documentan que Morales circulaba en su motocicleta cerca de la zona (esquina de Manuel Acuña y Santo Domingo) cuando fue derribado por varios agentes antimotines. Según el relato testimonial, no se le observó agrediendo ni lanzando objetos; un grupo de aproximadamente diez granaderos lo rodeó, lo golpeó y lo detuvo. Su madre denunció que le hicieron “perdedizos” celular, moto, mochila y casco. Organizaciones y medios han calificado su detención como arbitraria y con uso excesivo de la fuerza.
Familiares y colectivos (CEPAD, IMDEC y otros) han difundido nombres completos de los siete: Israel Rosas Flores, David Isaac Álvarez Hernández, Iván Octavio Salazar, Juan Darío Muñoz Nava, Teodoro Jesús Torres Valdez, Alexis Guzmán Ríos y Samuel Morales Navarro. Rechazan la versión oficial que los vincula a un “grupo de choque” y afirman que son ciudadanos que exigían un derecho básico. Denuncian golpizas, incomunicación inicial, falta de presentación inmediata ante autoridad (lo que consideran configuraría desaparición forzada en algunos casos) y criminalización de la protesta. Varias personas liberadas salieron visiblemente golpeadas y reportaron uso excesivo de la fuerza.
La protesta del 11 de octubre y la represión
La marcha partió de la Glorieta de La Minerva hacia Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus. Las cifras oficiales hablan de alrededor de 10 mil participantes; organizadores y medios reportan cifras mayores (hasta 20 mil). La movilización, mayormente pacífica durante horas, derivó en enfrentamientos cerca de la residencia. El gobierno estatal atribuye la violencia a un bloque de aproximadamente 400 personas encapuchadas que portaban piedras, palos, martillos y petardos, y que habrían agredido a policías (saldo oficial: 28 agentes lesionados, dos de gravedad —uno con fractura de cráneo y otro con pérdida de un dedo— y 31 civiles atendidos). Los manifestantes y organizaciones señalan que la respuesta policial incluyó chorros de agua a presión, orquestada por el cuerpo de bomberos, gas lacrimógeno, dispositivos de dispersión y, según reportes, balas de goma, afectando a cientos de personas, incluidas familias, niños, adultos mayores y periodistas.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió un acta de investigación y dictó medidas cautelares. La CNDH, Amnistía Internacional y la relatora especial de la ONU sobre libertad de reunión y asociación, Gina Romero, pidieron investigar el uso de la fuerza, las detenciones y posibles abusos. La presidenta Claudia Sheinbaum reprobó el uso de agua y gas como “técnica represiva” y exigió aclaraciones al gobierno estatal. El gobernador Lemus ordenó revisar las grabaciones para identificar posibles excesos y anunció que se investigarán las denuncias.
Contexto de la crisis del agua
El reclamo de fondo data de meses atrás. Habitantes de al menos 320 colonias de la zona metropolitana denuncian que el agua llega turbia, con olor a drenaje, color café o negro, sedimentos, bacterias fecales y metales pesados, lo que obliga a comprar agua embotellada para beber, cocinar, bañarse y lavar. El SIAPA y el gobierno estatal han reconocido problemas en el abasto y calidad, y anunciaron medidas como tandeos y reducción de flujo de ciertas fuentes. La marcha del domingo fue la expresión más masiva de ese descontento acumulado.
Organizaciones como Propuesta Cívica y CEPAD exigen la libertad inmediata de los siete, el cierre de las carpetas de investigación, respeto al debido proceso y una investigación independiente de los abusos policiales. Mientras tanto, la exigencia ciudadana de agua limpia permanece vigente y la atención se concentra ahora en el proceso judicial de los siete y en las indagatorias sobre el uso de la fuerza.