Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de octubre de 2025.- El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México ha emitido una resolución clave al ordenar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que admita la demanda presentada por la organización Empower, en colaboración con el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC). Esta acción busca revertir la negativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para investigar la importación de productos presuntamente fabricados bajo condiciones de trabajo forzoso en la Región Autónoma de Xinjiang, China.
El caso representa el primer intento ciudadano en México para activar el mecanismo establecido en el artículo 23.6 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que obliga a prevenir, investigar y sancionar la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio, incluyendo el trabajo infantil. La demanda cuestiona específicamente la adquisición de equipos de videovigilancia de las marcas Dahua y Hikvision, vinculadas a proveedores que operan en Xinjiang bajo presuntas violaciones laborales.
Organizaciones internacionales y reportajes periodísticos han documentado ampliamente violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Xinjiang, afectando a minorías étnicas y religiosas como la comunidad uigur. Estos incluyen campos de detención donde se reportan torturas y trabajo forzado, lo que ha generado preocupación global por la cadena de suministro en esa región.
La resolución del Tribunal Colegiado califica como ilegal la decisión previa del TFJA, que había desechado la demanda de nulidad de Empower, y ordena su reposición. Con esto, se reconoce que cualquier persona puede solicitar investigaciones sobre importaciones sospechosas de trabajo forzoso, y la STPS debe responder de manera adecuada.
Benjamin Cokelet, fundador y director ejecutivo de Empower, destacó: «Nuestra experiencia deja claro que el trabajo forzoso no se combate con acuerdos que existen solo en papel. Este mecanismo tendría que ser accesible y accionable para trabajadores y activistas, y aún no lo es. No hay que perder de vista que el Estado tiene la obligación de cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos».
Por su parte, Guillermo Torres, coordinador de Justicia Transnacional en ProDESC, señaló: «Esta decisión abre la posibilidad de que México fortalezca sus mecanismos de control y transparencia frente a las mercancías que pudieran provenir de trabajo forzoso. Es un paso hacia la coherencia entre el discurso y la práctica en materia laboral internacional».
En los próximos días, el TFJA deberá emitir el acuerdo de admisión de la demanda, obligando a la STPS a responder formalmente. Este avance podría permitir un análisis de fondo de la petición, representando una oportunidad para que México cumpla con sus obligaciones bajo el T-MEC y refuerce la prohibición de mercancías producidas con trabajo forzoso.
La información ha sido confirmada a través de publicaciones en redes sociales y sitios oficiales de las organizaciones involucradas, destacando el impacto potencial en las políticas laborales transnacionales.