Urge reglamento de la Ley de Minería tras siniestro en Sinaloa
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de abril de 2026.- La Colectiva ¡Cambiémosla Ya! lanzó un llamado urgente a las secretarías de Economía y de Medio Ambiente para publicar el reglamento de la Ley de Minería de 2023, cuya omisión limita la aplicación de sanciones y medidas de seguridad. Esta exigencia surge tras el reciente desastre en la mina de oro Santa Fe, en Rosario, Sinaloa, donde el reventamiento de una presa de jales dejó atrapados a trabajadores y evidenció la precariedad con la que opera la industria minera en México. El siniestro, propiedad de Industrial Minera Sinaloa, se suma a una lista de tragedias recientes que demuestran que las empresas no cumplen con estándares de seguridad por voluntad propia.
La organización señala que la intensificación de la actividad minera en el país sin una vigilancia estricta solo provocará más siniestros, devastación ambiental y vulneración de los derechos de las comunidades. Advierten que de poco servirá la ratificación del Convenio 176 de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo minero, aprobado en noviembre de 2025, si no se acompaña de normas, presupuestos y personal capacitado que vigile su cumplimiento. Es inadmisible que, a casi tres años de la reforma legal, la falta de reglamentación impida la clausura de minas o la cancelación de concesiones ante riesgos inminentes de desequilibrio ecológico.
A 20 años de la tragedia de Pasta de Conchos, las organizaciones civiles denuncian que la industria sigue operando con mapas deficientes y falta de barrenado, lo que pone en peligro constante a la población aledaña y a los empleados. La reforma de 2023 estableció causales claras para revocar concesiones cuando existan daños irreversibles a los recursos naturales o cuando los titulares omitan reportar accidentes de manera consecutiva. Sin embargo, la falta de un reglamento operativo por parte del Gobierno Federal se traduce en una «gran omisión» que contribuye directamente a que se sigan presentando derrames tóxicos y pérdidas humanas.
Finalmente, se requiere que las instituciones cuenten con los recursos necesarios para asegurar que la normatividad se cumpla de manera rigurosa, imponiendo sanciones ejemplares a quienes antepongan el lucro a la vida. La colectiva reitera que la «minería responsable» es una narrativa que contrasta con la realidad de los ríos contaminados y los derrumbes en minas como Buenavista del Cobre. El objetivo debe ser la protección integral de los sistemas hidrológicos y la salud pública, garantizando que ninguna concesión minera opere por encima de la ley o bajo condiciones que amenacen la integridad del tejido social y ambiental en México.