Violencia y desplazamiento: rezago histórico que marca Día de Indígenas en Mesoamérica
Foto: Carlos López / EFE
Por Mitzi Mayauel Fuentes Gómez y Pedro Pablo Cortés
EFE. San Cristóbal de las Casas, México. 09 de agosto de 2020.- Más de 9.000 tzotziles llevan cuatro años desplazados en Chiapas, un hecho que ilustra los rezagos históricos que afrontan las etnias mesoamericanas este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, a pesar de un simbólico progreso.
Es el caso de unas 246 familias en San Cristóbal de las Casas que viven atemorizadas porque paramilitares ingresaron en 2016 a sus casas, quemaron sus pertenencias, hirieron o mataron a sus seres queridos, cuenta este domingo a Efe Araceli Cruz, quien perdió a su padre.
«El día 26 de mayo nos sacó de nuestras comunidades un grupo de paramilitares que existe en la comunidad de El Ejido Puebla, municipio de Chenalhó, nos sacaron de nuestra comunidad, llegaron a nuestras casas, las destruyeron y las quemaron, junto con todas las cosas que teníamos», relata Cruz.
La violencia que afronta esta mujer, la impunidad en el caso y la negligencia de las autoridades reflejan la situación de los pueblos originarios de México y Centroamérica este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que la ONU pidió conmemorar en 1994.
Hay 25 millones de mexicanos que se reconocen como indígenas, casi 20 % de la población, informa el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), que registra 68 idiomas diferentes con 7,3 millones de hablantes.
En tanto, el Sistema de Información Cultural (SIC) de la Secretaría de la Cultura reconoce 70 pueblos indígenas, con la mayor presencia en Chiapas (14) y Oaxaca (13) en el sur, Veracruz en el oriente (6), y Baja California (6) y Sonora (5) en el noroeste.
En Centroamérica hay 65 pueblos indígenas con casi 7 millones de personas que ocupan casi 40 % del territorio, según el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Pero ante el histórico abandono del Estado, y el viejo y nuevo colonialismo, muchas lenguas podrían desaparecer, advierte Zenaida Pérez, coordinadora del programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB).
«Estamos ante un gran desafío, que no solo es garantizar ciertos derechos de manera parcial o temática, sino que es un respeto integral que se debiera tener hacia los modos de vida, formas de pensamiento, los idiomas de los pueblos indígenas y proteger su uso en todos los espacios», manifiesta.
SÍMBOLOS IMPORTANTES
Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de México, en diciembre de 2018, realizó un ritual indígena polémico pero relevante, apunta Pérez, de origen mixe.
«Simbólicamente fue importante. ¿En qué sentido? Pues mucha gente que vive en México no sabía que seguían existiendo los pueblos indígenas hoy porque pensaron que se desaparecieron como sus ruinas y los sitios que hoy visitan como turistas», detalla.
La defensora de derechos humanos destaca también la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y el plan de la Secretaría de Cultura y el Inali para rescatar los idiomas nativos.
La experta también es candidata a presidir el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) después de que el presidente prometió el cargo para una mujer indígena.
«Es un acto de justicia social que una mujer indígena esté en ese espacio, como lo dijo el presidente y como la realidad lo hace evidente, pues efectivamente en el cuerpo de las mujeres indígenas confluye un gran número de elementos de exclusión», expone.
DEUDA PENDIENTE
Aun así, el racismo y la discriminación prevalecen en la sociedad y el Gobierno de México, denuncia el investigador Francisco López Bárcenas, investigador de origen mixteco con más de una docena de libros.
«Con el cambio de Gobierno, muchos compañeros pusieron sus esperanzas en que iba a cambiar la situación, pero yo considero que eso era más un deseo que una posibilidad porque el actual presidente de la República, cuando andaba en campaña, no se refirió a los pueblos indígenas», opina.
El intelectual acusa al Gobierno de seguir con los mismos megaproyectos -uno de los que ha cosechado más críticas es el Tren Maya- y de disminuir «como nunca en ningún sexenio» el presupuesto para la atención de pueblos indígenas dentro de su plan de austeridad.
Aunque cree necesario que España reconozca los abusos y el despojo de la Conquista, también exige al Gobierno de México dejar de tratar a los indígenas como «colonias internas».
Por ello, pide reflexionar sobre la importancia de este día.
«Es como invitar a un cumpleañero a que vaya a la fiesta, pero vaya en calidad de sirviente, no en calidad de festejado», enfatiza.
SIN JUSTICIA
Estos datos se reflejan en las historias de los tzotziles en Chiapas, donde las autoridades han sido omisas en la impartición de justicia, sin una sola orden de aprehensión contra los criminales.
«Algunas familias quieren regresar al ejido, pero no hay condiciones porque los grupos paramilitares siguen estando armados y están protegidos por el Gobierno del estado, ya hemos exigido justicia», denuncia Rosendo Arias, representante de desplazados.
Cientos de tzotziles, incluyendo más de 120 niños, tienen fracturada su vida cotidiana desde 2016.
Hoy viven fuera de su municipio, sobreviven del apoyo de activistas y de despensa del Gobierno del estado, mientras habitan hacinados en una vieja granja de pollos con servicios básicos precarios.
«Hemos buscado la manera de sobrevivir, nos han apoyado las organizaciones civiles que nos han acompañado durante este desplazamiento, así también hemos vivido de nuestra exigencia y lucha y de la venta de artesanías, pero no estamos contentos, no es lo mismo tener tus tierras», lamenta Arias.
El desplazamiento forzado es un concepto reciente, pero un fenómeno histórico.
Se relaciona con la violencia, conflictos armados, la falta de consultas a los pueblos indígenas, problemas agrarios, la imposición de megaobras y la explotación minera, informa el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
«Cada Gobierno que pasa invisibiliza esta situación, misma que por el panorama que viene se vislumbra crítica, ya que continúa la amenaza de desplazamientos forzados por megaproyectos, como supercarreteras, mineras, hidroeléctricas y plantaciones que despojarían a pueblos originarios», advierte el Frayba.