Por Humberto Musacchio
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 02 de agosto de 2024.- Pese al muy extenso documento emitido por la Presidencia de la República, el caso de los 43 normalistas desaparecidos sigue vivo. Tan vivo, que Claudia Sheinbaum, con los malabares que está obligada a realizar para que no le cierren el camino, expresó que tiene un compromiso con las familias de los muchachos y prometió que, cuando asuma el Poder Ejecutivo, una de sus primeras tareas será “revisar los avances del caso y trabajar con los padres de las víctimas para esclarecer lo sucedido”.
Por supuesto, no será fácil, pues nada lo ha sido en los casi diez años transcurridos desde el brutal secuestro de aquellos estudiantes, a quienes la policía entregó a los delincuentes que los secuestraron, hechos ocurridos en presencia de elementos militares que, incluso, videograbaron los hechos.
Aunque está probada la participación militar en la noche negra de Iguala, hasta ahora, la Secretaría de la Defensa mantiene cerrado el acceso a más de 800 folios que guarda en sus archivos. El documento presidencial emitido hace unos días exonera del todo a la institución, en lo que debemos estar de acuerdo, pero no en la responsabilidad individual que toca a varios elementos castrenses.
Alejandro Encinas, quien presidió la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, ha dicho que en la documentación generada por el caso de los normalistas “se da cuenta de las actividades del grupo delictivo Guerreros Unidos y de la red de intereses y complicidades construida en colisión con autoridades municipales, locales y federales, incluidos elementos del Ejército en la región, así como de sus acciones y omisiones, lo cual fue borrado de la llamada ‘verdad histórica’”.
El ahora exsubsecretario de Gobernación señala que debe tenerse presente tanto la labor de la fiscalía especial del caso, lo que ha originado la detención de 112 personas, entre miembros de la mafia conocida como Guerreros Unidos, el exprocurador de la República, el exdirector antisecuestro y un exagente del Ministerio Público de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), 16 elementos de la Secretaría de la Defensa, “entre ellos, los excomandantes del 27 y del 41 Batallón de Infantería; el exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, el expresidente municipal y la expresidenta del DIF de Iguala, policías municipales, estatales, federales y ministeriales, así como la expedición de tres solicitudes de extradición y 10 órdenes de aprehensión por ejecutar”.
Hasta ahora, varios de los enlistados han salido de la cárcel, si bien varios de ellos permanecen sujetos a juicio. Lo preocupante es que, apenas anteayer, en un artículo publicado en El Universal, Encinas denuncia que el pasado día 25 él compareció como testigo “ante la audiencia solicitada por los militares indiciados como presuntos responsables de actos delictivos vinculados con la desaparición de los estudiantes” de Ayotzinapa.
Encinas señala que su comparecencia fue solicitada por los militares indiciados, lo que, “en un episodio emblemático del realismo mágico que caracteriza la vida pública de nuestro país… sienta un precedente lamentable respecto a la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en procesos que involucran a una autoridad civil y, en particular, en casos vinculados a violaciones graves a los derechos humanos”.
Agrega Encinas Rodríguez que no hay antecedente en ningún gobierno democrático de que un mayor de justicia militar interrogue a un civil que encabezó los trabajos de una Comisión de la Verdad, como tampoco lo hay en que una dependencia del Ejecutivo federal, como lo es la Fiscalía General de Justicia Militar, ejerza acciones en contra del titular de otra institución del mismo Poder Ejecutivo”.
Durante la audiencia, “el mayor de Justicia Militar Jorge Alfredo Rico Pérez declaró haber iniciado una demanda en mi contra en la Fiscalía General de la República cuando (Encinas) estaba aún en funciones como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación”, lo que evidenció —dice— el propósito de incriminarlo y, de paso, “colocar en el banquillo de los acusados a la Comisión de la Verdad”.
El presidente López Obrador, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no debe permitirlo.