Por Humberto Musacchio
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 10 de mayo de 2024.- El libro Los puntos sobre las íes, de María Amparo Casar, es una nutrida colección de errores, omisiones, dichos equívocos, promesas incumplidas y otros puntos vulnerables del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al día siguiente de que la obra empezó a circular (en internet, principalmente), el gobierno reaccionó con gran despliegue mediático contra la señora Casar, de quien sacó a la luz el expediente relacionado con la muerte de Carlos Márquez Padilla, quien fuera su esposo.
En resumen, se acusa a Amparo Casar de haberse beneficiado del seguro de vida de su marido y de la pensión que le paga Pemex por viudez, pues para recibir esos bienes se dio como muerto por accidente a su cónyuge y, según sostiene otra versión, se descartó indebidamente el suicidio, lo que la hubiera privado de los más de 30 o 40 millones de pesos que ha recibido en los últimos veinte años, pese a que en 2002 Casar y Márquez Padilla estaban divorciados.
Hace algunas semanas, el asunto apareció en el más reciente libro de López Obrador, pero pasó inadvertido. Sin embargo, al aparecer Los puntos sobre las íes el caso ocupó la mañanera y se convirtió en asunto de interés periodístico, sobre todo por la inminencia de la elección presidencial.
Bernardo Bátiz, quien era procurador del Distrito Federal cuando ocurrió la defunción de Márquez Padilla, declaró a La Jornada (7/V/24) que la averiguación previa sobre el caso “concluyó que se trató de un suicidio”, y agregó: “La averiguación previa no se modificó ni entonces ni ahora”.
Un día antes, el mismo diario publicó que la Fiscalía Desconcentrada en Miguel Hidalgo, en la averiguación previa 1T1/2361/04-10, establece que “no se acreditaron los elementos constitutivos del cuerpo del delito de homicidio y, conforme a lo actuado, el ahora occiso realizó maniobras con el fin de quitarse la vida”.
Por supuesto, los partidarios de la coalición PRI-PAN-PRD han salido en defensa de la autora en términos que descalifican la versión de suicidio, mientras que la parte opuesta arguye que el caso se torció en favor de la señora Casar porque ella, en ese momento, era jefa de asesores del secretario de Gobernación, Santiago Creel, en el sexenio de Vicente Fox.
El asunto, de por sí relevante, se ha puesto más candente porque estamos a tres semanas y media de las elecciones y Amparo Casar es presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), un organismo que, se dice, es sostenido por dinero que proviene de Estados Unidos y tiene detrás a Claudio X. González, especie de bestia negra de los morenistas, a quien se atribuye un tipo de liderazgo político-espiritual sobre los partidos que sostienen la candidatura de Xóchitl Gálvez.
Los adversarios de AMLO y Morena afirman que en la denuncia contra Casar se obró con dolo y se violó la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Archivos, algo que tendrán que decidir las autoridades judiciales. Pero dicen que Pemex y AMLO pudieron dar a conocer el caso mediante una versión pública en la que omitieran los datos personales.
Para el Inai, lo que hicieron el Presidente de la República y el director de Pemex es un delito, y ya inició una investigación “de oficio”, según dicen. La paradoja es que el Instituto Nacional de Acceso a la Información considere punible dar a conocer el eventual e indebido uso de recursos públicos en favor de particulares.
Por supuesto, uno o más jueces tendrán que resolver si AMLO y el director de Pemex incurrieron en falta, pero si las leyes protegen a quien comete un fraude, como puede ser el de la presidenta de MCCI, entonces habría que modificar esa legislación, porque los mexicanos tenemos derecho a conocer casos en los que nuestros impuestos van a bolsillos indebidos.
La estridencia en torno al caso seguirá durante las próximas semanas, pues lo que importa a las partes es influir en los resultados electorales. Si proceden uno o más juicios en torno al asunto, sabremos de más declaraciones de ambos bandos, y en uno y otro sentido habrá penalidades, amparos y otros recursos jurídicos, aunque, previsiblemente, todo acabará en humo, en verborrea política, en nada…