Periodistas Unidos. Ciudad de México. 02 de febrero de 2022.- Varias informaciones nos hablan de la extensa violencia que padecemos y es necesario atacar de muy diversas formas.
Los asesinatos en Quintana Roo de canadienses, lo que muestra que el narcotráfico en la patria de Justin Trudeau está al alza, lo que se mostraba en la serie de Netflix: Bad Blood. La manta en la costera de Acapulco, donde una taquería dice que cerró por el cobro de piso. El reciente asesinato en Michoacán del periodista: Roberto Toledo; en tanto el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, Cuevas dice que el caído no es informador.
Frente a ese panorama, son importantes las tareas de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), detalladas en el Senado de la República, y la insistencia de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), en la iniciativa mexicana para que los fabricantes de armas en Estados Unidos sean demandados por su negligente labor de proveer de fusiles de alto impacto y otros objetos mortíferos a los narcotraficantes mexicanos.
Vamos por partes.
Rosa Icela, aparte de señalar que ha bajado el secuestro, el robo en sus diferentes modalidades; el homicidio doloso en cuatro por ciento y el robo de hidrocarburos en 93 por ciento, lo que en este último caso trajo una recuperación al presupuesto de 18 mil millones de pesos, tuvo a bien hacer propuestas importantísimas.
Planteó ante los Senadores de la República: tipificar como delito la venta de videojuegos que promueven la violencia y el consumo de drogas (La Jornada, 31 de enero), lo cual es fundamental para que los pequeños no se formen en un ambiente más agresivo del que ya padecen en muchos hogares y en una sociedad que alienta el triunfo por encima de todo, algo inhumano.
Pidió, Rosa Icela, que los 13 mil 400 millones de pesos que se le incautaron al crimen organizado y las 36 mil cuentas bancarias que están congeladas y se les retuvieron a los malosos y a los delincuentes de cuello blanco, sean destinadas para equipar a todos los cuerpos policiacos del país; los recursos, aseguró la funcionaria, están ahí, y podrían destinarse a la compra de vehículos, armas, chalecos, uniformes (y aumentar los salarios de los gendarmes municipales, añado).
También mencionó la Secretaria que es indispensable devolver al ejecutivo federal y a los estatales, la facultad de autorizar el traslado de reos de centros locales a penales federales, atribución que tienen hoy el poder judicial, concretamente los jueces de ejecución.
Es sabido que muchos jefes de los cárteles están en penales de baja seguridad, y ellos son quienes mandan en los mismos. Incluso allí las peleas entre clanes traen como resultado decenas de enfrentamientos y lesionados, incluso una buena cantidad de muertos.
Por lo tanto, posibilitar que en los reclusorios de alta seguridad estén los más peligrosos, traerá como resultado una situación más segura para todos.
Propuestas sensatas, viables para realizar y eficaces para evitar mayor derramamiento de sangre.
Y como anota el especialista Alejandro Hope, en la lucha contra la delincuencia hay que ir paso a paso sentando bases firmes (El Universal, 31 de enero).
Por su parte, Marcelo Ebrard rechazó los argumentos de ocho armeras estadounidenses y solicitó a un juez de Massachusetts mantener la demanda civil por negligencia en la fabricación y venta de armas que posibilitan la violencia de los cárteles mexicanos.
Lo excepcional fue que 14 procuradores generales de Estados Unidos: de California a Oregon, pasando por Nueva York y otros importantes estados; más decenas de fiscales distritales y una buena cantidad de organizaciones de la sociedad civil estadounidense, entre ellas: Every for Gun Safety, con ocho millones de afiliados (David Brooks, La Jornada, 1 de febrero), apoyaron la petición mexicana, bajo la denominación de Amigos de la Corte.
Lo que muestra, claramente, que en yanquilandia hay una grave preocupación por la violencia que puede inundar aquel país si el locuaz, pero sumamente popular de Donald Trump gana las elecciones de 2024.
Propuestas con el objeto de detener la violencia, y no policías que ayudaban a los narcos, como el actual detenido: Facundo Rosas.