Cautela con lo cautelar

Foto: Cuartoscuro

Por Humberto Mussachio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 18 de diciembre de 2020.- El INE y el Tribunal Electoral no tienen que estar de acuerdo en todo y por todo. Tienen, sí, la obligación de actuar responsablemente para evitar el desacuerdo permanente en que viven. Pero más tarda el Instituto Nacional Electoral en adoptar un acuerdo, que el TEPJF en echarlo abajo, lo que evidencia falta de criterios similares, cuando no la gana de restar fuerza al primero o, lo que es peor, un interés que no coincide con el interés social o los principios democráticos y, desde luego, da lugar a suspicacias.

Hace unos días, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE dictó medidas cautelares contra el presidente López Obrador, a propósito de sus reiteradas declaraciones públicas sobre partidos y candidatos, lo que, por supuesto, tiene el efecto de influir en las decisiones electorales de la ciudadanía.

La reconvención del INE se produjo después de que, en la conferencia mañanera del 7 de diciembre, AMLO se refirió a la alianza del PRI, el PAN y el PRD destinada a quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados. López Obrador aludió a la triple alianza en los siguientes términos: “Ya quedó al descubierto que son lo mismo, defienden la misma política antipopular, entreguista. Se unieron para imponer el modelo neoliberal, para privatizar, saquear, imponer un régimen antidemocrático, corrupto, que llevó al país a una crisis política, económica, de pérdida de valores”.

Por supuesto, se puede estar de acuerdo con tales consideraciones, pero decirlo corresponde a los partidos y otras organizaciones sociales o a los ciudadanos en lo particular, no al Presidente de la República, que con tal investidura emplea de manera facciosa recursos que pagamos los ciudadanos, como son los correspondientes al lugar —el Palacio Nacional— desde el cual emite sus mensajes, los que se trasmiten por la radio y la televisión públicas, echando mano de personal, mobiliario, papelería y otros elementos que cuestan dinero que se toma de los impuestos.

Por todo eso el INE emitió la medida cautelar en un comunicado que cabe citar a la letra: “Se ordena al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se abstenga de realizar o emitir expresiones y declaraciones de índole electoral, así como de utilizar los espacios de comunicación oficial y aprovechar las funciones inherentes a su cargo para esos mismos efectos”.

De inmediato respondió el aludido, quien dijo textualmente: “Yo creo que sí tengo la libertad y la debo ejercer para aclarar, argumentar y replicar. Ahora, si me dicen que ya no debo decir nada, aunque me estén atacando, pues nada más que lo fundamenten y entonces me quedaría callado, estoicamente, aguantando los ataques. Considero que eso no es equitativo, sería injusto, sería quitarme mi libertad”.

Por supuesto, la persona que responde al nombre de Andrés Manuel López Obrador puede creer lo que guste y puede opinar libremente en favor o en contra de una o más fuerzas políticas. Como simple ciudadano, por supuesto que sí, pero de ninguna manera como el jefe de la nación, que debe gobernar para todos, no sólo para sus simpatizantes.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en otro de sus frecuentes traspiés, revocó las medidas cautelares dispuestas por el INE. La siempre desconcertante Janine Otálora arguyó que no procede la advertencia “sobre actos futuros de realización incierta”, pues eso “constituye un acto de censura previa que viola el principio de legalidad previsto en la Constitución Política”. ¿De veras?

Doña Janine olvida que AMLO más de una vez ya había incurrido en falta con sus declaraciones y que los funcionarios públicos deben ceñir su actuación a lo dispuesto por el marco jurídico, y nada más. No tienen derechos, tienen atribuciones.

Tan es así, que en el mismo documento en que echa abajo las medidas cautelares dictadas por el INE, el Tribunal de marras incluye una medida cautelar, preventiva, pues advierte al Presidente de la República, a su gabinete, a los gobernadores y presidentes municipales, que deben abstenerse de intervenir en los procesos electorales y respetar y hacer valer el principio de neutralidad y lo establecido en el artículo 134 constitucional.

Por supuesto, eso ya lo saben los funcionarios, pero suelen olvidarlo cuando les conviene.