Periodistas Unidos/El Punto Crítico. 28 de enero de 2023.- Hasta hoy, prácticamente toda la crítica por el tema del plagio de Yasmín Esquivel está cargada sobre la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM) a pesar de que la universidad ni la propuso, ni la eligió, ni paga su salario, ni sufre los riesgos legales o el costo político de su actuación como ministra espuria. Extrañamente, ni el presidente que la propuso, ni los senadores que la eligieron, ni tampoco la Suprema Corte que vive mancillada y en entredicho por su presencia en el Pleno, se han molestado en decir absolutamente nada sobre su permanencia o salida del cargo.
Es cierto que el rector Enrique Graue ha hecho poco y casi todo lo que ha dicho ha sido totalmente a destiempo y, en general, completamente desafortunado.
La universidad está obligada a limpiar ese desastre, pero más que seguir cuestionando a un rector cuyo tamaño y alcances ya quedaron demostrados, es tiempo de preguntarse por las otras tres instituciones involucradas en el asunto: La Suprema Corte, el Senado y la Presidencia de la República, hasta ahora cómodamente agachados detrás del vapuleado escudo de la UNAM.
¿Qué habrían hecho Corte, Senado y Presidencia, si el viernes 20 de enero, Enrique Graue hubiera anunciado, simple y llanamente que, en ejercicio de la autonomía de la Máxima Casa de Estudios, y con fundamento en el artículo 97, fracción III del Estatuto General de la UNAM, una vez documentado amplia y plenamente el plagio y el fraude académico, mediante la ayuda fraudulenta, atribuible a la alumna Yasmín Esquivel Mossa, la UNAM decretaba la anulación del examen profesional y por lo tanto la nulidad del título de la ministra pasante?
La Corte es quien paga y quien carga con el peso de tener en su seno, en su Pleno y en la deliberación de los asuntos que resuelve como máximo tribunal, a una persona que hoy, por lo menos incumple el requisito establecido al inicio de la fracción IV del artículo 95 de la Constitución: de tener buena fama pública, para ser ministro del máximo tribunal.
El rector de la UNAM ya señaló y reiteró, en forma de sentencia ética, la existencia de un plagio. No solo eso, además se lo atribuyó a la ministra Yasmín Esquivel, a quien mencionó con nombre y apellidos como la responsable de una conducta que agravia a toda la comunidad universitaria.
Más allá de que a la institución académica le falte o no normatividad para retirarle legalmente el título a su exalumna plagiaria, la condena ética sobre su proceder ya existe y fue dictada, después de un análisis colegiado de un comité especializado, nada menos que por la mayor autoridad dentro de la máxima casa de estudios. Si el señalamiento de Enrique Graue no afecta la buena fama pública de la ministra, se debe simplemente a que Yasmín Esquivel ya no tiene una buena fama pública que afectar, en otras palabras: nadie puede perder lo que no tiene. Esa situación, la evidente y ahora incontrovertible perdida de la confiabilidad de Esquivel Mossa, el cambio de percepción sobre su persona vuelve todavía más incomprensible el silencio de la Corte porque ese silencio la vuelve cómplice del engaño. Eso altera, a su vez, la credibilidad y confianza en su Pleno y en todas sus decisiones.
En esas condiciones, ¿Por qué el tribunal constitucional espera a que se materialice algo de realización incierta: la revocación legal de un título académico, cuando ya quedó determinado que Esquivel incumple otro requisito fundamental, tener buena reputación, ¿para ser ministra?
La Corte, igual que la UNAM, en el caso del título, carece de normatividad clara y expresa, para remover a una ministra o a un ministro de su Pleno. Sin embargo, el llamado máximo tribunal no ha dicho nada y tampoco ha sido cuestionado por casi nadie, a pesar de ser la institución más conflictuada con la presencia y la permanencia de una ministra que, aunque puede alegar todavía en su favor el respeto a la legalidad, ha perdido la legitimidad necesaria para mantenerse en el cargo. Por lo menos, debierá pedir licencia entanto se investiga el caso, para evitar conflictos con las resoluciones en las que pudiera participar a fin de evitir controversias en el futuro.
El Senado de la República eligió a Yasmín Esquivel de la terna que le propuso el presidente López Obrador. Si bien es cierto que para hacerlo confió en la certificación universitaria que implica el título de licenciada en Derecho expedido por la UNAM, una vez que ha quedado al descubierto el plagio de hace 35 años, y que se ha producido la condena ética por parte del rector Graue, las cosas han cambiado. La cámara alta tendría que admitir, de inmediato, la necesidad de revisar sus procesos y revocar su nombramiento porque está viciado de nulidad al faltar el requisito de la buena fama pública en la ministra. Lo siguiente para el Senado sería reponer su propio procedimiento y elegir a otra u otro ministro, quizá dentro de la misma terna que integró Yasmín Esquivel.
Curiosamente el Senado, que nombró a Esquivel apenas en marzo de 2019, tampoco tiene un procedimiento expreso previsto para revocar un nombramiento y por eso ha guardado un cómodo pero inconveniente silencio, evitando el bombardeo que enfrenta la UNAM por no revocar un título expedido hace 35 años.
Por último está el presidente López Obrador, amigo de Yasmín Esquivel, y socio de su esposo José María Rioboo y padre político de la ministra porque fue él quien hizo posible su llegada al cargo al incluirla en una terna. El presidente pidió a la UNAM y a su rector que no evadieran su responsabilidad y obtuvo justo lo que demandó. Enrique Graue ya compareció ante la opinión pública y la sociedad para declarar, categóricamente, que Esquivel plagió la tesis profesional con la que se tituló en 1987, que esa conducta agravió y lastimó a la universidad por ir en contra de lo que la institución representa, además de expresar la duda sobre los mecanismos de la UNAM para revocar el título y comprometerse a no actuar más allá de la legalidad y a evitar los juicios sumarios.
La definición que exigió el presidente a la UNAM ya está ahí: Esquivel Mossa, su amiga, es una plagiaria y así ha sido señalada públicamente por el rector Enrique Graue, quien más allá de su poco carisma y su confuso mensaje, fue categórico en su expresión de condena hacia la ex alumna que engañó a la Universidad.
¿Acaso el presidente López Obrador va a mantener a Yasmín Esquivel en el Pleno, sin importarle que haya quedado acreditada su falta de probidad? A decir del rector, la todavía ministra mintió, robó, engañó y defraudó, tanto a la UNAM como a la sociedad, al presidente que la propuso y al Senado de la República que la ratifico. Eso significa que actuó justo contra el mantra de la 4T que López Obrador repite cada vez que tiene oportunidad.
¿Qué hará el presidente al respecto? ¿Nada?