AMEXI. Ciudad de México. 13 de octubre de 2024.- Indudablemente la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República está impulsada por grandes esperanzas democráticas. La prueba más clara de ello son los casi 36 millones de votos que obtuvo en la elección, cifra aún mayor que la que obtuvo Andrés Manuel López Obrador en 2018, la cual fue de poco más de 30 millones. De hecho, Claudia es la candidata a la Presidencia más votada en la historia de México hasta hoy.
Estas esperanzas democráticas fueron retomadas en el discurso que dio durante la ceremonia de toma de protesta en la cual tocó varios puntos. Dos de ellos llaman la atención a nivel de la narrativa y la apropiación de la historia, que desde el sexenio anterior ha pretendido hacer el gobierno. El primero es que la mandataria refirió al régimen de la Cuarta Transformación como los “herederos” de gestas democráticas que van desde la revolución de independencia de México hasta el día de hoy, y el segundo que mencionó fue que el fortalecimiento de la Guardia Nacional, con su reforma, no es militarización.
Respecto a esa apropiación oficialista de la historia, que busca dar un uso pernicioso de la memoria histórica de luchas democráticas y, en ciertos momentos anticapitalistas en México ─sumamente disimiles entre sí─, hablé en este espacio (https://acortar.link/GZYT6U), donde señalé que, en los casos que aplica, se les reivindica privándolas de ese núcleo de lucha intransigente contra el capital que les caracterizó: casos emblemáticos son las experiencias del Partido Liberal Mexicano ─a inicios del siglo pasado─ y la Liga Comunista 23 de Septiembre ─que fue de 1973 a inicios de los ochenta─.
La dimensión perniciosa se encuentra en que, a través de la identificación de dichos procesos con el gobierno, este busca obtener legitimidad para desmovilizar a la oposición y organización por izquierda que pueda surgir contra él para dar batalla buscando lograr reivindicaciones democráticas como, por ejemplo, un alto a la militarización del país; esa que dentro de la narrativa oficialista se niega que aún exista.
Parafraseando al académico Roberto González Villarreal ─especialista en el estudio del fenómeno de la desaparición forzada en México─, la militarización implica un conjunto de prácticas, instituciones, organizaciones, decisiones, leyes y normativas que han expandido la presencia, actividades, funciones, atribuciones y gestiones del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina en la seguridad pública, en la operación, administración y usufructo de negocios, aduanas, fronteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos, así como la posibilidad de continuar expandiendo dichas facultades en el ámbito civil ─y de la vida pública en general─ para garantizar el avance de los intereses capitalistas nacionales y transnacionales ─imperialistas─, dotando a la milicia, aún en mayor medida, de impunidad para actuar sin importar que se violen derechos humanos.
Desde que el panista Felipe Calderón llegó a la Presidencia de la República a través de una elección fraudulenta en 2006, propuso un plan sectorial de seguridad nacional ─en 2007─ que fue aprobado y cuyo decreto fue publicado en 2008. En aras supuestamente de combatir la violencia provocada por el narcotráfico, dicho plan estableció que “…los objetivos, estrategias y líneas de acción que realizarán el Ejército y Fuerza Aérea para cumplir con sus misiones de Defensa Nacional y a la vez, constituir un sólido apoyo a la política del Estado Mexicano, mediante la coordinación y cooperación con otras dependencias, en actividades relacionadas con el mantenimiento del orden interno, combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada, seguridad pública”, iniciando una nueva etapa, de mayor profundización, del proceso de militarización del país que, sin embargo, llevaba décadas desarrollándose; lo vemos al menos desde los setenta del siglo pasado con dos Operaciones, la “Condor” en Sinaloa y la “Aldea Vietnamita” en Guerrero, ambas con objetivos contrainsurgentes ─para combatir, precisamente, a organizaciones como la Liga Comunista 23 de Septiembre y el Partido de los Pobres─ y de contención del descontento social.
Esa profundización de la militarización que inició en el calderonato tuvo continuidad en los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, continuando en los primeros días de Claudia Sheinbaum ya que el Ejército sigue en las calles haciendo labores de seguridad pública. Su influencia en la vida civil es cada vez mayor, pues se les ha dotado de más facultades en diversos ámbitos y presupuestalmente gozan de más recursos, con la terrible consecuencia de dejar una estela de desapariciones forzadas y asesinatos a lo largo y ancho del país en los que han estado involucradas las Fuerzas Armadas.
Una de las consecuencias más notorias de la militarización en tiempos recientes fue el ataque en Iguala, Guerrero, donde fuerzas paramilitares del crimen organizado, en coordinación con policías de los tres niveles de gobierno y Ejército Mexicano, agredieron a balazos y asesinaron a estudiantes, deportistas, periodistas, profesores y personas que se encontraban en las calles de esa ciudad la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, y en los que resultaron desaparecidos de manera forzada los 43 normalistas de Ayotzinapa, hechos en los cuales no ha habido verdad ni justicia debido a la protección de la que aún gozan altos mandos castrenses y civiles de gobierno.
Si tomamos en cuenta la definición que retomamos de militarización, ese es también uno de sus efectos: la impunidad que las Fuerzas Armadas, como institución en su conjunto, tienen para pisotear derechos humanos.
Durante su primera conferencia mañanera el 2 de octubre, la presidencia Claudia Sheinbaum volvió a reivindicarse como heredera de luchas democráticas : “yo soy hija del 68” ─movimiento que en México también tuvo un importante componente anticapitalista, lo cual nuevamente omitió mencionar─ dijo a la vez que, en nombre del gobierno mexicano, pidió perdón a las víctimas de la masacre de Tlatelolco e inmediatamente se dio lectura a un acuerdo con el que, entre otras cosas, su administración se comprometió a no reprimir a la población.
No duró mucho el compromiso: para esa misma tarde el cuerpo de granaderos de la Ciudad de México agredió a manifestantes en la marcha para recordar y exigir justicia por las y los caídos a 56 años de la masacre y, para la tarde noche, el fantasma de la militarización hizo acto de presencia; 6 migrantes fueron asesinados por las balas de la Guardia Nacional en Chiapas. La primera masacre en el primer día de gobierno de quien, junto al régimen, se dice la heredera de poco más de 200 años de luchas democráticas en México.
Recuerdo que el 1ro de diciembre de 2012 en Los Mochis, Sinaloa, hubo una manifestación del #YoSoy132 contra el regreso del PRI a la Presidencia de la República en la persona de Enrique Peña Nieto. A los manifestantes les había llegado la noticia de un asesinado durante la jornada de lucha que se estaba llevando a cabo en las calles de la Ciudad de México por la misma razón. Al saber eso, inmediatamente el contingente mochitense se dirigió hacia las oficinas municipales del PRI en Ahome. Llegado al local, decenas de personas gritaban “esos son, esos son, los que chingan la nación”, y se escuchó una voz entre la multitud que decía: “¡ya asesinaron a camaradas en el DF, ese es el preludio de lo que va a ser el gobierno de Peña Nieto, camaradas, va a haber mano dura contra los movimientos sociales!” (https://acortar.link/Os0Jz2). Poco menos de dos años después, vino la noche de Iguala y en 2016 la masacre de Nochixtlán contra el magisterio democrático que luchaba por detener la reforma educativa neoliberal peñanietista.
¿Serán los hechos represivos y la masacre ocurridos el primer día del gobierno de Sheinbaum un preludio de lo que viene en el segundo piso de la 4T con su innegable militarización a pesar de la narrativa oficialista? Probablemente. Nadie puede predecir con total certeza el futuro, aunque los indicadores en materia de militarización son alarmantes.
Además, hay un abismo de diferencia en la forma en que llegan uno y otra a la Presidencia: Peña Nieto, sumamente cuestionado, y Claudia con una gran legitimidad y una hegemonía indiscutible que, sin embargo, con la inercia de su antecesor, están siendo instrumentalizadas para ampliar la influencia de las instituciones castrenses.
Lo que es un hecho es que, quienes luchamos contra la militarización del país, contra megaproyectos, contra la precariedad de la vida y del trabajo, por la defensa del territorio y en solidaridad con comunidades indígenas, por los derechos de las mujeres y las disidencias sexogenéricas, por la aparición de miles de desaparecidos en México y también, desde esta parte del mundo, contra regímenes genocidas como el del Estado de Israel y contra toda la miseria que nos impone el capitalismo a la especie humana, debemos avanzar para organizarnos y dar la batalla con independencia política y por izquierda en este nuevo contexto. ¡Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden!
* Psicólogo y maestro en Educación por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Doctorante en la UPN Unidad Ajusco. Interesado en temas de violencia política en educación superior.