Por Ameyali Flores
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de abril de 2026.- En tiempos de redes sociales, la plaza pública ya no está en el zócalo ni en la esquina del pueblo: está en la pantalla del teléfono. Ahí se juzga, se sentencia y se ejecuta reputacionalmente en cuestión de minutos. No hay derecho de réplica, no hay contexto y, muchas veces, tampoco verdad. Solo una turba digital con sed de castigo.
Eso ocurrió recientemente en Cuajimalpa con Ricardo Grajales, entonces director de Pueblos Originarios de la alcaldía, quien fue exhibido públicamente tras difundirse un video de un altercado con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a quienes él mismo había solicitado.
Su pecado visible en el video: pronunciar dos palabras en medio del enojo y la tensión: “estúpido” e “imbécil”.
Dos palabras
Dos palabras que, seamos honestos, casi cualquiera ha dicho alguna vez en un momento de frustración. Que tire la primera piedra quien nunca perdió la paciencia en una discusión, quien nunca respondió mal, quien nunca dejó que el enojo hablara antes que la prudencia.
Pero en la era del linchamiento digital, no importa la proporción entre el error y el castigo. Importa la oportunidad de crucificar.
Miles de comentarios inundaron las redes sociales exigiendo una cabeza. La presión mediática creció y el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, anunció la destitución inmediata de Grajales de su cargo. La condena fue rápida, ejemplar y, sobre todo, útil políticamente.
Porque hoy la política también se administra con algoritmos: si las redes gritan, el poder responde.
El problema no fue únicamente el insulto. En medio de esa avalancha apareció una versión todavía más grave: que Ricardo Grajales había golpeado a una mujer y agredido a vecinos. La narrativa estaba servida: funcionario violento, abusivo y misógino. El personaje perfecto para la indignación colectiva.
Sin embargo, existe otro video —distinto al difundido inicialmente y omitido por varios espacios de comunicación— donde se observa que no golpeó a ninguna mujer, ni a nadie. No hubo tal agresión física. Los propios elementos de seguridad se lo llevaron y, horas después, lo regresaron a su domicilio cerca de las tres de la mañana.
Es decir: la versión más grave, la que incendió la conversación pública, no estaba sustentada.
Y aquí es donde el problema deja de ser un funcionario y se convierte en un síntoma social.
Cuando un medio publica sin contexto, sin contraste y sin la mínima técnica periodística, no informa: fabrica culpables. Cuando las redes replican sin cuestionar, no participan: obedecen. Y cuando la opinión pública condena sin pruebas, deja de ser ciudadanía crítica para convertirse en rebaño.
México vive una peligrosa normalización del linchamiento digital. Según el INEGI, más del 84% de los mexicanos consume noticias a través de redes sociales y plataformas digitales, donde la velocidad suele imponerse sobre la verificación. La reputación de una persona puede destruirse en horas, aunque la verdad tarde días, semanas o nunca en llegar.
La lógica es perversa: la acusación viral siempre pesa más que la aclaración tardía.
No se trata de defender a Ricardo Grajales ni de justificar conductas incorrectas. Si un servidor público se equivoca, debe asumir consecuencias. Pero una cosa es exigir responsabilidad y otra muy distinta fabricar una crucifixión pública basada en medias verdades, rumores o ediciones convenientes.
La justicia no puede depender de los likes
Hoy fue Ricardo Grajales. Mañana puede ser cualquiera.
Porque cuando la sociedad renuncia a pensar y decide solo reaccionar, todos estamos en riesgo. Cuando dejamos de cuestionar y preferimos seguir la narrativa más escandalosa, nos convertimos en cómplices de la injusticia.
Ser críticos no significa defender personas; significa defender principios.
Y uno de ellos debería ser elemental: antes de condenar, hay que entender.
Porque crucificar siempre será más fácil que investigar.