Por Ana Lluvia García
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de junio de 2026.- Las imágenes de automóviles flotando, viviendas inundadas y vialidades convertidas en ríos suelen ir acompañadas de una explicación aparentemente sencilla: fueron lluvias extraordinarias. Pero esa explicación evita responder la pregunta verdaderamente importante. Las lluvias son un fenómeno natural; el desastre es una responsabilidad pública. Ninguna ciudad colapsa únicamente porque llueve. Colapsa cuando durante años se deja de planificar el territorio, se abandona la infraestructura hidráulica, se permite la degradación de la cuenca y se gobierna sin una visión integral del agua. Cada inundación pone en evidencia no solo la fuerza de la naturaleza, sino también las decisiones, omisiones y prioridades de quienes han tenido la responsabilidad de administrar la ciudad.
Lo ocurrido en Puebla capital no puede entenderse como un accidente imprevisible ni como una fatalidad inevitable. Es la consecuencia de décadas de decisiones que privilegiaron la expansión urbana por encima de la lógica de la cuenca hidrológica, permitieron la pérdida de áreas de infiltración, pospusieron la construcción y rehabilitación de infraestructura pluvial y fragmentaron la gestión del agua entre distintos actores sin una estrategia común. El municipio, como autoridad responsable del ordenamiento territorial, la planeación urbana, la gestión integral del riesgo, el mantenimiento de buena parte de la infraestructura pluvial y la protección del arbolado urbano, tiene una responsabilidad ineludible. La ciudad que hoy se inunda es, en buena medida, el resultado de la ciudad que durante años se decidió construir.
La paradoja de Puebla es una de las expresiones más evidentes de una crisis de seguridad hídrica. Durante buena parte del año miles de familias enfrentan problemas de abastecimiento de agua potable; cuando llegan las lluvias, la ciudad tampoco es capaz de conducir, infiltrar, almacenar o regular el exceso de agua. La misma infraestructura que falla para garantizar el derecho humano al agua tampoco logra proteger a la población frente a las inundaciones. Escasez y exceso de agua no son problemas opuestos: son las dos caras de un mismo modelo de gestión que ha demostrado ser incapaz de responder a las necesidades de una ciudad metropolitana.
En este contexto también debe analizarse el papel de la empresa concesionaria. La concesión del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento fue presentada como un mecanismo para mejorar la eficiencia, modernizar la infraestructura y garantizar inversiones permanentes. Sin embargo, los rezagos acumulados muestran una realidad distinta. Persisten deficiencias en el mantenimiento de la red, existen carencias históricas en la rehabilitación de colectores y sistemas de desalojo pluvial, y la infraestructura disponible resulta insuficiente frente al crecimiento urbano. Más allá de los alcances específicos del contrato de concesión, resulta legítimo cuestionar si el modelo realmente ha fortalecido la resiliencia hidráulica de la ciudad o si, por el contrario, ha privilegiado la administración del servicio por encima de la inversión estructural que requiere un sistema cada vez más presionado.
Pero el problema no comienza en las alcantarillas. Comienza mucho antes, en la cuenca hidrológica. Durante décadas las zonas forestales que rodean el valle han sufrido procesos de deforestación y cambio de uso de suelo que disminuyen la capacidad natural del territorio para infiltrar y regular el agua. Un bosque funciona como una enorme infraestructura natural: intercepta parte de la lluvia, permite que el suelo retenga humedad, alimenta los acuíferos y libera gradualmente el agua hacia los ríos. Cuando esa cobertura desaparece, los escurrimientos superficiales aumentan, la erosión se intensifica y enormes cantidades de sedimentos terminan azolvando barrancas, colectores y sistemas de drenaje. Lo que ocurre en las partes altas de la cuenca termina manifestándose horas después en las calles inundadas de Puebla.
La propia ciudad ha profundizado esta vulnerabilidad. Durante décadas el crecimiento urbano cubrió antiguos cauces con concreto, rellenó barrancas, redujo humedales y sustituyó suelo permeable por vialidades, estacionamientos y desarrollos inmobiliarios. A ello se suma un déficit histórico de áreas verdes. Puebla capital cuenta con menos árboles y superficies arboladas de las recomendadas para garantizar una ciudad ambientalmente saludable. Esta pérdida no solo incrementa la temperatura urbana y deteriora la calidad del aire; también reduce la infiltración de agua de lluvia, acelera el escurrimiento superficial y satura la red de drenaje. Los árboles forman parte de la infraestructura hidráulica de una ciudad. Ampliar el arbolado urbano no constituye únicamente una política ambiental; es una estrategia de prevención de inundaciones, adaptación climática y salud pública.
Existen además decisiones de infraestructura cuyas consecuencias siguen presentes. Diversos especialistas han señalado que algunas obras ejecutadas durante el periodo del morenovallismo modificaron el comportamiento hidráulico de corredores estratégicos como el bulevar Atlixcáyotl, alterando escurrimientos naturales y generando cuellos de botella en el sistema pluvial. Cuando esas intervenciones no son corregidas ni acompañadas por nuevas inversiones, los problemas se acumulan hasta hacerse visibles durante las tormentas más intensas.
Después de cada inundación suele repetirse la misma narrativa: la culpa es de quienes arrojan basura a las calles o de una naturaleza supuestamente impredecible. Esa explicación resulta cómoda porque traslada la responsabilidad a los ciudadanos o a la fatalidad. Nadie puede negar que los residuos sólidos obstruyen coladeras ni que las lluvias intensas representan un desafío; sin embargo, ninguna de esas circunstancias explica por sí sola el colapso de una ciudad completa. Una infraestructura adecuadamente planeada y mantenida debe prever precisamente esos escenarios. Cuando la explicación oficial comienza y termina en la basura o en la lluvia, lo que se intenta ocultar es la ausencia de mantenimiento, la falta de inversión, el rezago en la construcción de infraestructura hidráulica y la inexistencia de una política integral para la gestión de la cuenca.
El verdadero debate no consiste en determinar si llovió demasiado. Consiste en preguntarnos por qué una ciudad que padece escasez de agua durante meses es incapaz de aprovechar esa misma lluvia para recargar sus acuíferos y, al mismo tiempo, incapaz de conducirla sin convertirla en una amenaza para su población. Esa contradicción define una crisis de seguridad hídrica. Mientras el agua continúe administrándose de forma fragmentada y prevalezca una lógica de corto plazo sobre una estrategia de Estado, cada temporada de lluvias volverá a exhibir las mismas carencias. La naturaleza seguirá haciendo lo que siempre ha hecho. Lo que debe cambiar es la forma en que decidimos gobernar el agua, el territorio y la ciudad.