Periodistas Unidos. Ciudad de México. 06 de septiembre de 2024.- Incontenible, o más bien incontenido hasta ahora, el proceso de gentrificación se ha visto acelerado por aplicaciones como Airbnb y otras semejantes, lo mismo que por la llegada masiva de extranjeros —con mayor poder adquisitivo que el promedio de los mexicanos—, quienes trabajan a larga distancia mediante internet.
Gentrificación es un neologismo que describe el fenómeno que ocurre cuando una zona urbana se renueva, ya sea por reconstrucción o neocapitalización, lo que incide en una elevación súbita o de corto plazo en el valor del suelo, la habitación y los espacios comerciales, lo que origina la expulsión de quienes no pueden afrontar el alza de una renta o de aquellos propietarios que aprovechan la situación para vender sus propiedades a un buen precio.
En la Ciudad de México se han presentado varios casos de gentrificación, especialmente en colonias como la Roma o la Condesa, tradicionalmente atractivas, las que ahora alojan en forma abundante oficinas y giros mercantiles, como cafés y restaurantes, lo que indudablemente representa un atractivo urbano.
Por supuesto, un proceso como el descrito origina problemas: mayor gasto de agua, más demanda de electricidad y otros servicios que debe atender la autoridad, pero los principales afectados son los habitantes de menor poder adquisitivo, que son desplazados hacia zonas donde los inmuebles son más baratos, que, en el caso de la Ciudad de México, generalmente están en el oriente y el norte de la periferia.
Ese desplazamiento forzado representa un gravísimo problema social, pues en muchos casos pone a las familias lejos de los lugares de trabajo y de los centros de educación superior. De ahí que las autoridades capitalinas hayan procedido a reformar el artículo tercero de la Constitución Política de la Ciudad de México.
La modificación se hizo al inciso “a” del artículo tercero, que anteriormente proclamaba, entre otras cosas, “el respeto a la propiedad privada”, y que ahora, merced a la reforma, aporta una mayor precisión, pues asume entre sus principios el “respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Esa redacción fue aprobada en forma unánime por todos los legisladores del Congreso local, tanto los reunidos en los grupos parlamentarios de Morena, el PT, el PVEM, el PAN, el PRI y el extinto PRD, al igual que los independientes. Por eso resulta inexplicable la declaración del diputado local panista Diego Garrido, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, quien dijo que “con la reforma publicada el lunes no está en riego la propiedad privada ni hay riesgo de expropiación”, pero a su juicio “está latente que la 4T proponga alguna reforma que incluya el concepto de propiedad social”.
Pues sí, pero el hecho es que esa reforma “latente” tendría que recaer primeramente en la Constitución General de la República, lo que, hasta donde sabemos, no está en el orden del día del Poder Legislativo federal, que es el facultado para una modificación de ese alcance.
Pero podemos sospechar que no es una nueva reforma lo que preocupa a los críticos de la reforma, sino lo que aparece al principio de este artículo: lo referente a la gentrificación. De acuerdo con Inti Muñoz, actual titular de la Seduvi y próximo secretario de Vivienda, “las facilidades administrativas que se otorgaron a los desarrolladores inmobiliarios”, las que beneficiaron al Cártel Inmobiliario panista, “serán revisadas y adecuadas para enfrentar los nuevos y diversos retos en materia de desarrollo urbano en la Ciudad de México”.
Igualmente, el funcionario declaró que se debe “frenar la gentrificación, pero antes se tiene que definir hacia dónde debe seguir creciendo la ciudad y dónde ya no es posible, ya sea por una cuestión ambiental, hídrica, social o por el tipo de suelo”.
No menos importante es que Muñoz Santini anunció la construcción de vivienda popular, no sólo para que los ciudadanos la adquieran en propiedad, sino para que la alquilen si eso les resulta más conveniente. De ahí nace el temor de ciertos constructores y propietarios protegidos por el PAN, porque la peor enemiga de la especulación es la demanda buena, barata y suficiente.