Defensores de la vida: sujetos sin garantías jurídicas. *
Fotografías: Francisco Lion – COTRIC
El presente texto es resultado del trabajo colectivo de la Red Universitaria Anticapitalista
Por Mayvelin Flores
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 20 de febrero de 2021.- El pasado 16 de febrero se cumplieron 25 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés entre el gobierno mexicano y el EZLN. Derivados de la primera mesa de dialogo sobre “Derechos y Cultura Indígena”, en estos acuerdos se plasman varias de las aspiraciones y demandas legítimas de los pueblos indígenas y originarios que se asientan en lo que hoy denominamos México. Una de estas demandas centrales fue el reconocimiento jurídico, y no sólo político, de los pueblos indígenas como sujetos de derecho.
Es conocido por quienes apelan a la memoria histórica que el gobierno federal de carácter priista de ese entonces, traicionó los términos establecidos para el dialogo, es decir el cumplimiento de los acuerdos firmados para continuar con el proceso de negociación. La simulación del gobierno, en su intención de resolver el conflicto armado, imposibilito que las siguientes mesas de dialogo sobre “Democracia y justicia”, “Bienestar y desarrollo”, “Reconciliación en Chiapas y derechos de la mujer”, así como la cancelación de la declaratoria de guerra hecha por el EZLN al gobierno mexicano y la firma del acuerdo de paz definitivo se realizaran.
Con la alternancia política de 2001, parecía abrirse una posibilidad para retomar el dialogo y el cumplimiento de los acuerdos firmados cinco años atrás. El resultado de este episodio fue la aprobación de una contrarreforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena, conocida como “Ley Cocopa”, que no sólo no retoma los aspectos sustanciales de los Acuerdos de San Andrés, sino que los contradice. Es así que los pueblos indígenas serán reconocidos como sujetos de interés publico y no como sujetos de derecho.
Con este revés, tanto el EZLN como el Congreso Nacional Indígena (organización que se constituye en 1996 a partir de los trabajos realizados para la primera mesa de dialogo), deciden dar la espalda a la clase política mexicana representada en los tres principales partidos políticos con registro (PRI, PAN, PRD). Aun con todo en contra, ambas organizaciones, concentraron sus esfuerzos organizativos en la defensa de sus territorios amenazados por megaproyectos y allí donde las condiciones se los permitieron a la construcción, por la vía de los hechos, de su autonomía.
Canceladas las vías institucionales desde 2001, ni siquiera la reforma constitucional de 2011 permite a los pueblos indígenas la defensa de sus derechos. Pese a que en el ámbito internacional se garantiza a los pueblos indígenas su derecho a la consulta previa, libre e informada sobre asuntos que les impactan de forma directa, tal es el caso de los megaproyectos que se pretenden instalar en sus territorios. El actual gobierno ha utilizado en su beneficio la contrarreforma de 2001, pues al no existir un sujeto jurídico reconocido constitucionalmente para realizar las consultas, el actual régimen esta construyendo de manera artificiosa los sujetos de las consultas que realiza, consultas que no cumplen con ninguna normatividad y son solo actos de propaganda electorera.
Por ello, a pesar de los diferentes recursos jurídicos interpuestos por los pueblos indígenas afectados por megaproyectos como el caso del Proyecto Integral Morelos o el Tren Maya, donde se han logrado suspensiones dictadas en favor de los pueblos indígenas, estos proyectos no se han detenido. Esta vez, la guerra la ha declarado el Estado y el gobierno a los pueblos indígenas, la disputa es por el territorio de estos pueblos en beneficio de capitales nacionales e internacionales que solo dejaran a su paso una estela de muerte y destrucción como se ha comprobado en otras latitudes.
Como prueba de esta guerra en contra de los pueblos indígenas, tenemos que desde 1996 y hasta la toma de protesta en 2018 del actual régimen, 112 miembros del CNI han sido asesinados y cinco más desaparecidos. La llegada de un “nuevo” partido al poder en este caso, no representó ninguna posibilidad de cambio. Para la clase política mexicana, el tema de los derechos de los pueblos indígenas es un capitulo cerrado. Más aún, el actual régimen representa para los pueblos indígenas aglutinados en el CNI –pero no sólo- la continuidad de varios megaproyectos que ponen en riesgo su existencia misma. Tan solo en los primeros dos años del actual gobierno, 11 integrantes del CNI fueron asesinados y otros cinco desaparecidos.
Como podemos ver los causes institucionales son limitados, aún así los pueblos indígenas siguen librando esta guerra por todos los frentes y con todos los medios a su alcance. Sin garantías jurídicas, los pueblos indígenas como sujeto colectivo están sumamente expuestos, corresponde a la sociedad organizada acompañar a estos defensores y hacer nuestras sus demandas. Pues en las condiciones actuales, la lucha de los compañeros del CNI se convierte en la defensa de la vida misma. Una posibilidad de vida distinta a la que el desarrollismo capitalista nos ofrece como única opción.
*En memoria del compañero Samir Flores, asesinado el 20 de febrero de 2019 a tres días de realizarse la “consulta de AMLO” para dar continuidad al Proyecto Integral Morelos.
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