Denuncia de María Rivera

Foto: Especial

Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 29 de septiembre de 2020.- El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes dio a conocer la lista de quienes recibirán las becas de pantalón largo durante los próximos tres años. El jurado de poesía, dice María Rivera, estuvo integrado por Jaime Ruiz, Romina Cazón y Julio Trujillo. Rivera señala que el juicio debe ser entre pares y que los dos primeros no tienen “mérito ni credenciales para poder ser jurado(s)”, en tanto que a Trujillo le señala que “también tiene sus filias”, lo que resulta perfectamente explicable, pues es explicable y muy normal que juzgue desde su particular punto de vista, generación, tendencia estética y preferencias literarias. No es el caso de los otros dos jurados, a quienes el autor de esta columna no tiene el gusto de conocer, pese a que sigue el movimiento cultural desde hace más de medio siglo. Para colmo, tampoco han recibido la beca cuyo otorgamiento ahora decidieron. Se trata, como es obvio, de una nueva y grave pifia de nuestras autoridades “culturales”, que para integrar jurados recurrieron a la insaculación sin saber a quienes metían en el costal. Cabe preguntar si por tan caudalosa regada se retiró Adriana Konzevik del Fonca desde el 19 de agosto, aunque ahora amenaza con volver.

QUEJA CONTRA LA SECRETARÍA DE CULTURA

A riesgo de que los satanicen como a los 650 y los acusen de neoliberales y conservadores, los grupos Asamblea por las Culturas, #NoVivimosdelAplauso y Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México decidieron interponer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (suerte les dé Dios) por violaciones a sus derechos culturales, políticos, laborales y humanos, tanto por acción como por omisión de naturaleza administrativa. De paso, aprovechan para recordarle a los mexicanos que la señora Alejandra Frausto carece de capacidad para ejercer el cargo de secretaria de Cultura, pues incurre, dicen los quejosos, en violación a sus responsabilidades, “incluida la transparencia de sus acciones, ya que no reporta de manera pública ni expedita el manejo de los recursos, mecanismos, criterios de asignación de presupuesto, ni selección de beneficiarios y programas”.

PIDEN PRORROGAR LOS POSGRADOS

Ante medidas dictadas debido a la pandemia, como el cierre de archivos, laboratorios y bibliotecas, así como las restricciones para realizar trabajo de campo, hechos que han obstaculizado o pospuesto los trabajos de investigación, en carta dirigida a la SEP, el Conacyt y a las personas responsables de los programas de posgrado, se exhorta a las instituciones “a prorrogar por un semestre el final de todos los programas de posgrado” y extender por igual periodo la vigencia de las becas que reciben los estudiantes de ese nivel académico. Entre los que firman están Margo Glantz, Pedro Salmerón Sanginés, Clara E. Lida, Juan Pedro Viqueira, Lucía Melgar, Ricardo Pérez Montfort, María Fernanda Lavín, Luis Fernando Granados y Adriana Guadarrama.

EMBISTEN CONTRA MORTON

En las subastas de la casa Morton han aparecido documentos provenientes de archivos oficiales, pero en lugar de investigar quiénes son los ladrones, las acusaciones se enderezan con la citada firma de remates, contra la que existe una demanda judicial. Hay que decir que Morton recibe bienes a subasta y que entre éstos puede haber algunos de procedencia ilícita, pero antes de las almonedas se exhiben al público y eso ha permitido descubrir objetos robados, especialmente los que han sido sustraídos de repositorios del Estado. De ahí que sea una irresponsable cortina de humo la demanda contra la casa subastadora, pues investigar, descubrir y perseguir delitos no es trabajo de una empresa privada, sino de las autoridades judiciales y de los funcionarios que dirigen instituciones que resguardan bienes púbicos.

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