Distinguir derechos y delitos
Foto: Moises Pablo / Cuartoscuro
Por Humberto Musacchio
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 13 de diciembre de 2019.- Tienen razón los empresarios que se quejan del vandalismo impune de los grupos autollamados anarcos. Las autoridades dicen que no criminalizarán la protesta social, pero ocurre que los actos delictivos de esos enmascarados operan directamente en contra de la protesta social, y la autoridad no tiene la atribución de negarse a aplicar la ley.
Nada justifica la agresión de las bandas fascistas a los policías, ni que dañen monumentos públicos, ataquen establecimientos comerciales o afecten con la violencia a personas ajenas a la protesta ni mucho menos que saboteen la protesta misma con actividades punibles. Los ciudadanos que ejercen sus derechos no andan por ahí enmascarados, saben dar la cara y así lo han hecho desde siempre.
Tiene razón Javier Corral, gobernador panista de Chihuahua, quien señala que es necesaria una reforma fiscal integral, porque a la federación y a los estados —agreguemos también a los municipios— “ya no les alcanzan las canicas”, según la expresión de ese mandatario. Esa reforma tendrá que gravar en serio a quienes más reciben y no invierten, deberá redistribuir lo recaudado, evitar la asfixiante centralización y otorgar a estados y municipios facultades suficientes para acabar o por lo menos paliar su permanente inopia.
No tiene razón el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, cuando demanda revertir la reforma que considera la expedición y recepción de facturas falsas como crimen organizado. No tiene razón cuando afirma que tal reforma ahuyentará la inversión, porque difícilmente el capital tendrá mayor tasa de ganancia en otro país.
Tiene razón, eso sí, cuando señala que la amenaza de castigo a quienes incurran en facturación delictiva o reciban y usen esos documentos para burlar al fisco “generará miedo en los contribuyentes”, precisamente en los que incurren en delito para no contribuir. También le asiste la razón cuando anuncia que eso originará un “mayor cumplimiento de pago de impuestos”. Pues sí, porque bien se sabe que el miedo no suele viajar a lomo de jumento.
No se ajusta a la verdad cuando dice que 95 por ciento de las empresas que mueven la economía tienen en promedio diez trabajadores, de los cuales “60 por ciento pierde el tiempo atendiendo aspectos burocráticos”. Si eso fuera cierto ya hubieran quebrado. Además, la elusión fiscal por facturación falsa se localiza, sobre todo, en las grandes empresas, no en los estanquillos.
No tiene razón el señor Carlos Salazar Lomelín, actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial, cuando aplaude la decisión de Ricardo Monreal, líder del Senado, de mandar a la congeladora el dictamen sobre el llamado outsourcing o subcontratación ilegal, pese al inmenso daño que causa al fisco, al Seguro Social y a los trabajadores, a los que priva de los más elementales derechos, como el pago de horas extra, indemnización por despido o sindicalización.
Por supuesto, hay actividades en las se hace necesaria la subcontratación, lo que por supuesto debe establecerse con toda claridad en la ley, pero lo cierto es que desde fines del sexenio de Felipe Calderón, cuando se consideró legal la subcontratación, han surgido decenas y tal vez cientos de empresas dedicadas a esta actividad.
Hay, desde luego, firmas que operan en la subcontratación con papeles en regla, pero abundan las que proliferan sin control, sin registro legal y hasta sin domicilio fijo. Resulta innecesario decir que estas no cumplen con las leyes y se dedican a estafar a los trabajadores y a burlar al fisco.
Pese a lo anterior, el señor Salazar Lomelín afirma que la iniciativa de ley es anticonstitucional, cuando lo que pretende es ajustar el comportamiento de las empresas de outsourcing a las disposiciones de la Carta Magna. ¿O acaso se pretende que el desorden nacional continúe en aumento?
Es lamentable que una iniciativa ampliamente discutida en comisiones sea contenida, congelada o desechada por el líder del Senado, muy probablemente por sugerencia de más arriba. México necesita urgentemente entrar en un cauce de legalidad en todos los órdenes. No lo hará si desde el propio gobierno se estimula el caos y las autoridades se niegan a imponer el orden y alcahuetean a los delincuentes. No votamos para eso.