Periodistas Unidos. Ciudad de México. 05 de septiembre de 2021.- Empecemos por preguntarnos: ¿Por qué han desaparecido y desaparecen decenas de miles de personas durante las últimas décadas en México? ¿Cómo inició esta historia de horror interminable? ¿Por qué desaparecieron decenas de jóvenes estudiantes en la Noche de Iguala? ¿Cuáles son las causas principales de la extrema violencia social imperante en México? ¿Tlatlaya y Ayotzinapa son crímenes de Estado? ¿Por qué existe tanta impunidad y casi nula aplicación de las leyes? ¿Por qué tanta corrupción, especialmente en las altas esferas del poder político? ¿Por qué existe tan elevada inseguridad pública en todo el país? ¿Por qué existen tantos y poderosos cárteles de narcomafiosos? ¿Cómo explicar el contubernio entre autoridades gubernamentales de todos los niveles y las bandas del crimen organizado? ¿Por qué continúa desatada la violencia social pese a la presencia de las tropas militares en regiones de los cárteles de narcos? ¿Por qué están presos injustamente quienes han optado por defender su propia vida, la de sus familiares y la de sus conciudadanos? ¿Por qué están libres los capos más poderosos de los grandes cárteles del narco? ¿Por qué existen grandes territorios del país bajo estricto control por estos cárteles? ¿Por qué continúa habiendo violencia, crímenes e inseguridad no obstante la política gubernamental de combate a las drogas? ¿Por qué existe un creciente y floreciente tráfico y mercadeo de armamentos de todo calibre en el país? ¿Quiénes son sus principales beneficiarios? ¿Por qué hemos permitido o tolerado los mexicanos que se llegue a esta situación aberrante y terrible? ¿Cómo frenar la actual violencia social y cuáles son las alternativas viables y deseables? ¿Es el Estado –el representante del poder y del dinero– quien debe ser responsable de las acciones contra la violencia o es el pueblo mexicano en el poder quien debe asumirlas? ¿Por qué hay una legislación inadecuada para prevenir y sancionar las desapariciones forzadas? ¿Es necesario cambiar el actual modelo de desarrollo social, económico, político, cultural y educativo del país? ¿Qué hacer? “A tantas historias, tantas preguntas”, diría Bertolt Brecht.
I. La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) logró que la Asamblea General de las Naciones Unidas decida declarar el 30 de agosto de 2010 Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. EL Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADDEM “Alzando Voces” dice: “Históricamente ante el mundo se dio la aceptación publica de la existencia de este delito de lesa humanidad que se estaba llevando a cabo en su mayoría durante gobiernos dictatoriales, como: Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Uruguay, etc. Y esta misma práctica al mismo tiempo se estaba perpetrando en países gobernados de aparente democracia como México, Colombia, etcétera”.
El precedente fue la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 18 de diciembre de 1992. La Asamblea reconocía “la extrema gravedad de la desaparición forzada, que constituye un delito y, en determinadas circunstancias definidas por el derecho internacional, un crimen de lesa humanidad”, por lo cual era necesario “prevenir las desapariciones forzadas y a luchar contra la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada (igualmente) el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada y el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación…”
Tal declaración a su vez dio origen a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones de la ONU el 20 de diciembre de 2006. La convención argumentaba “el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido”. El gobierno mexicano suscribió la resolución el 18 de marzo de 2008.
Desde 1992 a la fecha, este flagelo terrible es una manifestación más de la barbarie social mundial que se focaliza crecientemente en países como México, pues a pesar de que el gobierno firma la declaración en 2008 nada ha hecho al respecto con todo y que este país el 6 de junio de 1990 se instituyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), formando parte de la Secretaría de gobernación; poco después, el 19 de septiembre de 1990, la CNDH creó el Programa Especial de Presuntos Desaparecidos (PREDES), convertida en Programa Especial de Personas Desaparecidas. También se creó por aquello años el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas No Identificadas (SINPEF). El 12 de octubre de 2017 se aprobó la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición y el Sistema de Búsqueda de Personas, entrando en vigor en enero de 2018. Con base a esa ley se determinó crear la Comisión Nacional de Búsqueda, (CNB) así como las comisiones para cada entidad del país.
Entonces, desde 1990 con la CNDH (presidida por Rosario Piedra Ibarra) hasta la fecha con la CNB –a cuyo cargo está Karla I. Quintana Osuna– los sucesivos gobiernos federales han sido totalmente incapaces de atenuar este flagelo. El Presidente López Obrador ha manifestado en mas de una ocasión que la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de cuerpos será una de las premisas de su gobierno, pero hasta el momento sus promesas solamente han sido palabras y no hechos, pues durante su administración, según cifras oficiales, son cerca de 23 mil los desaparecidos, aunque otros datos indican 53 mil desaparecidos. En promedio 23 personas desaparecieron cada día entre el 1 de diciembre del 2018 hasta el 30 de agosto del 2021. En vísperas de su tercer informe de gobierno AMLO se dice satisfecho, “tranquilo de conciencia”, con lo logrado en primera mitad del sexenio; sin embargo, más allá de la retórica vana, en lo que refiere a su política de seguridad pública y su Guardia Nacional ésta ha sido totalmente inoperante y la hiperviolencia social con sus miles de muertos y desaparecidos es una realidad inocultable; no obstante, él afirma que: “se mantuvo la paz social”: La paz de los cementerios.
II. El 31 de agosto se realizó el foro Avances y pendientes en la agenda de desaparición de personas en México, organizado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, donde participó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien inició su intervención mencionando las recurrentes palabras de los familiares de personas desaparecidas: “este es un día que no debería existir”, y añadió que “a dos años de mi visita a México, las desapariciones siguen siendo uno de los principales problemas que enfrenta el país”. Afirmó que más de 91 mil personas continúan desaparecidas en México, desde que inició el registro en 1964, de las cuales el 25 por ciento de las corresponden a mujeres y están asociadas al delito de trata de personas –la desaparición de mujeres aumenta en las edades de entre 10 y 17 años, por lo que la principal hipótesis sigue siendo la relación con el delito de trata de personas, señaló Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Encinas informó que los estados que concentran el mayor número de reportes de personas desaparecidas son: Jalisco, Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Guanajuato, Sonora, Sinaloa y Zacatecas, en el periodo de diciembre 2018 al 30 de junio de 2021. Más aún, de acuerdo con el Gobierno mexicano, “el país atraviesa una profunda crisis de derechos humanos y una emergencia forense. En la actualidad, existen alrededor de 39 mil cuerpos no identificados en los servicios médicos forenses o inhumados de forma anónima en cementerios públicos de los 32 estados. Además, para 2019 se habían localizado tres mil 631 fosas clandestinas, de las que se habían exhumado mil 124 cuerpos entre 2018 y 2019”: México es una fosa común. Por su parte, la relatora para el país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arozamena, reconoció que “la crisis es profunda y compleja. Las elevadas cifras de personas desaparecidas y cuerpos sin identificar siguen siendo alarmantes”. Con 91 mil desaparecidos en México, sólo hay 35 sentencias relacionadas con este crimen.
III. La historia de los desaparecidos forzados, incluida la de los desaparecidos políticos, es una historia ominosa implícita en lo que podemos denominar la barbarie civilizada o la civilización de la barbarie. Pero esta barbarie social es producto histórico de un capitalismo salvaje devenido particularmente en las últimas cuatro décadas bajo la forma de una globalización neoliberal. Este capitalismo de barbarie engendra la hiperviolencia social como una de las formas más descarnadas de la degradación social. La descomposición acelerada de esta sociedad con un capitalismo en visible decadencia se presenta bajo formas apocalípticas con su violencia cotidiana en todo lugar y tiempo. La violencia es consustancial al capitalismo, especialmente al proceso de desarrollo del capitalismo salvaje revestido neoliberal populista de nuestros días, para el caso mexicano. Cierto es que la violencia social ha existido desde tiempos muy remotos, desde cuando la sociedad devino históricamente en una sociedad dividida en clases sociales; pero también es muy cierto que la violencia despliega toda su potencialidad aniquiladora con el capitalismo; es en esta sociedad burguesa donde despliega históricamente toda su energía destructiva tanto de la humanidad misma como de la propia naturaleza.
La violencia extrema es el crimen, el aniquilamiento físico en sus diversas manifestaciones y el genocidio es la violencia más terrible de exterminio, dentro del cual se encuentra el terrorismo de Estado en sus diversas manifestaciones. Entonces, desde esta perspectiva, debemos analizar el crimen sobre los desaparecidos políticos y desapariciones forzadas. “La violencia muestra una presencia casi ubicua en la vida social actual asumiendo diversas y múltiples expresiones, la mayoría con muy graves consecuencias, al punto que entidades multinacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la han declarado como el principal problema de salud pública. En los países capitalistas, la violencia estructural, sistémica, se acompaña de múltiples expresiones de violencia interpersonal; la política exterior de la mayor potencia capitalista se fundamenta en el uso sistemático de la violencia”; así lo plantea Mario A. Solano Solano en su ensayo sobre Capitalismo y violencia.
(https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intersedes/article/view/789/850).
La violencia está presente en todas las esferas de la vida social; penetrando en todos los poros de la sociedad. El crimen que se comete al privar de su libertad a una persona o a varias de ellas –desaparición aislada o en masa– bajo la modalidad de secuestro como desaparición forzada, sea por motivos políticos o lucrativos para obtener dinero a cambio de su vida es una forma extrema de violencia y puede terminar fatalmente con la vida del secuestrado o del desaparecido. Una definición, entre otras, que podemos emplear es: “Desaparición forzada, o desaparición involuntaria de personas, es el término jurídico que designa a un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad , siendo sus víctimas conocidas comúnmente como desaparecidos o, particularmente en América Latina, como detenidos–desaparecidos” (Estatuto de Roma de 1998 y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994).
IV. Si bien en México el periodo conocido como Guerra Sucia –las décadas de 1960 y 1970 caracterizadas por una dura política represiva del gobierno con la intención de romper la unidad del tejido social y desmovilizar la resistencia armada, que se estaba difundiendo rápidamente en las zonas rurales del país, sobre todo en Guerrero, Chiapas y Oaxaca se registraron más de 1 mil 300 casos de desapariciones forzadas–, el caso de los asesinados y desaparecidos jóvenes estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, viene a constituir un quiebre brutal en la historia de la política represiva del Estado mexicano. La noche de Iguala no puede verse como un hecho aislado y reciente. Debe considerarse como parte de una larga historia de represión estatal contra las movilizaciones populares, campesinas, obreras, desde los años sesenta y setenta, especialmente en el estado de Guerrero.
V. En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada decenas de colectivos y organizaciones sociales realizaron movilizaciones a lo largo de todo el país para exigir a las autoridades acciones y apoyos que ayuden a la localización de más de 90 mil personas desaparecidas. En la capital del país, los integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México se plantaron a las afueras de Palacio Nacional para exigir de nueva cuenta una audiencia con el presidente López Obrador, pero nunca fueron escuchados. En protesta también fueron colocadas mantas y carteles con los rostros de sus familiares desaparecidos a lo largo de las vallas que protegen Palacio Nacional, mientras que en el suelo formaron la leyenda “+90.000 ¿Dónde están?”.
En una sociedad que no está en guerra con ningún país vecino o lejano, donde se afirma que no existen grupos terroristas de ninguna especie y cuyo gobierno enfatiza que es ejemplo democrático en el mundo, especialmente en la región latinoamericana; donde también se afirma que existe un profundo respeto por los derechos humanos en general; un país cuyo gobierno proclama que la educación es un condición fundamental para el progreso social; etcétera; las preguntas que nos volvemos hacer es: ¿Por qué desaparecieron 43 jóvenes estudiantes? ¿Por qué puede desaparecer cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar? ¿Cuándo se terminará esta tragedia de proporción dantesca?
Entonces, mientras exista una sociedad como la nuestra con un régimen político como el prevaleciente tendremos una situación ominosa y terrible y también la amenaza peligrosa que nos hace vivir una pesadilla real cotidiana. La alternativa es muy clara: la lucha por la transformación social profunda, radical, de todo lo realmente existente.