El espionaje y la necesidad de ponerle límites

Por Jorge Meléndez Preciado

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 25 de julio de 2021.- El caso Pegasus, denunciado hace años y postergado durante la pasada y la presente administración, ha salido nuevamente a la luz con repercusiones inusitadas, lo cual puede traer como resultado que varias cabezas vuelen, en lugar de andar presumiendo noviazgos que insultan al pueblo mexicano.

Ahora vemos por qué tiene gran importancia la jornada del primero de agosto.

Luego del saqueo y el espionaje al despacho de Carmen Aristegui, en una comida de la hermandad Puma, le exigí a Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno del entonces DF, en una reunión de 200 personas, que detuviera a los culpables que aparecían en videos. No hubo ninguna acción de la justicia. Cero. Imagínense lo que es la intervención telefónica, cuando menos a 50 mil personas, entre ellas ¡15 mil de nuestro país!

Afortunadamente, Santiago Nieto, de la UIF, ya dio nombres y pistas acerca de quienes llevaron a cabo, por diversos medios y compañías, el fisgoneo a que hemos estado sometidos.

El asunto inició desde el sexenio de Felipe Calderón, aunque se intensificó con el de Peña Nieto donde no hubo límite ni para dilapidar el dinero, triangularlo con empresas fantasmas e involucrar a todos los posibles.

Cuando menos seis empresas federales y 14 gobiernos estatales han tenido vínculos con empresas de software de espías, dice en un reportaje Guadalupe Fuentes López (Sin Embargo, 22 de julio).

Estamos en el reino del ataque a los derechos humanos, en contra de la privacidad y la manipulación de la información para el servicio de unos cuantos, los que tienen poder político y económico.

En algunos registros se habla de que se han erogado seis mil millones de pesos en estas malas artes, la cifra puede ser mucho mayor, ya que, si bien el gobierno federal puede llevar a cabo investigaciones para descubrir los ataques contra el Estado, las posibles agresiones extranjeras y los movimientos de los malosos, las administraciones estatales no lo pueden realizar.

Y hay casos como el de Javier Duarte, que con su fiscal Tarek Abdalá, erogó decenas de millones de pesos, seguramente para quedarse con mucho de lo supuestamente utilizado. El de Rafael Moreno Valle, en Puebla, que por medio de Eukid Castañón, investigaba hasta a sus compañeros panistas. Y recientemente el compañero Arnoldo Cuéllar, denunció que era grabado por parte de la Fiscalía Estatal de Guanajuato, donde Carlos Zamarripa ya tiene 12 años en el cargo y estará siete más: ¡para el récord Guinness!

Y como decía Manuel Buendía, en las entidades del país “las calles son más estrechas” que, en la Ciudad de México, y por eso sabemos que el reportero Cecilio Pineda, en Guerrero, fue asesinado debido a las informaciones difundidas por Pegasus; (por cierto, el 22 de julio mataron al compañero, Ricardo López, en Guaymas, Sonora).

Según Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, con López Obrador no hay indicios que haya ocurrido ese tipo de prácticas de entrometerse en la vida privada, a pesar de lo que aseguran varios de sus malquerientes, pero es necesario ponerle limitaciones legales y prácticas a ese tipo de acciones en contra de los derechos humanos.

Ha servido de poco los organismos como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. En su primera actividad, es cierto, se pueden obtener datos gubernamentales que sirven para denunciar abusos y transas. Pero en cuanto a reservar la individualidad y evitar la intromisión en la vida privada, la cosa es nula.

Es necesario legislar y poner severas penas a quienes intentan conseguir secretos personales o familiares, aunque nuestro Congreso, tan obsecuente con el Ejecutivo, de poco sirve. También evitar la intromisión de otros países en asuntos nuestros, como antes se hacía con la Iniciativa Mérida.

Tiene razón Edward Snowden, los malaware son como armas nucleares, ante las cuales es casi imposible defenderse. Estamos en el mundo de las ciberarmas, las cuales tendrán limitaciones si los diferentes países se ponen de acuerdo.

El analista Alfredo Jalife señaló en su artículo, Bajo la Lupa (La Jornada, 21 de agosto), que hay un arma espía más poderosa de Israel, la Candiru. Y que en la trama de venta de aparatos y obtención de datos están coludido el ex primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Jared Kushner- yerno de Donadl Trump- y Luis Videgaray, a quien se le menciona en otras investigaciones. Es necesario hacer la indagación.

Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación se dijo inocente (ja, ja), algo que nadie cree, ya que el manejaba los asuntos políticos. Es cierto que no tenía mando sobre Alberto Bazbaz, el encargado del Cisen, quien reportaba directamente a Peña Nieto, pero es indispensable aclarar todo a profundidad.

Bien por López Obrador al pedir la liberación de Julian Assange.

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@jamelendez44

 

 

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