Por Ana Lluvia García
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 07 de julio de 2026.- El Centro Cultural Tlacuache fue sede del XIII Aniversario de la Demanda Colectiva del Maíz, un espacio de encuentro y reflexión en torno a una de las luchas más importantes de nuestro tiempo. Con frecuencia, la defensa del maíz se presenta como un debate técnico sobre organismos genéticamente modificados o como una controversia derivada de los tratados comerciales. Sin embargo, el fondo de esta discusión trasciende por mucho esos ámbitos. Lo que realmente está en disputa es la soberanía nacional.
La soberanía suele entenderse como la capacidad de un Estado para ejercer autoridad sobre su territorio. Pero una nación no pierde soberanía únicamente cuando otro ejército cruza sus fronteras. También la pierde cuando deja de decidir sobre aquello que hace posible su existencia: sus alimentos, sus recursos naturales, su energía, su conocimiento y su capacidad para definir su propio proyecto de desarrollo. Un país que no puede decidir qué produce, qué consume o cómo protege su patrimonio biológico comienza, poco a poco, a renunciar al ejercicio efectivo de su independencia.
El maíz expresa con claridad esa realidad. No es solamente un cultivo ni un producto agrícola. Es la síntesis de miles de años de trabajo colectivo, de conocimientos acumulados por los pueblos originarios y de la relación histórica entre las comunidades campesinas y la tierra. En sus semillas convergen nuestra memoria, nuestra diversidad biológica y una parte fundamental de la identidad nacional. Defender el maíz significa proteger ese patrimonio común frente a cualquier lógica que pretenda reducirlo a una mercancía sometida exclusivamente a las reglas del mercado.
Durante las últimas décadas, el modelo neoliberal transformó profundamente el sistema agroalimentario mexicano. La apertura comercial debilitó las capacidades del Estado para conducir el desarrollo agrícola, desmanteló instituciones construidas para fortalecer la producción nacional y subordinó el campo a una lógica donde la rentabilidad sustituyó al interés público. La alimentación dejó de concebirse como un asunto estratégico para convertirse en un espacio de acumulación económica dominado por grandes corporaciones.
Las consecuencias fueron mucho más profundas que la pérdida de competitividad de millones de productores. Se modificó la propia concepción del maíz. Su valor comenzó a medirse únicamente por las cotizaciones internacionales, ignorando que se trata del principal patrimonio biocultural del país. Bajo esa lógica, el mercado terminó definiendo aquello que históricamente correspondía decidir a la sociedad y al Estado: cómo garantizar la alimentación de la población y cómo preservar la riqueza genética construida durante milenios.
Frente a ese proceso surgió una resistencia que cambió el sentido del debate nacional. La discusión dejó de centrarse exclusivamente en los transgénicos para colocar en el centro una pregunta mucho más profunda: ¿quién decide sobre el futuro del maíz? Porque responder esa pregunta implica responder también quién decide sobre el futuro de México.
La defensa del maíz representa la afirmación de un principio democrático fundamental: los bienes estratégicos de una nación deben estar al servicio del interés público y no subordinados exclusivamente a las reglas del comercio internacional. El comercio puede ser una herramienta para el desarrollo, pero pierde legitimidad cuando pretende limitar el derecho de un pueblo a proteger su biodiversidad, fortalecer su producción nacional o garantizar la alimentación de las futuras generaciones.
Por ello, la soberanía alimentaria no constituye una política sectorial ni un programa agrícola más. Es una expresión concreta de la soberanía nacional. Una nación soberana es aquella que conserva la capacidad de decidir democráticamente sobre aquello que resulta indispensable para reproducir su vida colectiva. Esa capacidad incluye proteger sus semillas, fortalecer a quienes producen los alimentos, impulsar la investigación científica pública, regular los mercados cuando el interés nacional lo exige y construir políticas públicas orientadas al bienestar de la mayoría.
En un mundo marcado por la concentración del poder económico, la disputa tecnológica y las tensiones geopolíticas, defender el maíz significa defender la posibilidad de que México siga siendo dueño de su propio destino. La soberanía deja entonces de ser una abstracción jurídica para convertirse en una práctica cotidiana que se ejerce en el campo, en las comunidades, en las instituciones públicas y en cada decisión orientada a proteger aquello que pertenece a todas y todos.
En la defensa del maíz se resguarda nuestro patrimonio histórico, cultural e identitario como nación. En él convergen nuestras semillas nativas, el trabajo de las y los campesinos y el derecho del pueblo de México a decidir sobre su alimentación.
Sigamos fortaleciendo la producción nacional y consolidando políticas públicas que hagan realidad la protección constitucional del maíz nativo. Defender el maíz es defender la soberanía de México, porque ningún pueblo puede llamarse verdaderamente libre si ha renunciado a decidir sobre aquello que lo alimenta y le da vida.
Nota:
Este análisis nace de la inspiración que deja la lucha colectiva.
Mi más profundo reconocimiento y agradecimiento a las mujeres y hombres que, desde hace años, han defendido el maíz con dignidad, perseverancia y compromiso. A las comunidades campesinas, a los pueblos originarios, a las organizaciones sociales, a quienes han sostenido la batalla jurídica, científica y social, y a todas las personas que han hecho de esta causa una defensa permanente de la soberanía nacional.
Gracias por recordarnos que proteger el maíz es proteger la historia, la cultura y el futuro de México. Su ejemplo demuestra que la organización del pueblo puede convertirse en la mayor fuerza para defender lo que pertenece a todas y todos.
¡Sin maíz, no hay país!