El Poder Judicial, a examen

El juez Juan Pablo Gómez Fierro es de esos togados que, por sistema, ignoran el interés nacional, como lo demostró su oposición a que la Auditoría Superior de la Federación revisara las cuentas del Infonavit, porque, según él, los fondos de esa institución “no constituyen recursos públicos”, fallo que invalidó la Suprema Corte.

Antes, de acuerdo con el recuento de Eduardo Murillo (La Jornada, 15/III/21), Gómez Fierro se mostró más que generoso con Juan Collado Mocelo y prohibió que sus cuentas bancarias fueran intervenidas por la Procuraduría Fiscal de la Federación. Hoy, Collado se encuentra sujeto a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ahora, el juez Gómez Fierro está en el ojo del huracán, pues, a petición de dos empresas españolas ampliamente favorecidas en tiempos del neoliberalismo depredador, en cuestión de horas echó abajo la Ley de la Industria Eléctrica, misma que ocupó mucho tiempo en su preparación, en el Congreso llevó todo un mes de análisis y votación hasta llegar a su promulgación, pero al juez de marras le bastó un día para echarla abajo.

Ante ese fallo tan escandaloso y antipatriótico, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, una “investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio”, a lo que Zaldívar, en un primer momento, respondió que está garantizado que los jueces “puedan ejercer su función con absoluta libertad”, lo que resulta mucho más que discutible porque hay límites para su proceder, pero aceptó turnar la solicitud presidencial a la Comisión de Disciplina del citado Consejo.

En el caso, AMLO involucró a Felipe Calderón, Claudio X. González y al exministro José Ramón Cossío, quien, entrevistado por Pascal Beltrán del Río, respondió que las acusaciones de López Obrador eran “meros distractores” y preguntó qué tiene que ver su posición personal con la actuación del juez.

AMLO acusó a Cossío de “legalizar injusticias de grupos minoritarios o guardar silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades”, como en los casos de la guardería ABC, de Hermosillo; el brutal ataque ordenado por Enrique Peña Nieto contra los ejidatarios de Atenco; el beneficio al panista Roberto Gil Zuarth, en el asunto de una planta eólica en Oaxaca, y en el montaje televisivo de la captura de Florence Cassez, que permitió a la francesa escapar de la justicia (cualquier cosa que eso signifique).

En el recuento obradorista faltó decir que Cossío fue el anfitrión del siniestro juez brasileño Sergio Moro, el mismo que llevó el caso Java Lato que, injustamente, condujo a la cárcel a Lula da Silva, lo que le fue pagado a Moro con el cargo de ministro de Justicia en el gobierno protofascista de Jair Bolsonaro.

Desde luego, es necesario dejar muy claro que en México hay jueces de todo nivel que hacen honor a su cargo y aplican la justicia sin distingos. Pero actuar rectamente no es fácil en ese suelo jabonoso que es la judicatura, donde el que no cae, resbala. Se analizan en contados casos las riquezas de los juzgadores y, sobre todo, la forma como se hicieron de ellas, cuando, por las características de sus cargos, debían estar sometidos a escrutinio permanente.

El desgarramiento de vestiduras de la oposición es simplemente defensa propia, pues el análisis de ingresos y gastos siempre acaba por tocar donde duele. El Poder Judicial es conservador por definición, de ahí que las dictaduras sudamericanas de los años setenta hayan derrocado presidentes y disuelto los congresos, pero que en todos los casos dejaran intocado el Poder Judicial. Ya va siendo hora de reformarlo de arriba hacia abajo. El Congreso de la Unión tiene la palabra.