Por Ana Lluvia García
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de junio de 2026.- Hay una tentación que históricamente ha acompañado a los procesos de transformación: asumir que toda crítica fortalece al adversario y que toda protesta constituye una amenaza para el proyecto político en curso. Sin embargo, lo peor que puede hacer una fuerza que se reivindica popular es terminar pareciéndose a aquello que dice combatir.
La derecha construyó buena parte de su poder descalificando las luchas sociales. Durante décadas llamó revoltosos a los estudiantes, radicales a los campesinos, violentos a los pueblos indígenas, manipulados a los trabajadores organizados y delincuentes a quienes defendían su territorio. Cada vez que una comunidad se levantaba para exigir justicia, aparecían los mismos argumentos: que afectaban el orden, que dañaban la economía, que ponían en riesgo la estabilidad o que eran utilizados por intereses oscuros.
Por ello resulta preocupante que desde posiciones que se consideran progresistas se reproduzcan hoy discursos similares contra movimientos sociales legítimos. La gente no se moviliza por amor a la violencia. Los defensores del territorio no enfrentan procesos judiciales por gusto. Los pueblos indígenas no resisten durante décadas porque disfruten el conflicto. Las madres buscadoras no recorren fosas clandestinas porque quieran confrontar al Estado. Las comunidades toman las calles cuando sienten que no existe otro camino para hacerse escuchar.
La historia demuestra que prácticamente ninguno de los derechos sociales que hoy disfrutamos fue concedido de manera espontánea por las élites políticas o económicas. El derecho al trabajo digno, la jornada laboral limitada, la seguridad social, el voto universal, la educación pública, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas y muchas otras conquistas fueron resultado de luchas sociales prolongadas, muchas veces reprimidas con violencia. Pretender que las transformaciones profundas ocurren únicamente desde las instituciones es desconocer la propia historia de los movimientos populares.
Esto no significa que toda demanda sea correcta o que toda movilización tenga automáticamente razón. Significa algo más elemental: las causas populares merecen ser escuchadas y analizadas desde la justicia social, no desde el prejuicio. La crítica a determinadas decisiones gubernamentales no convierte automáticamente a quienes la expresan en enemigos del pueblo.
Por ello, debates tan importantes como el uso de recursos de las Afores o la crisis de desapariciones no pueden abordarse mediante descalificaciones. La desaparición de personas constituye una de las heridas más profundas de nuestro tiempo. Miles de familias viven una tragedia cotidiana que no puede relativizarse ni convertirse en un tema secundario. Una posición verdaderamente comprometida con los derechos humanos exige asumir la responsabilidad plena del Estado frente a este drama y colocar a las víctimas y sus familias en el centro de cualquier política pública.
Del mismo modo, las discusiones sobre el ahorro de los trabajadores, las pensiones y la seguridad social deben partir de la defensa de los derechos de las mayorías, no únicamente de criterios administrativos o financieros. La izquierda históricamente se ha definido por ampliar derechos, fortalecer garantías sociales y proteger a quienes viven de su trabajo. Cuando estos principios dejan de ser el punto de partida, resulta legítimo abrir el debate.
Al mismo tiempo, sería un error ignorar la profunda hipocresía de una parte importante de la derecha mexicana. Muchos de quienes hoy se presentan como defensores de las víctimas, de los trabajadores o de las comunidades fueron parte de los gobiernos y grupos de poder que contribuyeron a construir las condiciones que hicieron posible la crisis actual. Durante décadas respaldaron privatizaciones, políticas de desmantelamiento institucional, estrategias de seguridad fallidas, abandono del campo, concentración de la riqueza y múltiples formas de exclusión social. Resulta difícil aceptar como genuina una preocupación que apareció únicamente cuando dichas problemáticas comenzaron a convertirse en instrumentos para golpear políticamente al gobierno.
Sin embargo, la incongruencia de la derecha no debe utilizarse para descalificar las causas. Que la derecha intente apropiarse de una demanda no vuelve ilegítima esa demanda. Que actores conservadores utilicen el dolor de las víctimas no elimina el dolor de las víctimas. Que existan intereses políticos alrededor de una movilización no invalida automáticamente las razones de quienes participan en ella.
La verdadera disputa consiste precisamente en evitar que las causas populares sean abandonadas por quienes históricamente las han defendido. Cuando la izquierda deja de escuchar a las comunidades, a los trabajadores, a las víctimas, a los pueblos indígenas o a los movimientos sociales, abre un espacio que inevitablemente otros intentarán ocupar.
Por eso la discusión de fondo no debería centrarse en si existen protestas, sino en qué las origina. No debería preguntarse quién se beneficia políticamente de una movilización, sino por qué existe el malestar que la hace posible. Y no debería consistir en decidir entre gobierno o pueblo, porque cualquier proyecto auténticamente transformador sólo puede sostenerse cuando permanece vinculado a las demandas, dolores y aspiraciones del propio pueblo.
La defensa de un proyecto de transformación exige claridad frente a los intentos de restauración conservadora. Pero también exige la capacidad de escuchar las críticas legítimas que nacen desde abajo. Confundir ambas cosas es un error político. La crítica popular no es patrimonio de la derecha. La movilización social no pertenece a los conservadores. La lucha por la justicia nació mucho antes que las disputas electorales y seguirá existiendo después de ellas.
Si la transformación aspira a ser algo más que una alternancia de élites, debe conservar siempre la capacidad de escuchar a quienes luchan. Porque los pueblos no se levantan por odio al cambio. Se levantan cuando sienten que la justicia todavía está pendiente.