El racismo persistente en México y los ataques mediáticos contra el Ministro Hugo Aguilar Ortiz

Por Alejandro Meléndez

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 18 de septiembre de 2025.- En un país como México, donde la diversidad étnica y cultural debería ser motivo de orgullo, la elección de Hugo Aguilar Ortiz como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en junio de 2025 ha desatado una oleada de ataques racistas y clasistas que revelan las profundas grietas de discriminación en nuestra sociedad. Aguilar Ortiz, un abogado mixteco originario de San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, se convirtió en el segundo indígena en presidir la máxima instancia judicial del país, 168 años después de Benito Juárez. Con más de 6 millones de votos, su triunfo electoral no solo representa un avance histórico en la representación indígena, sino también un desafío directo a los prejuicios arraigados en sectores conservadores y mediáticos. Sin embargo, en lugar de celebrar su trayectoria, muchos han optado por denigrarlo basándose en su origen étnico, exponiendo un racismo que, lejos de extinguirse, se manifiesta con virulencia en redes sociales y medios de comunicación.

Hugo Aguilar Ortiz, de 52 años, ha dedicado tres décadas a la defensa de los derechos indígenas. Graduado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, ha ocupado cargos clave como coordinador de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) hasta 2024, subsecretario de Derechos Indígenas en Oaxaca (2011-2016) y consultor para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su labor incluye la representación de comunidades indígenas en conflictos agrarios, la oposición a leyes que vulneran derechos —como la Ley de Radio y Televisión en 2006— y la coordinación de consultas para proyectos gubernamentales como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. A pesar de esta sólida experiencia, los ataques contra él no se centran en su currículum, sino en su identidad indígena. Como él mismo ha declarado en entrevistas, «la mayoría de los comentarios negativos parten del hecho de que no sé, no sirvo, soy indígena», lo que solo expresa racismo y clasismo.

Los ejemplos de esta campaña racista son abundantes y vergonzosos. Comentaristas opositores y medios han activado una ofensiva que incluye insultos directos, como llamar a Aguilar «el indiecito de la Corte» por parte de un analista de Televisa, o burlas en redes sociales donde se le invita a usar taparrabos en lugar de toga. El periodista Pedro Ferriz Hijar ha sido particularmente activo, compartiendo memes que asocian a Aguilar con cerveza Indio y ridiculizando sus bailes tradicionales en Oaxaca, lo que ha llevado a peticiones para cancelar su cuenta por racismo sistemático. En X (anteriormente Twitter), usuarios han expresado resentimiento por su aspecto físico y origen indígena, argumentando que su elección responde a una «narrativa victimista» en lugar de méritos, ignorando su historial profesional. Incluso figuras como Pablo Majluf han lanzado improperios racistas, provocando respuestas de defensores como Jaime Martínez Veloz, quien califica estos ataques de ignorantes y discriminatorios. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reprobado públicamente estas críticas, enfatizando que lo importante es cómo impartirá justicia, no si usa trajes típicos en lugar de toga, y destacando el racismo implícito en cuestionar su idoneidad por su herencia mixteca.

En mi opinión, estos ataques no solo son injustos, sino que perpetúan un ciclo de exclusión que ha marginado a los pueblos indígenas durante siglos en México. Aguilar Ortiz ha enfrentado discriminación toda su vida, desde su juventud en entornos educativos hasta su ascenso profesional, y su elección debería ser un símbolo de progreso, no un pretexto para el odio racial. Criticar su labor en consultas indígenas o proyectos gubernamentales es legítimo —algunos líderes yaquis lo han acusado de avalar represión y consultas amañadas, aunque estas denuncias carecen de pruebas concluyentes y parecen motivadas por desacuerdos políticos—, pero reducirlo a estereotipos étnicos revela un clasismo profundo en la élite mediática y opositora. Este racismo estructural, como lo describen algunos usuarios en X, instrumentaliza su identidad indígena para deslegitimarlo, ignorando que los pueblos indígenas no son un monolito y que su representación es un paso hacia una justicia intercultural.

Es hora de que México confronte su racismo estructural. La llegada de Aguilar Ortiz a la SCJN, con su enfoque intercultural, podría transformar el Poder Judicial en uno más inclusivo y representativo. En lugar de ataques mediáticos, necesitamos un debate basado en hechos y no en prejuicios. Solo así avanzaremos hacia una sociedad más justa, donde el origen étnico no sea un obstáculo, sino una fortaleza. El caso de Aguilar Ortiz nos recuerda que, a pesar de los avances, el racismo sigue vivo, y combatirlo es responsabilidad de todos.