Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de enero de 2024.- A cuatro meses y medio de las elecciones, la inseguridad se alza como la mayor amenaza. La cuarta parte de los distritos padece diversos grados de violencia, principalmente por la presencia del crimen organizado, por lo cual se teme que se afecte el proceso comicial.
Los estados en los que se advierte mayor riesgo son Guerrero y Guanajuato, cada uno con siete distritos donde la violencia puede alterar el curso normal y legal de las elecciones. Le siguen Chiapas, con seis distritos; Tamaulipas y el Estado de México, con cinco; Sinaloa, Sonora y Durango, con cuatro; Jalisco, Michoacán, Morelos, Tabasco, Zacatecas, Nuevo León, Chihuahua y Baja California, con tres; Colima, Quintana Roo y San Luis Potosí, con dos, y Veracruz y la Ciudad de México, con uno (Reforma, 14/I/24).
Por supuesto, el cálculo y ubicación de los distritos en peligro es discutible. La estimación es, incluso,
conservadora si atendemos al hecho de que no aparezcan entidades hundidas en el desgobierno, como Zacatecas y Nayarit. Sorprende que se haya dejado fuera a Puebla, donde cada semana se cometen un promedio de 60 atracos a camiones de carga, pues, como sabemos, la delincuencia tiene el control de gran parte de las carreteras del país.
Lo que ocurre en Guerrero es un ejemplo extremo de la ineficacia o mera ausencia de algún plan de seguridad. En la entidad, dizque gobernada por Evelyn Salgado, el hartazgo ante la imparable criminalidad llevó a un paro general del transporte público en Acapulco, ante lo cual camiones militares y de la Guardia Nacional se encargan de los traslados. Doña Evelyn, en lugar de combatir a las pandillas que cobran moches a los conductores, decidió lanzarse contra éstos y amenazarlos con otorgar nuevas concesiones.
En el sufrido estado de Tamaulipas es candidata al Senado la señora Olga Sosa, secretaria del Trabajo en el gobierno de Américo Villarreal, quien estuvo sujeta a una investigación por sus nexos con Sergio Carmona, el empresario huachicolero asesinado que generosamente financiaba campañas de Morena. Con doña Olga va José Ramón Gómez Leal, cuñado del exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, igualmente investigado por sus ligas con el citado huachicolero. Finísimas personas, como puede verse.
Algunos casos particulares acrecientan la idea de que las mafias están metidas hasta el tuétano en todo el proceso, pues en ciertos lugares imponen candidatos, en otros, sencillamente los obligan a negociar o a renunciar, y lo cierto es que la criminalidad está muy pendiente del curso de las campañas.
En Chiapas son cosa frecuente los enfrentamientos entre las bandas del narco por el control del territorio. Las fuerzas militares enviadas a la región, como ocurre en otras partes del país, han enfrentado resistencia de los pobladores, pero éstos responden que, mientras a ellos los agreden los soldados, no se toca a los delincuentes ni se liberan las carreteras bloqueadas por el narco. El hecho es que, nacionalmente, las agresiones contra los cuerpos militares han aumentado 67% en el presente sexenio respecto del anterior.
En Michoacán, las cosas no están mejor, pues es evidente el desgobierno en la entidad. Por citar sólo un caso, la noche del pasado lunes, después de asistir a un mitin de Xóchitl Gálvez, fue levantado Enrique Godínez, diputado federal panista, en la carretera Uruapan-Zaragoza.
En algunos puntos de la República, la situación ha llegado al colmo, por ejemplo, en el norte de Jalisco y parte de Nayarit, donde manda un gánster conocido como El Rojo, quien usa a los policías para cobrar moches a comerciantes, ganaderos e, incluso, a los alcaldes. De ahí que representantes de los wixaritari (huicholes) ya no les pidan protección a las autoridades, sino a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, al que le solicitan atentamente que mande matar a El Rojo.
De la gravedad de la situación, y sólo a manera de ejemplo, cabe citar al general Sergio Chávez, secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, quien no espera gran cosa de las autoridades de todo orden y pide “un poquito de conciencia” a la “gente que se dedica a actividades delictivas” para que no intervengan en la renovación de poderes. Sí, no sean mala onda.