Emilio Antonio Valcárcel, miembro del cartel inmobiliario, es defendido por jueces cuestionados
Por Humberto Musacchio
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 12 de julio de 2024.- Es evidente que la reforma del Poder Judicial se considera necesaria por amplios sectores, pero igualmente se advierte que hay profundas discrepancias de fondo y forma con la propuesta presidencial, diferencias que esperamos se puedan conciliar, pues no resulta aceptable dejar todo como está, pero tampoco barrer con instituciones creadas mediante grandes esfuerzos y contribuciones populares.
Desde luego, toda institución es perfectible, porque se trata de construcciones humanas, producto de los tiempos y las circunstancias en que surgen. Pero, por respeto al trabajo y no pocas veces la sangre de generaciones, cabe pedir que, en casos como el presente, cualquier reforma sea precedida por una amplia discusión en la que se escuchen todas las voces y se evalúen las consecuencias de los cambios.
En este caso, las prisas pueden ser altamente lesivas para la convivencia. En especial, la elección de togados mediante voto universal debe ser desechada sin miramientos, pues como es obvio, miembros del partido dominante integrarían las mayorías del Poder Judicial.
La discusión sobre las características de la eventual reforma ha resultado muy espinosa, pues no es poco lo que se juega. Desde luego, debemos suponer que la mayoría de nuestros compatriotas no quieren un Poder Judicial al servicio de un partido, pero tampoco de los poderes fácticos, que mediante la elección por voto universal podrían llevar a los juzgados a sus amigos, cuando no a verdaderos delincuentes, empleados de las mafias.
Para empeorar el momento, un conjunto de ex presidentes de países iberoamericanos, presumiblemente convocados por Felipe Calderón, han decidido meter su cuchara en el debate mexicano, lo que debemos rechazar, pues eso nos toca resolverlo sólo a nosotros.
No son pocos los aspectos a modificar en la judicatura, pero ojalá se opte por atacar primero asuntos que requieren de urgente intervención. El primero, evidentemente, es la corrupción que implica la compraventa de los fallos y el retraso de éstos para favorecer a una de las partes.
Hace unos días se informó del desmantelamiento de una red de corrupción dentro de la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios), donde existía el contubernio de algunos funcionarios y una empresa que resultaba favorecida con determinaciones que se emitían en su favor. La sociedad necesita saber quiénes eran los favorecidos y quienes los favorecedores.
Otro delito que crece sin que parezca preocupar a las autoridades judiciales es la ocupación ilegítima de inmuebles. En algunos casos, son grupos criminales los que proceden de esa manera, pero en otros, los ocupantes llegan como honrados inquilinos que a la vuelta de un año optan por no pagar y los propietarios simplemente son despojados del espacio que alquilaron.
Hace años, así perdió una casa en la colonia Jardín Balbuena el periodista Manuel Blanco, quien fuera por 20 años jefe de Cultura de El Nacional. Casos semejantes abundan, pues los ilegítimos ocupantes disponen de abogados, agentes del Ministerio Público e incluso jueces bien dispuestos a avalar la canallada o, al menos, por darle largas al juicio, y ya se sabe que justicia lenta no es justicia.
Un caso reciente es el de la casa de Cerro Macuiltepec 346, colonia Campestre Churubusco, propiedad de la señora Lucía Meléndez Ortiz, quien alquiló el inmueble a Emilio Antonio Valcárcel Bello y Consultores de Negocios, persona o empresa fantasma que sencillamente se niega a pagar alquiler desde enero de 2023, lo que desde luego motivó una demanda de la propietaria.
El juez Arturo González Cortés y la secretaria de Acuerdos, licenciada Rosa Rojas González, determinaron el 31 de agosto de ese año que los documentos del arrendatario fueron falsificados y el 15 de enero de este año informaron a la señora Meléndez que podía cobrar las rentas, pero no recuperar el inmueble, pues dejaron pendiente la decisión sobre el desalojo del predio. Por supuesto, el hamponesco inquilino ni siquiera le abre la puerta a la dueña ni a la policía ni hay sentencia de desalojo. En suma, un caso de imprecisión o abulia del juzgador que se traduce en impunidad.
Casos como este no son raros. Por eso cabe recomendar atención a lo más urgente.