Por Arturo Huerta González
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 06 de noviembre de 2024.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo la Línea de Crédito Flexible otorgada a México en noviembre de 2023 por aproximadamente 35 mil millones de dólares. Se dijo que es para reforzar las reservas internacionales para “preservar la estabilidad económica y financiera”, y “contribuye a enfrentar eventos globales severos”. El FMI señala que México tiene acceso a dichos créditos por cumplir con las políticas macroeconómicas “robustas” y sínicamente dicen que tales recursos no son condicionados. Está claro que, si México no cumpliera con los criterios de finanzas sanas, reducción de la deuda, baja inflación, no tendría acceso a dichos créditos.
El problema es que los criterios de política económica recomendados y condicionados por el FMI para otorgar créditos a México, son los causantes del bajo crecimiento económico y de las presiones sobre las finanzas públicas y sobre el sector externo, así como su incapacidad para hacer frente a cambios adversos de los mercados financieros internacionales que enfrenta la economía, que el propio organismo coloca como peligros que enfrenta el país.
La economía mexicana ha caído en un círculo vicioso como consecuencia de las políticas emanadas del FMI – austeridad fiscal, libre movimiento de mercancías y capitales, estabilidad cambiaria, desregulación del sector bancario-financiero – las cuales atentan contra la actividad productiva, aumentan las presiones sobre las finanzas públicas y privadas y del sector externo, lo que aumenta el endeudamiento y la dependencia de entrada de capitales, que nos lleva a seguir dependiendo de los créditos del FMI.
Al mantener la línea crediticia, el FMI recomienda reformas tributarias para lograr la consolidación fiscal. En su Fiscal Monitor del mes de octubre 2024, el FMI hace una referencia a México y sugiere aplicar una tasa generalizada del IVA de 16% sobre alimentos que actualmente están exentos. Ello es una mala recomendación, pues en un contexto de estancamiento no se puede incrementar impuestos en forma generalizada, pues se reduciría más la inversión y afectaría el poder adquisitivo de los que menos tienen, lo que reduciría más la demanda y la economía. Tal política tendría el mismo efecto que la disminución de la inversión y el gasto público que el gobierno instrumentará en el 2025 para reducir el déficit fiscal del 5.9% del PIB en el 2014 al 3.5% a que le obliga el FMI y las calificadoras internacionales. Contraerá la demanda y la actividad económica y el ingreso de empresas e individuos y el gobierno terminará recaudando menos, por lo que no se logrará la consolidación fiscal deseada por los neoliberales. No se puede trabajar con equilibrio fiscal en un contexto donde la economía tiene déficit de comercio exterior que actúa contra el crecimiento económico y donde está disminuyendo el consumo e inversión de las familias y empresas, debido a que tal política fiscal actuaría en forma procíclica y se contraerá más la actividad económica. Si el FMI está por la consolidación fiscal (reducción del déficit o equilibrio fiscal), el gobierno tendría que incrementar el gasto para reactivar la economía y Banxico debe bajar la tasa de interés para así mejorar el ingreso de empresas e individuos para que aumenten inversión y consumo y el mayor ingreso nacional se traduciría en mayor recaudación tributaria que reduciría el déficit fiscal y la mayor deuda impulsores del crecimiento económico. Ello permitiría que PIB crecer más que el nivel de la tasa de interés, como de la deuda, por lo que se podría pagar y reducir la deuda. Pero estas recomendaciones no están en los textos neoliberales que informan la política económica del FMI, de las calificadoras y del gobierno.
Los impuestos son para redistribuir el ingreso, por lo que deben incrementarse al sector bancario-financiero que obtiene altas ganancias, que no las obtienen en su lugar de origen. Se debe gravar al gran capital y ello no afectaría la inversión. Con tales recursos se pueden otorgar subsidios al impulso de la inversión en la manufactura y en la producción de granos básicos para sustituir importaciones y reducir el déficit de comercio exterior y nuestros requerimientos de entrada de capitales. Se debe tener política de empleo para todo aquel que lo busque y no lo encuentre. Y estas recomendaciones no las contempla el FMI debido a que responde a los intereses del capital financiero y no a los intereses nacionales de los países.
El riesgo que enfrenta la economía es que el gobierno siga las indicaciones del FMI de incrementar impuestos y realizar recortes presupuestales para alcanzar el equilibrio fiscal, pues ello contraerá más la economía y no mejorará las finanzas públicas, ni privadas.
El Banco de Desarrollo de los BRICS no pone condiciones a los créditos que otorga a los países miembros. Respeta las políticas económicas soberanas de los países. El gobierno mexicano debe exigir al FMI y a las calificadoras internacionales que no impongan condiciones a los créditos y a las evaluaciones que hacen a la economía. El gobierno debe ser evaluado por los nacionales, en torno al cumplimiento de los objetivos de desarrollo industrial y agrícola, de empleo bien remunerado y de mejor distribución del ingreso, y no continuar con políticas para ser bien vistos por el capital financiero.