Golpe judicial a las pensiones: La hora de los resilientes

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Perioditas Unidos. Ciudad de México. 16 de marzo de 2021.- L@s trabajador@s en retiro afilia@s al ISSSTE, así como quienes aún estamos en activo continuamos siendo despojad@s de los derechos que hemos adquirido. A partir del pasado 17 de febrero la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) nos sentenció a padecer una nueva reducción de nuestras perspectivas de pensión o jubilación. A pesar de que el artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE establece un tope máximo de 10 salarios mínimos, el fallo del máximo tribunal determinó que sólo podemos aspirar a obtener una pensión de 10 UMA (Unidad de Medida y Actualización).

Esta resolución judicial corresponde a una controversia constitucional, por lo que todos los juzgados de distrito y tribunales colegiados tendrán obligación de resolver en contra de l@s trabajador@s que tienen procesos judiciales en curso reclamando que su pensión jubilatoria se determine con base en el salario mínimo.

L@s trabajador@s que antes de esta sentencia ya habían ganado un juicio se quedarán obteniendo el monto de las pensiones que ya consiguieron, pero sólo se incrementarán anualmente conforme a la UMA.

El fallo del poder judicial está provocando que los empleados del sector público (trabajador@s de la educación y de la salud principalmente) alcemos la voz para rechazar no solamente el tope de 10 UMA, sino también que los incrementos anuales a las pensiones se sigan dando con base en esta medida, pese a que la ley del ISSSTE establece que tales incrementos están indexados a los aumentos de los salarios mínimos. De 2016 a 2021 el UMA se ha incrementado menos de una cuarta parte de lo que ha aumentado el salario mínimo en el mismo periodo (22.69 % y 94% respectivamente)

La SCJN hizo una interpretación torcida de las leyes. Entre los argumentos que en diversos sectores hemos expuesto está el que nuestras pensiones son una prestación derivada de relaciones laborales y hemos estado haciendo las aportaciones correspondientes, en proporción a los montos de nuestros salarios.

Propuesta de aumentar el número de UMA: un dulce envenenado

Gustavo Leal, en un reciente artículo (https://www.jornada.com.mx/2021/02/20/opinion/017a2pol) nos alerta sobre las maniobras previstas por David Kaplan, “prototípico asesor de organismos internacionales –BID– quien, con las visiones tecnocráticas hacendarias mexicanas del periodo neoliberal”, opina que “las pensiones deben seguir calculándose en UMA: regresar a la indexación con el salario mínimo limitaría la recuperación de este referente en el futuro”. Y propone que “Si el Congreso quiere subir las pensiones …puede subirlas sin indexarlas al salario mínimo. Digamos, si hoy la pensión de alguien es cinco veces la UMA, el Congreso puede cambiar el parámetro a seis, siete o 100, lo que quiera”.

En lo inmediato –ante el temor de que no lográramos dejar sin efecto la reciente sentencia– ese ofrecimiento alternativo es un dulce envenenado, es parte de la estrategia neoliberal para una posible negociación: primero se dio el golpe el día 17 para que después nos conformemos pensando que “de lo perdido lo que aparezca” y hasta consideremos un triunfo la propuesta de aumentar el número de UMA, con lo cual abandonaríamos las protestas.

Oscurecer el hecho de que las pensiones son producto de las relaciones laborales sería el resultado de lo que David Kaplan y otros tecnócratas han estado concibiendo. Astutamente se trata de equipar a las pensiones con otro tipo de programas sociales como las becas y apoyos a los que distintos sectores tienen derecho, pero que no necesariamente tienen que proyectarse en salarios mínimos, como tampoco hay razón para que este parámetro se tome como referente para el costo de las multas, los servicios etc.

Sólo viendo más a futuro se puede reparar en cuáles serían las consecuencias de ese plan, en caso de que se consolidara. Pero para descubrirlo, basta con que nos preguntemos ¿cuál es la intención neoliberal de tasar las pensiones en UMA, si por este concepto las erogaciones presupuestales del erario pudieran ser –según sus impulsores– iguales o hasta superiores a como serían si se indexan al salario mínimo? ¿podemos pensar que quienes así lo proponen ya no están movidos por el interés que siempre han exhibido en que disminuyan tales erogaciones y ahora lo que quieren es que aumenten los montos pensionarios?

De acuerdo con la opinión de diversos especialistas en la materia, la sentencia del máximo tribunal sólo puede quedar sin efecto mediante una reforma constitucional para que sea incontrovertible la obligación institucional de cumplir con los derechos pensionarios que ahora están pretendiendo revertir. Es evidente que para que esta reforma se produzca con la celeridad que amerita la situación, es fundamental que los legisladores reciban del poder ejecutivo una iniciativa preferente.

El presidente López Obrador declaró, en la conferencia matutina del 5 de noviembre de 2019, que analizaba modificaciones para que las pensiones se pagaran en salarios mínimos y no en UMA: “lo estamos revisando … Estoy al tanto de la resolución de la SCJN sobre la UMA. Solicité un análisis sobre cuánto costaría al gobierno (para IMSS-ISSSTE) … el regreso a que el parámetro sea el aumento del salario mínimo”. (Se refería a una resolución judicial anterior).

Sin embargo, no ha dado a conocer el resultado de tal análisis y no hay duda de que la sentencia judicial no corresponde a discernimientos jurídicos y de justicia social, sino que obedeció a determinados criterios políticos y económicos, ajenos a la “economía moral” a la cual suele referirse el presidente y no sabemos cuál es o será exactamente la posición de éste al respecto.

No hay duda de que el costo de pagar las pensiones indexadas a salarios mínimos (en cuanto al tope máximo y en cuanto a sus incrementos anuales) sería sustancialmente mayor que si se hace con base en UMA, pero han existido y existen los recursos financieros para ello y para mucho más.

NO NOS PELEAREMOS ENTRE NOSOTR@S POR LAS MIGAJAS

Recursos sí hay y muchos, pero se han estado destinando a los especuladores beneficiados por el Fobaproa, el rescate carretero y otras formas de la deuda pública en detrimento del pago de la deuda social que el Estado mexicano tiene con l@s trabajador@s y con los sectores más vulnerables de la población, que requieren de programas sociales de apoyo directo y de mayor inversión en educación, salud y otros servicios.

La disyuntiva del gobierno no es –como tramposamente se quiere hacer creer– si destina los recursos a pagar las pensiones justas a l@s trabajador@s en retiro o si incrementa los salarios de algún sector de trabajadores en activo; o si los canaliza a los programas asistenciales.

Los voceros del poder económico y político dicen que “La cobija no alcanza para todos”, porque pretenden que quienes demandamos que no se degrade el derecho a las pensiones laborales nos confrontemos con l@s trabajador@s en activo que reclaman incrementos salariales y con l@s que pugnan por mayores beneficios a las ayudas asistenciales. Intentan que los sectores populares disputen entre sí un pedazo de “la cobija” que ha cubierto y sigue cubriendo a los especuladores. No caeremos en esa trampa, no combatiremos entre nosotr@s por la orillita de la cobija que quieren seguir apropiándose los grandes atracadores de los bienes de la nación.

Durante décadas los gobernantes han optado por pagarle a los acreedores-saqueadores los intereses de la deuda pública, en lugar de pagar la deuda social a la inmensa mayoría de los mexicanos. El problema no se originó en la actual administración y desde luego, no fue responsabilidad de éste haber contraído los compromisos impagables. “¡Deuda externa … deuda eterna!”, coreaban desde el siglo pasado las organizaciones sociales que protestaban por el pago de esos adeudos inmorales e ilegítimos.

Sin embargo, sí es responsabilidad de este gobierno seguir pagando los intereses de un débito que continúa creciendo constantemente. Sí es responsabilidad del Ejecutivo y del Legislativo actuar para impedir que el Judicial sea quien condene a l@s trabajador@s a no tener las retribuciones que nos corresponden. Tienen las facultades para hacerlo de inmediato y esa es nuestra exigencia.

CAMBIO VERDADERO PARA ENDEREZAR AL “ESTADO DE CHUECO”

Los principios constitucionales de no retroactividad, no reversibilidad y no renunciabilidad de los derechos de l@s trabajador@s expresan el carácter tutelar al que está obligado el Estado Mexicano hacia l@s trabajador@s, a través de sus instituciones y sus leyes en materia laboral. Permitir que en los hechos lo que impere sea la sentencia de la SCJN es un atentado al Estado de Derecho. Hoy reclamamos que el cambio verdadero que prometieron el presidente y la mayoría de los legisladores garantice el restablecimiento de los derechos que tenemos conculcados.

El cambio verdadero implicaría que –mediante decretos, iniciativas de ley preferentes y su aprobación– el presidente y los legisladores corrijan la práctica de imponer leyes regresivas que se aplican retroactivamente.  Pero sin una presión popular audaz, clara, firme y vigorosa, como la que ya se vislumbra, continuarán instrumentándose las políticas gubernamentales que merman nuestros ingresos y prestaciones. La progresividad de la mejoría de las condiciones de vida y de trabajo continuará siendo letra muerta y no será posible hacerla valer ante los embates de los grupos económicos y políticos dominantes, sin la exigencia de l@s trabajador@s

La comprensión sobre la injusta, ilegal e ilegítima reducción de las pensiones derivadas de las relaciones de trabajo es fundamental y ya se ha empezado a manifestar en diversas organizaciones sindicales, pero el rechazo poco organizado, mal conducido o puramente declarativo no logrará impedir que la agresión se consolide. Es necesario que la inconformidad que se viene manifestando de forma creciente no se encauce en una dirección de pistas falsas que prolongue el camino de la lucha.

Es preciso actuar en el lugar adecuado y el momento oportuno, concentrando la presión en el presidente y los legisladores, que son los únicos que formalmente tienen las facultades, la responsabilidad y los instrumentos legales (enviar la iniciativa presidencial de reforma preferente y votarla en el legislativo) para anular los topes a las pensiones, sus incrementos anuales indexados a la UMA y todas las regresiones que impusieron los gobiernos anteriores. Se han estado presentando propuestas de acciones en instancias que son improcedentes para lograr nuestros propósitos por lo que tenemos que profundizar en la comprensión y difusión de la problemática y del qué hacer.

El despojo, hace varias décadas, de las jubilaciones dinámicas es un ejemplo del tamaño de los derechos adquiridos que nos han conculcado.

¿QUÉ SABEN LOS MAGNATES DE LOS “DESECHABLES” TRABAJADORES EN RETIRO?

A los grandes millonarios y a la SCJN les pareció excesivo que los muy poc@s trabajador@s en activo que ganan 10 salarios mínimos o más, pudieran percibir al momento de su jubilación hasta 10 salarios mínimos y consideran que (aun quienes ocupan puestos de alta responsabilidad o de conocimientos muy especializados) por ser simples emplead@s, deben percibir a lo sumo 10 UMA, es decir, un poco menos de 27 mil pesos mensuales.

Desde luego esta cantidad es muy superior a la que ganan la inmensa mayoría de l@s trabajador@s mexican@s, lo cual no significa que a l@s primer@s sí les alcance y les sobre para hacer frente a los gastos que much@s deben solventar. ¿Acaso los magnates tendrán interés o conocimiento de la situación de l@s pensionad@s actuales y de l@s que se proyecta que se pensionarán en los próximos años, respecto a cuestiones como las que a continuación enlisto:

• ¿Cuánt@s de ell@s continúan haciéndose cargo de la manutención propia y la de algún o algunos familiares, espos@, hij@s, niet@s, padre, madre, herman@s?
• ¿Cuánt@s carecen de una vivienda propia?
• ¿Cuánt@s pagan por estar en un asilo o casa de retiro?
• ¿Cuánto deben pagar si logran contar con la asistencia de un enfermero o una enfermera?
• ¿Cuántos deben pagar para tener aparatos especializados de ortopedia, audición, vista y medicamentos que no les proporcionan las clínicas institucionales?
• ¿Qué porcentaje de su pensión lo destinan a los gastos más indispensables como:
• La estancia o la vivienda que habitan (asistencia en casa de descanso o renta, electricidad, gas, otros servicios y reparaciones de desperfectos y otros asociados a la vivienda?
• Alimentación?
• Otros gastos de salud?
• Calzado y Vestido normales o especializado para su estado físico?
• Productos de higiene tanto para la limpieza personal y uso de pañales, como para la de sus espacios habitacionales?
• Transporte?
• Utensilios de trabajo doméstico y de otro tipo?

En cuanto a l@s trabajadores que se proyecta que se pensionarán en los próximos años:

• ¿Cuánt@s, después de haber trabajado durante décadas y haber aportado sus cuotas para tener el derecho a su jubilación no lo han ejercido porque esperaban que su salario se incrementara para así alcanzar una mejor pensión, pero ahora el tope impuesto por la SCJN ha hecho inútil haber prolongado sus años de servicio, porque sus pensiones serán inferiores a la que habrían obtenido si se hubieran retirado antes del 17 de febrero pasado?
• ¿Cuánto@s de l@s que ya tienen más de los años de servicio que requieren para jubilarse, no lo hacen porque sus pensiones serían inferiores a los salarios que reciben, por lo que no podrían solventar sus necesidades?

¡YA BASTA!

Cómo olvidar que hace 10 años, en el sexenio de Felipe Calderón, el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, declaró que: “Con ingresos de 6 mil pesos al mes, hay familias mexicanas que tienen el crédito para una vivienda, que tienen el crédito para un coche, que se dan el tiempo de mandar a sus hijos a una escuela privada y están pagando las colegiaturas”.

No es extraño que a los ministros y demás potentados –quienes para sí mismos nunca tienen llenadera, como dice el propio presidente– les parezca que 10 salarios mínimos es un ingreso exorbitante e innecesario “para esa clase de gente”, como suelen referirse a l@s trabajador@s y a nuestras familias. Por eso, a quienes estaban cubriendo los requisitos para alcanzar el derecho a retirarse con una pensión de ese tamaño, les redujeron más de un tercio esa expectativa.

La sentencia del pasado día 17, con la que SCJN agravia aún más a l@s trabajador@s afiliad@s al ISSSTE, está propiciando alarma también en otros sectores que saben que esta resolución judicial es tan solo una de las partes del programa de agresiones contra el conjunto de l@s trabajador@s, el cual se ha venido administrando, primero contra unos sectores y luego contra otros; unas veces afectando directamente a l@s afiliados al ISSSTE y otras afectando a l@s del IMSS, para así obstaculizar la unidad de l@s afectad@s.

Siguiendo con la estrategia de “divide y vencerás” a quienes tenemos derecho a una pensión, David Kaplan, dice que “la ruta más sana: es simplemente cambiar las leyes de los distintos regímenes de pensiones” (El Economista, 27/1/20).

Además, en el interior de una misma empresa o institución también se han administrado los golpes, distribuyendo de forma diferenciada las pérdidas de los derechos laborales. A pesar de que subsisten los contratos colectivos de trabajo (CCT) y las condiciones generales de trabajo (CGT), cada vez los contratos son menos colectivos y menos generales, porque los derechos y las condiciones laborales de quienes han ingresado a un mismo centro de trabajo y a un mismo sindicato antes de cada reforma laboral regresiva son inferiores a las condiciones y los derechos de quienes ya estaban laborando.

Quienes ya tenían contrato en el momento de la reforma al menos lograron –mediante actos de resistencia y “negociación”– que no se cancelaran totalmente algunos de sus derechos, pero su fuerza no fue suficiente para lograr que esos derechos también los tuvieran l@s que se fueran integrando. Así se ha dificultado la identidad de las problemáticas y la simultaneidad de las resistencias ante nuevos embates patronales.

En esta ocasión, se está difundiendo mañosamente la idea de que el fallo judicial del 17 de febrero no afectará a tod@s los trabajador@s, sino únicamente a l@s que ganen el equivalente a 6.5 veces el salario mínimo o más, pero que a l@s que ganen menos “no les toca” y que tampoco tienen de qué preocuparse l@s que entraron a trabajar al servicio público después de la reforma a la Ley del ISSSTE, pero ahora hay más conciencia de que eso es mentira y que también a ell@s les tocará, si no se logra revertir el golpe.

Durante muchos años se ha estirado tanto la liga, que está a punto de romperse, con la reciente sentencia de la SCJN. L@s profesor@s de la CNTE se están movilizando con energía y sin duda su experiencia de lucha les pone en la vanguardia. Por su parte también algun@s trabajador@s universitari@s y de la salud han empezado a emitir pronunciamientos y a organizarse para evitar ser víctimas de este fallo, incluso los sindicatos que no se caracterizan por su vida democrática han visto presionados a manifestar su desacuerdo con la SCJN. ¡Enhorabuena!