¿Guaruras para el guardián electoral?

Foto: Cuartoscuro

Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 26 de junio de 2020.- Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que el Instituto Nacional Electoral “es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo”, pese a lo cual —agregó— nunca garantizó comicios libres y sugirió que sus funcionarios se hacían de la vista gorda si se rebasaban los topes de campaña o cuando, como lo hizo Odebrecht, corría el dinero ilegal en las campañas.

Ante eso, el mandatario anunció que vigilará los comicios y mandará a la cárcel a quienes realicen fraudes electorales. Con una extraña sintaxis, advirtió: “Nosotros no nos vamos a meter… (pero) es muy importante el que sí quede claro que vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral, me voy a convertir en guardián para que se respete la voluntad de los ciudadanos”.

Pues sí, el INE es un monstruo burocrático al que dejaron crecer durante cuatro sexenios, incluso cuando sólo se encargaba de las elecciones federales cada tres años, pese a lo cual los muchos miles de funcionarios y empleados seguían cobrando. Partidos y candidatos recibían y reciben auténticas fortunas de manera legal, pero el IFE, ahora INE, pese a sus proporciones paquidérmicas, resultó incapaz de contener el movimiento de dinero sucio, el proveniente del narco y, sobre todo, el que ilegalmente fluía desde los gobiernos federal y estatales para favorecer al PRI.

De ese dinero ilegal salía el pago para mapaches, cochupos, campañas negras en medios de comunicación, compra de votos, carruseles, sobornos, falsificación de actas, embarazo de urnas y toda clase de actividades para garantizar el triunfo del PRI y cerrarle el paso a la izquierda o todo candidato incómodo.

En efecto, el IFE-INE ha resultado ciego y sordo, incapaz de impedir los fraudes y la circulación en gran escala del dinero ilegal. Ha sido tan omiso que en 2006 hasta el candidato beneficiado por el fraude no pudo ocultar su sorpresa ante el resultado oficial, ante lo cual comentó cínicamente: “Haiga sido como haiga sido…”.

Por todo eso —suponemos— el Ejecutivo anunció que será “guardián” de la elección de 2021. Por supuesto, el papel del gobierno federal es garantizar que los comicios transcurran en orden y con garantías de seguridad para que los ciudadanos puedan emitir libremente su voto. Y hasta ahí. El resto corresponde al INE y los cientos de miles de funcionarios de casilla, en tanto que las irregularidades y todo lo que dé motivo de inconformidad deberá resolverlo el Tribunal Electoral.

Sin embargo, el guardián necesita de guaruras o achichincles. De ahí las irregularidades en el proceso para seleccionar a quienes ocuparán los cuatro lugares vacantes en el consejo del INE, para lo cual se formó un Comité Técnico con relevantes figuras de la academia, una reportera y a un fanático seguidor de AMLO, John Ackerman, quien, por supuesto, es el que parte el queso en todo este proceso.

Ackerman, conocido como el Sheriff de la 4T, resolvió eliminar a los candidatos que piensan con cabeza propia, pues la autonomía intelectual, técnica o política representa un riesgo inaceptable para todo poder unipersonal. Eso explica que se haya marginado de manera arbitraria y soez a Jorge Alcocer Villanueva, el más calificado de los candidatos, quien, justificadamente, se inconformó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde demandó que se informara sobre las razones que se tuvieron en cada caso individual para que unos pasaran a la siguiente ronda y se eliminara a los “peligrosos”.

El Tribunal resolvió que la comisión diera a conocer lo solicitado “a la brevedad”, con el fin de cumplir con la obligación de dar “máxima transparencia” a los asuntos electorales, pero sucedió lo contrario, pues la información desapareció de la portada (front desk) del portal de internet de la Cámara de Diputados, lo cual dificulta y hasta imposibilita su consulta.

Como es obvio, se trata de un desacato a la resolución judicial, de ahí que la Sala Superior del Tribunal ordenara el martes que, en un plazo de tres días, y ya no “a la brevedad”, informe el comité de marras sobre lo ordenado, algo que conoceremos hoy o, a más tardar, mañana. En suma, se trata de impedir un regreso a los viejos tiempos del presidencialismo omnipotente y omnipresente. Ya veremos.