Por Eduardo Ibarra Aguirre
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 13 de noviembre de 2025.- Para realizar una simple tomografía, técnicamente llamada estudio de radiodiagnóstico, en el Hospital General de Zona No. 27, de la Delegación Norte del Distrito Federal —entidad federativa ya inexistente, lo cual evidencia el desfase del “machote”—, es indispensable firmar una hoja con el nombre de “consentimiento informado”. Bajo el título “Declaro en calidad de paciente”, el documento establece, entre otros puntos: “1. Contar con información suficiente sobre los riesgos y beneficios de los procedimientos que conlleva mi tratamiento”; lo cual no se corresponde con la experiencia recabada en cuatro ejercicios del mismo tipo en tres hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), incluido el Centro Médico Nacional La Raza y el HGZ 29, donde nunca firmé una declaración semejante o siquiera parecida.
Cierto es que en el ámbito de la iniciativa privada en materia de salud es una práctica extendida, de acuerdo con el testimonio del doctor Alexis Ibarra Martínez, docente de la UNAM, quien abandonó el hospital 16 días después de internado. Pero no queda claro qué tanto se apega a la legislación vigente para las instituciones públicas de salud, y en todo caso, es menester brindar información suficiente al paciente, salvo que se trate de una más de las prácticas de tramitología burocrática tan comunes en el Seguro Social.
En la cláusula número 2, de un total de 10, se lee: “Que existe la posibilidad de complicaciones desde leves hasta severas, pudiendo causar secuelas permanentes e incluso el fallecimiento”, lo cual, a mi juicio, constituye el núcleo del consentimiento informado.
Resulta inevitable recordar el caso de Angélica Méndez Zamora, psicóloga y educadora en Tlalnepantla, Estado de México, quien el 19 de mayo de 2010 acudió a una clínica del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), en Satélite (Naucalpan). La médica de turno le recetó un broncodilatador, le negó la incapacidad laboral y falleció seis horas después de un paro cardiorrespiratorio en el Hospital Rubén Leñero.
En otra parte del documento, la cláusula “8” señala: “He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un lenguaje claro y sencillo, y el médico que me ha atendido me ha permitido realizar todas las observaciones y me han aclarado las dudas al respecto.” Sencillamente no hubo explicación alguna, y el “lenguaje claro y sencillo” no es abundante entre los trabajadores de la salud con los que interactúo cotidianamente desde hace más de un año. Una de las excepciones es la médica Pilar Caballero Martínez, de la Unidad de Medicina Familiar 02.
Bien decía el difunto colega y maestro Miguel Ángel Granados Chapa —el Francisco Zarco del siglo pasado, según su biógrafo Humberto Musacchio—: “Los abogados encarcelan sus errores, los médicos los entierran y los periodistas los publicamos.”
Así es, pero todavía son pocos los trabajadores de la comunicación que asumen sus yerros informativos o de opinión, como es ordinario en Utopía. Y, en todo caso, ¿para qué hacer firmar a los pacientes como condición para brindarles un servicio médico al que no pueden renunciar por múltiples razones, sobre todo económicas? Salvo su mejor opinión, es una suerte de abuso burocrático, aunque los respetables trabajadores de la salud —de quienes abundan los motivos para reconocer y agradecer su labor— también son víctimas de malos tratos, demandas judiciales injustificadas y agresiones físicas, todas ellas inaceptables.
Acuse de recibo
Humberto Musacchio López escribe en Periodistas Unidos: “Terribles momentos los que le han tocado a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, al llegar a su actual cargo, encontró las arcas vacías, todas las obras del sexenio anterior sin terminar, una deuda pública que ya anda arañando los 20 billones de pesos, una economía hundida en algo menos que la mediocridad, 54% de la población económicamente activa en la informalidad, inseguridad en toda la República, presiones de todo tipo provenientes de Estados Unidos, pobreza y mil problemas más. (…) El principal responsable de la situación del país es Andrés Manuel López Obrador, quien renunció a la aplicación de la ley y, en lugar de eso, ofreció abrazos a los criminales”… Seguramente el 80% de la ciudadanía que ahora respalda la gestión de AMLO es masoquista o tonta, no tiene la sapiencia del enciclopedista. Dice el clásico de Tepetitán (Macuspana): tonto es el que piensa que el pueblo es tonto… De “La Catrina Norteña (@catrina_nortena)”: “Hasta @FoxNews humilla a Trump y a los republicanos. Muestra cómo más del 70% de los estadounidenses dicen que ahora el mandado/comida les sale más caro y el 59% culpa a Trump. El tiempo le vuelve a dar la razón a nuestra PresidentA @Claudiashein que dijo que el costo de los aranceles lo pagarían los propios estadounidenses.” Enlace a las utopías de Eduardo Ibarra Aguirre: https://indicepolitico.com/category/eduardo-ibarra-aguirre/